La televisión abierta en nuestro país sigue viva, muy viva. Es cierto, no es tampoco el medio poderoso que conocimos hace 10 o 20 años, pero sigue siendo influyente cultural y políticamente en decenas de ciudades en el país e incide aún en la agenda nacional.

Recuérdese que la mitad de los hogares en México tiene acceso a la televisión de paga y sólo un tercio al servicio de internet. En los demás, la televisión abierta es en ocasiones la única fuente de información y entretenimiento. También, entre los canales de mayor audiencia en los sistemas de televisión de paga se encuentran, justo, los canales de televisión abierta.

La televisión abierta no deja de ser, además, un “buen negocio”, pese a los números poco alentadores en los últimos reportes financieros de Televisa y Televisión Azteca, analizados por Daniela Barragán en SinEmbargo (8 de julio 2015). Los ingresos que todavía obtiene por venta de espacios para la publicidad comercial y la gubernamental no son nada despreciables: más de 21 mil millones de pesos anuales.

Por lo anterior, es importante seguir muy de cerca la asignación y licitación de canales de televisión que pondrá en marcha en los próximos meses el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

El órgano regulador de las telecomunicaciones informó que serán 123 canales los que pondrá a disposición del mercado, que quedaron disponibles en la pasada licitación de las dos cadenas de televisión. Como se recordará, una de las cadenas de televisión la ganó Cadena 3, que dirige Olegario Vázquez Aldir, y la otra quedó desierta, al no pagar Grupo Radio Centro, de la familia Aguirre, la contraprestación prometida.

A los 123 canales se sumarán otras frecuencias, incluso en las zonas urbanas más pobladas del país. Estos canales ya no se licitarán como cadenas nacionales, sino de manera individual o en paquetes regionales, lo cual podría aumentar el “apetito” en la nueva convocatoria.

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A primera vista, este anuncio es una buena noticia porque se abre nuevamente la puerta a la industria de la televisión abierta ante el mediano éxito de la pasada licitación de las dos cadenas de televisión, misma que no derivó en una mayor pluralidad y diversidad de contenidos, que fue uno de los objetivos de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones.

La conversión de Cadena 3 en una cadena nacional hizo inviable una apertura como la que muchos deseaban por los intereses económicos y políticos de los dueños de esta televisora, también propietarios del grupo radiofónico Imagen y del periódico Excélsior.

La oportunidad para que lleguen nuevos jugadores a la televisión, pequeños y medianos empresarios locales, al igual que nuevos anunciantes -los que nunca pudieron acceder a la televisión nacional por sus elevadas tarifas-, alienta las expectativas para que México tenga una industria más competitiva, pero para ello aún deberán superarse diversos obstáculos.

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¿Televisa, Televisión Azteca o Cadena 3 podrían participar en las próximas licitaciones? Todo indica que legalmente es posible, pese a que Televisa es una empresa preponderante en radiodifusión, sujeta a reglas y obligaciones en competencia económica. Y si Televisa puede, mucho más Televisión Azteca o Cadena 3, cuyos anunciantes y audiencias se llevan sólo la tercera parte del mercado de la televisión abierta. La pregunta es: ¿querrán participar?

Que las empresas con cadenas nacionales de televisión pudiesen ganar algunas frecuencias más no deja de ser desalentador para la anhelada democratización de los medios de comunicación y eso lo saben los comisionados del IFT. ¿Qué se podría hacer para garantizar, sin violar la ley, una apertura controlada que apueste a la pluralidad y competencia, en lugar de facilitar una mayor concentración de frecuencias en pocas manos? ¿no el Constituyente le dio atribuciones al órgano regulador para construir un sistema mediático y de telecomunicaciones más democrático?

Hay otro riesgo: puede darse el caso que los nuevos canales se conviertan en repetidoras de la oferta ya existente para abaratar los costos, lo que tampoco podría impedirse por la libertad de expresión y por lo tanto de programación que tendrían los concesionarios ganadores de la licitación. Parece un absurdo, pero es posible no obstante que la ley obliga a todos los interesados en las frecuencias a presentar proyectos de programación. Dichos proyectos forman parte de los requisitos, pero desafortunadamente no son determinantes para ganar una licitación ni tampoco hay un seguimiento sobre si cumplieron o no con las propuestas de contenidos.

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Por situaciones como las descritas, es que en países desarrollados y en algunos latinoamericanos la ley obliga a que los concesionarios de canales de televisión abierta contraten producción nacional independiente, porque es una manera de diversificar los contenidos, fomentar la pluralidad y estimular el desarrollo de una industria creativa nacional.

El productor nacional independiente de contenidos audiovisuales es definido como “persona física o moral de nacionalidad mexicana que produce obras audiovisuales a nivel nacional, regional o local, que no cuenta con una concesión de telecomunicaciones o radiodifusión, ni es controlado por un concesionario en virtud de su poder de mando”.

Sin embargo, cuando se dictaminaba la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión los legisladores del PRI, partidos satélite y los cabilderos de la industria no quisieron imponer obligaciones para la adquisición de producción nacional independiente, en detrimento de uno de los derechos de las audiencias a recibir contenidos “que reflejen el pluralismo ideológico, político, social y cultural y lingüístico de la nación”.

Modificar la ley en materia de producción nacional independiente es esencial para que la apertura de la televisión abierta sea algo más que dar la entrada a nuevos jugadores más interesados en hacer negocios y política, que en cumplir la función social que asumen como concesionarios de un bien de la nación. En programación destinada a la niñez la necesidad de crear contenidos de calidad a este público es urgente ante el pésimo diagnóstico de lo que ven y escuchan las niñas, niños y adolescentes en México, según el estudio revelado por el mismo IFT en febrero pasado y cuyos resultados pueden consultarse en su sitio web.

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La nueva apertura de la televisión, ha dicho el IFT, es no sólo para uso comercial, sino también para uso público (instituciones del Estado) y social (para comunidades y organizaciones de la sociedad). Sin embargo, como bien apunta la excomisionada de la Cofetel, Clara Luz Álvarez (Reforma, 8 de julio 2015), la prioridad del órgano regulador parece estar en la televisión comercial. Y se pregunta ¿por qué la pluralidad debe ceder a la competencia? ¿por qué es mejor para México la televisión comercial que la social o la realizada por los ciudadanos? ¿qué es prioridad en un modelo de televisión que no tuvo variables importantes con la pasada licitación?

Es cierto que como producto de la reforma de telecomunicaciones ahora contamos con un proyecto de televisión denominado Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, pero también es de carácter nacional. En televisión comercial y televisión pública lo que debe atenderse es el impulso de contenidos locales y regionales, ante el centralismo que prevalece en la producción televisiva y que no han resuelto satisfactoriamente muchos de los sistemas de televisión operados por los gobiernos estatales.

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El IFT informó que el proceso de licitación iniciará en el cuarto trimestre de 2015 y culminaría durante el primer semestre de 2016. Si bien nos va, la salida al aire de nuevos canales producto de este proceso ocurrirá en el 2017. La apertura de la televisión abierta llega tarde ante la nueva realidad tecnológica y el consumo cada vez más grande de contenidos en línea, por cable y por satélite en las grandes urbes (Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y otras), pero también puede ser, por qué no, un impulso para la diversificar la oferta y enriquecer la generación de contenidos en la era de internet y la convergencia multimediática.

La licitación, en síntesis, es un tema de política pública de las industrias audiovisuales que merece analizarse más detalladamente, sin detenernos demasiado tiempo en ello, para saber qué queremos hacer con nuestra aún influyente televisión.

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