Hace unos días Enrique Peña Nieto afirmaba la “Libertad de expresión conquista social irrenunciable”. Al parecer el Presidente se equivocó, otra vez. La sociedad mexicana ha renunciado a la libertad de prensa. El dato es escalofriante: “más de la mitad de los mexicanos considera que la libertad de prensa en México y en las entidades federativas es algo inexistente”. Vivimos, por ende, en un país que cuestiona severamente el paradigma democracia-libertad de prensa. No tenemos libertad pero presumimos la existencia de un sistema democrático (algunos lo podrán criticar pero pocos se atreven a decir que no hay democracia en México) el cual celebra su fiesta el próximo 7 de junio. Yo no voy a la fiesta.

La encuesta de Parametría -en una democracia- detendría el cuarto de máquinas y convocaría a un amplio diálogo nacional, obvio solamente en un hipotético caso en el que la preocupación fuera compartida entre todos los actores. Pero los datos de Parametría han pasado, como siempre, inadvertidos en los discursos electorales en plenas campañas, en la mayoría de los medios de comunicación que no hacen más que retratar una visión cómoda al poder de la realidad y lejos de detenernos para cambiar el rumbo parecería que el discurso presidencial es una realidad. Una farsa institucional y meta-institucional.

Tres de cada 10 mexicanos (34%) afirma que sí hay libertad de expresión. Mientras que más de la mitad, es decir el 57%, afirma que no hay esta libertad. ¡Más de la mitad!. A nivel local, donde se concentra los mayores casos de violencia contra la prensa, 63% de afirma que no hay libertad de expresión. Podremos escoger ignorar los números y su traducción en nuestra realidad, pero es la realidad en la que se sostiene nuestra sociedad.

La Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA ha afirmado que el asesinato de periodistas constituyen la forma más extrema de violencia y censura. Aun así de acuerdo con la encuesta realizada por Parametría casi tres de cada diez entrevistados en el país (25%) dijeron estar enterados del asesinato de algún periodista en los últimos seis meses en su estado. Es nos deja con que siete de cada diez no se ha enterado de que México es uno de los cinco países más peligrosos del mundo para hacer periodismo y el más peligroso en América Latina y que tenemos 83 periodistas asesinados. Solamente 83.

El 82% de los encuestados afirmó que el hecho de que los periodistas en el país puedan hablar libremente de todos los temas es algo “muy importante” o “importante”. Solo uno de cada diez (14%) consideró que no es fundamental. ¿Si la mayoría cree que la libertad para hablar de todos los temas -especialmente de la prensa- es importante, es de difícil comprensión que la mayoría afirme y esté satisfecho con el hecho de que no hay esa libertad en el país? Porque podríamos hablar que tal vez la sociedad consideran que el hecho que no la tengamos no es transcendental para nuestro país, pero los número arrojan lo contrario. Nos precupa, aspieramos a ello, pero no hacemos nada para tenerlo.

Entonces, vivimos en un país con leyes restrictivas, con altos índices de violencia contra periodistas y medios, un férreo oligopolio de los medios de comunicación que inhiben la diversidad y pluralidad, una total (99%) de impunidad en crímenes contra periodistas, una creciente violencia digital contra periodistas y portales informativos son algunas de las acciones que atentan contra la libertad de expresión en nuestro país. Pero los que sostienen el sistema escogen ignorar la amplia evidencia, y el resto, complacemos esa decisión.

La tendencia en el continente americano no es muy diferente. En días recientes el Relator para la Libertad de Expresión de la OEA, Edison Lanza, publicó su informe anual y las buenas noticias son escazas. Sus principales preocupaciones son: “Escasos avances para el ejercicio de la libertad de expresión. Aumento de la violencia contra periodistas. Expansión del uso del derecho penal para sancionar expresiones de interés público. Reacción desmedida contra manifestantes. Falta de transparencia y límites a los programas de vigilancia electrónica y concentración de medios y exclusión del sector comunitario en la agenda de asuntos pendientes”.

Según el Relator: “El 2014 fue un año trágico para el periodismo en las Américas con al menos 25 comunicadores asesinados por motivos que podrían estar relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión. También se verificó el asesinato de dos familiares de periodistas, víctimas del ataque dirigido a estos. La situación de violencia fue excepcionalmente grave, con un incremento significativo de las muertes en comparación con las 18 víctimas documentadas en 2013. Entre los asesinados en el año bajo estudio hubo siete periodistas y una asistente de diarios o semanarios, dos presentadores y reporteros de televisión, cinco camarógrafos, cinco periodistas de radio, una tuitera, un periodista de radio comunitaria, un comunicador y propietario de canal de televisión, un periodista y bloguero, y un periodista y director de un portal de Internet. Con ocho casos que podrían estar asociados al ejercicio de la libertad de expresión, México fue el país con más asesinatos de trabajadores de medios y ciudadanos que hacen uso de las redes sociales”.

El capítulo sobre México es devastador y en concordancia con la encuesta de Parametría. La simulación es retratada en el informe de la Relatoría, y, una vez más, parece ser que es información poco transcendental. La farsa democrática mexicana -de la cual somos parte en mayor o menor medida- pasa por asumir que es inquebrantable el sistema actual. Si el sistema simulatorio ha de romperse, debemos de dejar de lado la sistemática tolerancia a las violaciones generalizada de derechos fundamentales en México. Es imposible recorrer otro camino hacia la construcción de una democracia real. La responsabilidad de hacer o no hacer cada día es histórica. “No diseñar un nuevo orden implica necesariamente la repetición de la historia y, en nuestro caso, de una muy trágica historia”, como lo afirma el doctor Sergio Saldaña.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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