La Suprema Corte aseguró que el objetivo de la regulación asimétrica de la venta de hidrocarburos, facultad de la CRE, es para evitar el regreso a un monopolio controlado por el Estado.
Ciudad de México, 14 de junio (SinEmbargo).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó el carácter de inconstitucional la eliminación de la facultad otorgada a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para regular asimétricamente las ventas de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.
La Segunda Sala de la Suprema Corte aprobó con tres votos a favor el dictamen que determina la inconstitucionalidad de la “Ley de Hidrocarburos”, aprobada en 2021. Las Ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf votaron en contra.
La instancia jurídica señaló que el objetivo principal de la regulación asimétrica de las ventas de primera mano, así como de la comercialización que realicen personas controladas por Petróleos Mexicanos (Pemex) o sus subsidiarias, es para generar un nuevo modelo en el que participen diversos competidores en la industria de hidrocarburos.
Dicha regulación, prosiguió la Corte, es para evitar que se regrese a un monopolio vertical en materia de hidrocarburos a cargo del Estado.
Para que haya un mercado de hidrocarburos eficiente y competitivo es necesario que la #CRE siga aplicando una regulación asimétrica a @Pemex: #SegundaSalaSCJN
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— Suprema Corte (@SCJN) June 14, 2023
Si bien el Congreso de la Unión cuenta con la independencia de atribuciones para legislar en materia de hidrocarburos, “la CRE es la única autoridad competente para regular todos los aspectos relacionados con la venta de primera mano de hidrocarburos y sus productos”, agregó.
La Ley de Hidrocarburos, aprobada en abril del 2021, generó polémica entre la oposición y expertos, quienes alertaron de un posible monopolio en Pemex que evitaría la libre competencia. Pero más allá de los intereses económicos, esta reforma también quedó a deber en el aspecto social, pues olvidó los derechos de los pueblos, así como una de las promesas del Presidente Andrés Manuel López Obrador: la prohibición del fracking, aseguraron más de 40 organizaciones que conforman la Alianza Mexicana contra el Fracking.
“En esta iniciativa de reforma que presentó el Ejecutivo y aprobaron los diputados se pierde una oportunidad de modificar aquellos artículos de la Ley de Hidrocarburos que se creó en 2014 y que han venido violando los derechos humanos de pueblos indígenas y campesinos”, dijo en entrevista Itzel Silva, abogada e investigadora en el programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de la organización Fundar.
Para la Alianza Mexicana contra el Fracking, esta reforma hubiera sido una oportunidad para transformar las promesas del gobierno en hechos, pero en cambio se presentó un proyecto que sólo velaba por la soberanía de Pemex y conservó en la Ley disposiciones establecidas en la Reforma Energética de Peña Nieto que promueven los intereses de las empresas petroleras nacionales y extranjeras por encima de los derechos de las poblaciones locales y comunidades afectadas por los proyectos.
“Pensamos que la reforma a la Ley de Hidrocarburos hubiera sido un momento idóneo para prohibir esta práctica, pero no fue así”, dijo en entrevista Aroa de la Fuente, integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking.
Las organizaciones de la Alianza hicieron un llamado al Senado, donde se discutirá en los próximos días, para armonizar esta legislación y respetar los derechos humanos, o en su caso abrir un debate amplio y representativo sobre el futuro del sector energético que incluya a los pueblos y comunidades.
— Con información de Guadalupe Fuentes López
