Daniel García pasó 17 años en la cárcel y fue víctima de tortura y coacción para declararse culpable de un crimen que no cometió. Tras un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde halló al Estado mexicano culpable de violaciones a derechos humanos y al proceso judicial, García hizo un llamado a que los jueces mexicanos mantengan su autonomía e independencia; y a que se elimine la figura de prisión preventiva oficiosa.

Ciudad de México, 14 de abril (SinEmbargo).– “Es muy urgente que haya justicia en México, y que ese 93 por ciento de impunidad se reduzca”. Así reflexionó Daniel García sobre los 17 años que pasó injustamente encarcelado en México, después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) hallara al Estado mexicano culpable de violaciones a derechos humanos, tortura y coacción en su caso y el de Reyes Alpízar.

Daniel García, en entrevista con Daniela Barragán y Perla Velázquez en el noticiero “Café y Noticias” de SinEmbargo Al Aire, hizo un llamado a que los jueces mexicanos actúen de manera autónoma y no en colusión con políticos, como acusó que sucedió en el proceso penal que vivió durante 20 años.

“Una de las cosas que más nos interesan es que no vuelvan a ocurrir estas manipulaciones de jueces, este actuar de jueces como en consigna de búsqueda de premios o de promociones, o quizá económicas, no lo sabemos, que se terminen”, señaló. “Que haya jueces autónomos, independientes, pero sobre todo independientes de políticos, que tanto daño han hecho a este país”.

El hombre, que fue coaccionado y torturado psicológicamente para declararse culpable en el homicidio de la Regidora mexiquense María de los Ángeles Tamés, ocurrido en el 2001, explicó que en la investigación en su contra se fabricaron pruebas por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México en complicidad con el Ministerio Público, policías, peritos y diversos testigos.

Incluso, indicó García, se le acusó de ser operador de una ‘organización criminal’, como fue denominada por la entonces Procuraduría estatal, junto con otros 14 elementos, entre ellos el segundo acusado y víctima de tortura en el caso presentado ante la CoIDH, Reyes Alpízar; y familiares de García como su padre, primos hermanos y un hermano.

De acuerdo con el entrevistado, el ciudadano Jaime Martínez Franco fue señalado como el autor material del asesinato de Tamés pese a que se encontraba preso en Pachuca, Hidalgo, al momento del homicidio, pero los jueces omitieron llamarlo a declarar en el curso de la investigación.

“El Juez de ese entonces, y 14 jueces más que tuvimos durante 20 años, se negaron sistemáticamente a llevarlo a declarar, pero como a la Procuraduría le pareció que él era buen candidato, es el que puso para que supuestamente yo le pagué para que cometiera aquella atrocidad. Cosas como esas, que no fueron a verificar, siquiera, a tomarse la molestia el Juez de mandarlo a traer, fue producto de que varios a jueces los premiaran (…) a los años también llegaron a los máximos cargos del Tribunal Superior de Justicia y se convirtieron en magistrados; premios por todos lados”, acusó García.

Además de señalar complicidad entre el Poder Judicial estatal y la Fiscalía a lo largo de su caso para fabricar su culpabilidad, indicó que la figura de prisión preventiva oficiosa también abre la puerta a extorsión y prácticas al margen de la ley.

“Es una bandera política muy importante para quien piensa en votos, porque ¿a quién no nos gusta que el delincuente vaya a parar a la cárcel al otro día de que lo detengan?”, cuestionó. “Sin embargo, (…) yo quisiera expresar por qué nos conviene a todos y nos urge quitar la oficiosidad de la prisión preventiva: porque ha sido una herramienta del Ministerio Público y del policía para extorsionar. Es un mecanismo que permite la extorsión allá en la barandilla, ¿quién no conoce a alguien que pudo negociar su libertad?”.

García detalló que eliminar la posibilidad de encarcelar automáticamente a alguien por la acusación de un delito expuesto en el Artículo 19 de la Constitución, significaría que los jueces de control tendrían que determinar, por medio de una audiencia pública y con elementos que acrediten la culpa y la peligrosidad de una persona, si aplica una prisión preventiva justificada.

“Que todos lo veamos, que todos sepamos si alguien se va a quedar o no se va a quedar en la cárcel, pero con elementos que avalen la decisión del Juez, y no ahorita en lo oscurito, allá en galeras o en la barandilla del Ministerio Público, que tiene esa facultad y puede amenazar para encarcelar de por vida a cualquier persona. Eso es lo que nos debe de interesar, más allá de posturas políticas”.

“Si nosotros exigimos la mediación de un Juez, el agente del Ministerio Público y los policías tendrán la obligación, por primera vez durante muchos años en México, de trabajar, de investigar, de llevar al juicio a alguien pero con evidencias y elementos que hoy ya tiene la Ley pero no usan, porque se les hace muy fácil sólo acusar y meterlos a la cárcel, sin mediación de ninguno”.

EL CASO GARCÍA Y ALPÍZAR VS. EL ESTADO MEXICANO

La Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer este miércoles un fallo histórico en los casos de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes estuvieron 17 años en la cárcel sin recibir una sentencia, pues consideró que el Estado mexicano es responsable de “la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías judiciales, a la igualdad ante la Ley y a la protección judicial cometidas” en su contra “por su detención y privación a la libertad”. Con la decisión, también se ordena a México eliminar la figura de prisión preventiva oficiosa.

“El 25 de enero de 2023 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, ‘la Corte’ o ‘el Tribunal’) dictó sentencia mediante la cual declaró la responsabilidad internacional del Estado de México por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías judiciales, a la igualdad ante la Ley y a la protección judicial, contenidos en los artículos 5, 7, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante ‘la Convención’), en relación con las obligaciones de respeto y de adoptar disposiciones de derecho interno contenidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, así como a los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura”, se lee en la resolución.

Daniel García fue detenido el 25 de febrero de 2002, mientras que Reyes Alpízar fue capturado hasta el 25 de octubre de 2002, esto después de ser acusados del asesinato de María de los Ángeles Tamés, Regidora panista de Atizapán, Estado de México, ocurrido en 2001.

En el análisis de los casos por parte de la CoIDH también se detectó que las víctimas fueron sometidas a coacciones y torturas, y que esos hechos no fueron debidamente investigados por el Estado. Aunque las declaraciones de las personas detenidas fueron obtenidas en condiciones de coacción y tortura, el Alto Tribunal internacional halló que fueron utilizadas en distintos actos del proceso penal llevado a cabo en su contra.

“Además, la Corte pudo comprobar que el Estado vulneró el derecho de defensa en perjuicio de Daniel García en la medida que éste no contó con un defensor durante las primeras etapas de su detención, y arraigo”, añadió.

Más adelante, se constató la vulneración del principio del plazo razonable en el marco del proceso penal realizado contra las víctimas.

Ante dicha serie de irregularidades y violaciones, la CIDH ordenó al Estado mexicano las siguientes medidas de reparación:

a) Concluir los procedimientos penales en curso en los plazos más breves.

b) Revisar la pertinencia de mantener las medidas cautelares.

c) Desarrollar las investigaciones sobre los hechos de tortura en perjuicio de las víctimas, así como por las demás violaciones a los derechos humanos que padecieron.

d) Dejar sin efecto en su ordenamiento interno las disposiciones relativas al arraigo de naturaleza pre–procesal.

e) Adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva oficiosa.

f) Realizar programas de capacitación a los funcionarios de la Subprocuraduría de Justicia de Tlalnepantla.