Para el colectivo de organizaciones civiles, la “programitis” de los gobiernos estatales sólo ha agudizado las prácticas clientelares y discrecionales mediante las cuales operan los programas que buscan combatir la pobreza. Aunado a ello, su dispersión y multiplicación, ha logrado disminuir la efectividad del gasto público, lo que es alarmante un contexto de recortes presupuestales.
Ciudad de México,14 de julio (SinEmbargo).- En los últimos dos años los programas y acciones enfocadas al desarrollo social en México se incrementaron de 5 mil 900 a más de 6 mil 700; sin embargo, este aumento no ha repercutido en la mejora de las condiciones de la población beneficiaria porque sólo sirven de “clientelismo político y aumentan la burocracia”, denunció Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
Esta dispersión programática o “programitis”, dice la organización, crea cada vez más programas aislados, desarticulados y con coberturas mínimas.
“Una de las medidas solicitadas es terminar con la dispersión de programas o ‘programitis’ que impera en estas entidades, que genera proliferación de programas sociales, sin estrategia, con graves problemas de transparencia, que se prestan a la opacidad, la discrecionalidad y el clientelismo, que incrementan la burocracia y los gastos operativos y que en muchos casos carecen de herramientas de diagnóstico, evaluación y monitoreo”, expuso la organización en un comunicado.
Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador del colectivo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, comentó que el primer problema de la multiplicación de los programas es que ni siquiera es posible conocer los resultados que estos pudieran tener, ya que siete de cada 10 no rinden cuentas sobre su presupuesto original, no tienen un documento normativo, ni presentan información a la Cuenta Pública de sus estados.
De acuerdo con sus estimaciones, estos programas estarían absorbiendo entre 200 y 300 mil millones de pesos.
“Esto es grave dentro de un contexto de recorte presupuestal. Este uso del dinero afecta mucho la calidad del gasto, porque es gasto ineficiente, opaco y marcado por el clientelismo.
“Lamentablemente la soberanía estatal se ejerce así, inventando programas, gastos, pero eso no ayuda en nada, sólo genera una situación compleja y grave que quita recursos para lo que es importante como la cobertura de salud, educación y protección social de los hogares más pobres”, comentó en entrevista con SinEmbargo.
De acuerdo con el inventario nacional de programas y acciones de desarrollo social más reciente que elabora el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en México existen 6 mil 751 en los tres órdenes de gobierno.
El número de programas de las entidades federativas pasó de 2 mil 391 en 2010 a 2 mil 849 en 2011, para llegar a 3 mil 788 en 2012, lo que representa un incremento de 58 por ciento en dos años.
En las entidades federativas predominan los programas relacionados con la educación, [mil 109], bienestar económico [943] y de salud [654].
De acuerdo con Acción Ciudadana, la falta de transparencia y acceso a la información más básica en los programas y acciones estatales es enorme.
Para el 84 por ciento de los programas y acciones de los gobiernos estatales no hay información de presupuesto original; el 75 por ciento de los programas carece de documentos normativos y el 77 por ciento no reporta en la cuenta pública de su entidad.
De los 3 mil 788 programas y acciones incluidas en el inventario estatal 2012, la última información disponible por el Coneval, únicamente 596 cuentan con información sobre su presupuesto original, 16 por ciento del total. Para 8 de cada 10 programas y acciones ejecutadas por los gobiernos estatales se carece de información presupuestal.
Solo 875 de los programas estatales están reportados en la cuenta pública del Gobierno del estado. Esto es el 23 por ciento del total, además uno de cada cuatro programas operados por los gobiernos estatales reportan sus resultados y su ejercicio presupuestal en la cuenta pública. Esta situación implica que tres de cada cuatro programas estatales no sean auditables por los órganos superiores de fiscalización.
Acción Ciudadana, que agrupa a varias organizaciones, ha insistido en la creación de un Padrón Único de Beneficiarios, para que sea la única vía de acceso a los programas y que los gobiernos tomen la información de esa base de datos, así se rompería la dinámica del clientelismo y la discrecionalidad, “pero lamentablemente parece no haber voluntad. Ahora en la discusión del Presupuesto [2017] se abordará la política para atender la pobreza. Los programas no pueden dejarse a la voluntad de los gobernantes”, sostuvo Gómez Hermosillo.
CHIAPAS Y VERACRUZ CON MÁS OPACIDAD
Chiapas es el estado donde se registra el mayor número de programas estatales que no son audibles con 253 y de ellos, sólo 35 tienen un documento normativo, reportó información de presupuesto original en el inventario del Coneval 2012.
Respecto a que sea Chiapas la región con más opacidad en sus programas sociales, Rogelio Gómez Hermosillo dijo que obedece a una idea de que si ahí hay más pobreza es bueno que haya más programas sociales, aunque lo en verdad se requieren son políticas que funcionen, que den resultados y que lleguen a toda la población; que no se dispersen en pequeños programas que sólo generan clientela y que no rinden cuentas.
“En Chiapas, el 90 por ciento de los programas no tienen documentos normativos, reglas de operación, reglamentos ni nada. Muchos impiden una buena cobertura, generan burocracia y gasto administrativo”, agregó.
En segundo lugar se ubica Veracruz, de los 241 programas reportados únicamente 25, es decir 1 de cada 10, presenta información de presupuesto original, solo 44 cuentan con un documento normativo y únicamente 75 reportan su información en la cuenta pública del gobierno del estado. Siete de cada 10 programas estatales de Veracruz no reportan información en la cuenta pública.
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza plantea a los gobiernos mayor institucionalidad y capacidad técnica para lograr resultados frente a la pobreza.
“Una de las medidas sugeridas es la construcción de un registro de población, que funcione como ‘padrón único’, y sea la vía obligatoria de acceso a los subsidios y apoyos del estado, de acuerdo a las características socioeconómicas y demográficas de cada hogar y sus integrantes”, propuso la organización.
–Con información de Daniela Barragán
