Del 25 de julio al 11 de agosto de 2024, la FGR (Fiscalía General de la República) emitió 35 boletines informativos sobre casos específicos de sentencias logradas a partir de investigaciones presentadas por la Fiscalía, extradiciones, detenidos y delitos, y uno solo sobre la detención de Ismael Zambada García, el Mayo, y Joaquín Guzmán López.

Para la mala fortuna de la certeza jurídica en la procuración de justicia y el combate al cártel de Sinaloa por parte de la instancia autónoma obligada a ello, ninguno de esos 35 despachos informativos, ni el dedicado al tema, versaron sobre las carpetas de investigación que, por delitos contra la salud, posesión de armas, lavado de dinero, homicidios dolosos u otro del que se encuentre señalado el narcotraficante Zambada García, y el también señalado traficante de fentanilo, Guzmán López.

De hecho, la FGR -tampoco la presidencia de la República-no celebró la captura de uno de los narcotraficantes más buscados, tanto en México como en los Estados Unidos, de los últimos años, lo cual es relevante considerando que antes de que se transformara en FGR, cuando aún era Procuraduría General de la República y estaba formalmente en la facultad de la presidencia (estatus que de manera extraoficial persiste), emitió en agosto de 2018, fichas de búsqueda contra señalados criminales, entre ellos, Ismael Zambada García.

En aquel año, cuando la República Mexicana aun la gobernaba el priísta Enrique Peña Nieto, la PGR emitió la ficha de búsqueda contra Ismael Zambada García y ofrecía 30 millones de pesos a quien proporcionara información que llevara a la captura del narcotraficante, a quien oficialmente buscaban por ser el líder del cártel de Sinaloa y estar acusado -así se reveló- de los delitos de “delincuencia organizada, contra la salud, acopio de armas y operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

Hoy día, sin embargo, se desconoce, porque el fiscal ausente Alejandro Gertz Manero ni se ha presentado para elaborar sobre el caso ni ha publicado una ficha informativa relativa a las acusaciones que la autoridad mexicana tiene (o tenía) contra Zambada García, si la recompensa de 30 millones de pesos estaba vigente al 25 de julio de 2024 cuando el sinaloense fue capturado en territorio estadounidense por autoridades de aquel país, sin la participación de funcionarios o agentes mexicanos, sino a través de la delación y entrega por parte de un civil, que se supone, también debería ser investigado por la FGR.

En agosto de 2018 ya operaba en México el sistema de justicia penal como lo conocemos hoy día, y esquema en el que justifican las autoridades del País para no proporcionar información sobre las acusaciones contra notorios criminales, como Zambada, Guzmán López, o el resto de los vástagos de Joaquín Guzmán Loera, que han sido harto señalados por las agencias de los Estados Unidos como los principales productores, distribuidores y vendedores de la droga fentanilo, y por lo cual pesan fichas de búsqueda sobre ellos, y decenas de empresas y personas en China, México y Estados Unidos, han sido añadidas a una lista negra de individuos y empresas que operan en rango de fachada o como cómplices en la empresa criminal.

Es decir, si en 2018 sabíamos los mexicanos, porque así lo hizo del conocimiento público, que al Mayo lo acusaban por delitos contra la salud, delincuencia organizada, acopio de armas y operaciones con recursos de procedencia ilícita, hoy día se desconoce si esas investigaciones continúan activas, y si otras se han sumado a partir de 2019 cuando se creó la FGR.

Lo conducente  hubiese sido que, a la captura de Zambada García, el fiscal general de la República dirigiese un mensaje a los mexicanos para informar sobre las acusaciones que pesan contra el narcotraficante, y aclarar que, como es su responsabilidad, solicitaría la extradición del capo para ser juzgado en México por los delitos aquí cometidos, y dar certeza de justicia no solo a las víctimas del depuesto líder del cártel de Sinaloa, sino también a los mexicanos todos cuya seguridad y tranquilidad se vulnera todos los días ante el ilícito actuar de las organizaciones criminales y los cárteles de la droga.

Pero no, del 25 de julio al 11 de agosto de 2024, no hubo un solo posicionamiento ni de la FGR ni de su titular el fiscal invisible Gertz Manero sobre las acusaciones contra los dos detenidos en Nuevo México. Ese último día, el 11 de agosto, la Fiscalía publicó en su página electrónica un texto informativo, para justificar el inicio de investigaciones sobre la captura de Zambada García y Guzmán López en territorio norteamericano. Prácticamente a la FGR le importa más la forma de la aprehensión que el fondo de haber, finalmente, sacado de circulación a unos de los narcotraficantes más buscados.

