Para los gobiernos resulta cada vez más complejo enfrentar las crisis sociales que derivan de sus propias políticas económicas que responden a intereses privados y no a los intereses colectivos y aún mucho menos, a los intereses de las personas socialmente excluidas por su condición de pobreza, nacionalidad, origen étnico, creencia religiosa, pertenencia a un grupo social o político, como es el caso de las personas migrantes o sujetas de protección internacional.

La crisis de asilo en Europa es un claro ejemplo, se ha mantenido en medios nacionales e internacionales no por ser un tema nuevo, sino por las historias y testimonios que hoy en día las acompañan y por la fuerza de las redes sociales. Esta crisis ha puesto de cabeza a las principales potencias de Europa, se han visto paralizados moral y políticamente, hace pocos días algunos países como Alemania, Francia y Suecia, entre otros, han comenzado a asumir sus compromisos internacionales y ya están recibiendo a solicitantes de asilo, en especifico de Siria.

Ante esta crisis México no se ha pronunciado claramente, nuestro país tiene compromisos internacionales que cumplir en materia de protección internacional,  no se trata de valorar qué se quiere hacer, sino qué hacer en función de los compromisos adquiridos, iniciando por pronunciarse con respecto a la crisis de personas refugiadas originarias de países como Siria.

Es imposible que nuestro gobierno quiera sortear esta situación exaltando los antiguos reconocimientos de “país con tradición de asilo y hospitalario”, estos reconocimientos no son permanentes, ni se usan a modo,  deben ser ratificados cada momento y hoy es uno de ellos.

Para México es obligación mostrar mayor liderazgo e influenciar a otras naciones de la región para brindar ayuda y facilitar el acceso de las personas refugiadas a nuestro país. Fuimos reconocidos por nuestra tradición de asilo y protección al acoger a miles de  personas refugiadas que escapaban de las dictaduras militares que se vivieron en países como Argentina, Chile, Bolivia y Uruguay en la década de los setenta y después ayudando a naciones centroamericanas debido a conflictos y violencia generalizada, tiene la obligación de refrendar esta solidaridad tomando en cuenta su experiencia en la atención de flujos de personas refugiadas.

Sin duda la crisis humanitaria que viven los solicitantes de asilo, refugiados y sus familias en el mundo, llaman a que los países se replanteen si la política de protección internacional es funcional o requiere replanteamientos. En las  Américas celebramos el año pasado el 30 aniversario de la Declaración de Cartagena, celebración que tuvo poco eco internacional y nacional, con un balance final desde sociedad civil de inobservancia en su aplicación por parte de los gobiernos, siendo que es un instrumento de avanzada, una buena práctica a compartir con el mundo.

Nancy Pérez / Sin Fronteras

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Licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Dr. José María Luís Mora. Su área de especialidad es migración internacional. Actualmente cursa el doctorado en Economía Internacional en la UNAM. Desde 2011 es directora general de Sin Fronteras I.A.P. Es Consejera Honoraria de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, miembro del Consejo de Gobierno de Incide Social A.C. y desde 2012 es parte del Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

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