bviando la dirección, ciertamente por cuestiones de seguridad, el edificio de departamentos donde reside la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez es de los más seguros de Tijuana. De construcción moderna, hace apenas cinco años lo edificaron, es lo que llaman un edificio inteligente. Fue construido por uno de los desarrolladores inmobiliarios más prósperos e innovadores de la ciudad, que le ha apostado a la vivienda vertical.
Además, el edificio se ubica en una las zonas más tradicionales de la ciudad, podría decirse, por la seguridad, el desarrollo, el urbanismo y el crecimiento que tiene, que se trata de una zona dorada en Tijuana. Montserrat Caballero no vivía ahí cuando empezó la administración del ayuntamiento. Su casa se ubicaba en la costera zona de Playas en un residencial de casas de clase media, media alta. Dio el salto hacia la zona dorada, se supone, por cuestiones de seguridad, después de la detención de un vecino, que terminó siendo parte de la delincuencia organizada.

El condominio, de los catalogados de lujo que ocupa junto con su hijo, no es de su propiedad. Se los prestó uno de sus colaboradores cuando expresó su intención de cambiar de residencia a una zona más segura.

Con caseta de seguridad en la inmediación del edificio, muchos pisos de departamentos, tarjeta para utilizar el elevador, seguridad dentro de las instalaciones, no solo la propia, sino la del inmueble, agujas en el estacionamiento, caseta de seguridad, elevadores, guardias que vigilan y supervisan el acceso, resulta un tanto difícil que un operativo criminal se lleve a cabo ahí, aunque claro, ante la impunidad y la corrupción que impera en México, podría no ser imposible, difícil, peliculesco, pero no imposible.

De la zona donde se ubica el edificio de condominios al Ayuntamiento de Tijuana hay una distancia de 2.6 kilómetros que se completa en unos 9 minutos en un vehículo normal, sin los estrobos para pasarse semáforos que suelen traer los escoltas de la alcaldesa.

Por eso extraña que haya decidido cambiar de residencia a las instalaciones del 28 Batallón de Infantería de Tijuana, que se encuentran en una región conocida como Aguaje de la Tuna.

La distancia entre las instalaciones militares y el Ayuntamiento de Tijuana, es de 8.1 kilómetros, que, en condiciones normales, se atraviesa en unos 20 minutos. 11 minutos más de los que recorrería si mantuviera la residencia en su condominio. 11 minutos más para darle a quienes supuestamente la amenazaron, tiempo de idear un operativo criminal.

Los edificios del 28 Batallón de Infantería se encuentran además en una zona entre cerros para cuyo acceso se debe atravesar una serie de intrincadas calles en colonias de mediana seguridad. Algunas de las calles llegan a ser callejuelas con pavimento parcial, de subida, con marcadas curvas, una zona insegura, pues. De hecho, en los tiempos de la guerra contra el narcotráfico en el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa, hasta las puertas de esas instalaciones militares, criminales llegaron para tirar cuerpos de algunos que, sabían, eran fuentes de información del Ejército.

No tiene lógica, en términos de seguridad, el cambio de residencia de la alcaldesa, más allá de hacerse notoria ante las autoridades estatales y fiscales de Baja California, a las que ha señalado directamente en caso de que algo le suceda a su integridad física. Revela que ha recibido amenazas pero no puede explicarlas. Justifica las narcomantas que con su nombre han sido guindadas en alguna parte de la ciudad, pero la realidad es que ninguna llevaba una amenaza directa a la vida de la presidente municipal. Esgrime que no conoce el transcurso de la investigación sobre el atentado que sufrió uno de sus escoltas.

La realidad, es que, y esto lo sabe la alcaldesa y en la fiscalía, el día que atacaron a su escolta este iba solo. Era la avanzada hacia un lugar donde la presidente municipal acudiría más tarde; ella se encontraba en su residencia. Los criminales, que habían sido concentrados en un hotel con anterioridad, tenía una sola consigna: asesinar a Rosalba González Molina, la Puma, un mujer que había sido policía municipal pero que cayó en desgracia cuando fue detenida, en los tiempos de la guerra contra las drogas, señalada de colusión con los criminales, cargos que sus abogados tumbarían hasta hacer recuperar la libertad a su defendida. Pero no regresó a la corporación. Montserrat Caballero la trajo al ayuntamiento, y fuera de la secretaría de seguridad del municipio, le dio amparo para ser parte de su escolta. Ella era la encargada de la avanzada y solía viajar sola.

El día que mentes criminales ordenaron asesinarla, la Puma estaba de vacaciones. Por eso otro agente, varón, hizo de avanzada. Cuando los asesinos observaron la camioneta indicada, iniciaron el ataque, pero cuando se dieron cuenta que no era una mujer, sino un hombre quien manejaba, cesaron los disparos y huyeron del lugar. Por eso se salvó el escolta.

Un día después del atentado que dejó rozones en la integridad del escolta que iba de avanzada, delincuentes dejaron una narcomanta que decía: “Sra. Montserrat Caballero. Pregúntele a Rosalva González la Puma y a Fernando Zánchez (es el secretario de seguridad) Donde quedaron los desaparecidos, levantados, por las unidades del UTE bajo el mando del 03 ascorbe”.

Es evidente a la razón de las investigaciones en la FGE de Baja California y del participante testigo que aprehendieron durante las mismas, que el atentado no estaba fraguado contra la alcaldesa. Montserrat Caballero no ha recibido, a saber de las autoridades locales, una amenaza directa sobre su persona. Tampoco su secretario de seguridad, Fernando Sánchez. Ciertamente han colaborado en la aprehensión de algunos objetivos

La alcaldesa ahora también justifica que, para no tener un aparato numeroso de escoltas, se va a residir al Cuartel donde ciertamente más elementos la protegerán.

Y si de inseguridad se trata, ahí está la escena de horror del lunes 12 de junio cuando fueron descubiertos siete cuerpos, seis de ellos apilados y sobre los mismos llantas. Muy cercano un bidón de gasolina; pues la intención era quemarlos.

Desafortunadamente esa es una imagen no extraña para los bajacalifornianos y los tijuanenses. No hace mucho tiempo en Ensenada masacraron a diez personas, y antes en Tijuana, abandonaron cinco cuerpos en una camioneta.

La inseguridad y la violencia que azota a la ciudad, y al estado de hecho, son responsabilidad directa de quienes ocupan los cargos ejecutivos, de la alcaldesa de Tijuana, y de la gobernadora del Estado, sin embargo, la primera ha decidido refugiarse en un cuartel, cuando en todo caso y para salvaguardar a los ciudadanos de una violencia que no han podido siquiera controlar, ya no digamos combatir, se debería de acuartelar Tijuana.

O más bien, en su empeño por seguir una polémica con las autoridades del Estado, Caballero toma una decisión ilógica con la cual expone que el único lugar seguro en la ciudad que gobierna es la sede del 28 Batallón de Infantería.

Adela Navarro Bello

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