Además, el posicionamiento tardío de la FGR llegó tres días después que el propio capo, Zambada García, o “el Señor Zambada” como lo refieren el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a través de su abogado, liberara una carta contando su versión sobre su detención.

Es decir, que el boletín de la FGR no fue para complementar información y revelación de acusaciones inmediatamente posterior a la captura el 25 de julio, sino una argumentación sobre la investigación de las formas de la captura, justo después que el Mayo contara “su verdad”, de la cual destacan varios puntos:

Primero, que él y otros señalados criminales son protegidos por fuerzas armadas y del estado, que su liderazgo criminal es utilizado también para mediar en discordias de corte político-gubernamental, que fue secuestrado por Joaquín Guzmán López y sus secuaces para ser entregado en los Estados Unidos, que lo unía una amistad hacia el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y que él estaba en la reunión a la cual lo habían convocado junto con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Que, en el avión, solo iban tres personas, él, contra su voluntad, Joaquín Guzmán López quien se entregó y lo entregó a él, y el piloto que llevaba el avión en el que fue trasladado.

De acuerdo al boletín de la FGR, son esos hechos los que se están investigando, y no los delitos contra la salud y otros del código penal federal que cometió Zambada García y, probablemente (no sabemos si lo investigan) Guzmán López. De hecho, derivado de la publicación de la carta del Mayo, la FGR solicitó la atracción de la investigación sobre el asesinato del ex Rector Héctor Melesio Cuen que, de acuerdo a la fiscalía sinaloense y a lo informado por el gobernador, había sucedido por “un robo” en una gasolinera, pero el Mayo refiere que no, que fue asesinado el mismo día y en el mismo lugar dónde él fue secuestrado.

El boletín de la FGR, el único posicionamiento desde el 25 de julio, tampoco refiere investigación alguna sobre los agentes, policías, comandantes o elementos que prestaban custodia personal tanto a Zambada García como a Guzmán López, y del gobernador Rocha, solo atina a evidenciar con el tacto de la narrativa, del trato preferencial que se le concede a pesar del señalamiento del narcotraficante: “Por lo que toca al Gobernador de Sinaloa, la representación de la FGR en ese Estado ya se ha comunicado con él, para obtener toda la información respectiva que sea procedente”.

De todo esto, de las revelaciones realizadas por el capo del cártel de Sinaloa en la carta compartida a través de su abogado, la FGR, informa en su boletín del 11 de agosto de 2024, la apertura de una carpeta de investigación por los “posibles delitos de vuelo ilícito; uso ilícito de instalaciones aéreas; violación a la legislación migratoria y aduanera; secuestro; traición a la patria (artículo 123 del Código Penal Federal); y lo que resulte. A todo lo cual se están agregando otros delitos como lo son homicidio, privación ilegal de la libertad, y las coparticipaciones que se deriven”.

Prácticamente que la materia de investigación no son todos los delitos que durante casi 50 años de impunidad cometió Zambada García y el cártel de Sinaloa y por los que la PGR ofrecía 30 millones de pesos en recompensa, sino lo importante para la FGR, es la forma en que fue “secuestrado” por el hijo del Chapo, y entregado a las autoridades de los Estados Unidos. Porque de todas las formas inscritas en el Código Penal para considerar traición a la patria, solo la inscrita en la fracción II, tercer párrafo,podría considerarse en el presente caso: “Se considerará (traición a la patria) en el supuesto previsto en el primer párrafo de esta fracción, al que prive ilegalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional para entregarla a las autoridades de otro país o trasladarla fuera de México con tal propósito;”.

Es decir, que, del delito de traición a la patria, entendiendo que se trata de la captura de Zambada y Guzmán, a raíz de “la verdad” del primero, sería acusado el hijo de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, quien, de acuerdo a la carta del cofundador del cártel de Sinaloa, lo secuestro y lo llevó a otro país para entregarlo a las autoridades de los Estados Unidos.

Ahora sí que, a México, en la FGR y por las declaraciones y explicaciones otorgadas y solicitadas por el presidente de la República, lo relevante no es que finalmente haya terminado la impunidad del narco más notorio y buscado del Siglo pasado y del presente, sino que su captura, fue producto de una traición que deben investigar y sancionar.

Ahora sí que la traición es a la procuración de justicia, a las víctimas en más de 50 años de ejercicio criminal del cártel de Sinaloa, y a la seguridad de los mexicanos, cuando el gobierno promueve investigaciones para sancionar la forma de una captura, en lugar de celebrar la aprehensión y solicitar la orden de extradición para juzgarlos por los delitos cometidos en territorio nacional, y acabar, de manera ejemplar, con la impunidad.

Adela Navarro Bello

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