A los viejos, los que hoy rebasamos los 65 años y que representamos el sector más vulnerable al COVID-19, nos da por recordar nuestra infancia, porque durante ella y la primera adolescencia pudimos mantener cierta distancia de las responsabilidades individuales y colectivas que conlleva la madurez productiva. Aquellos fueron nuestros tiempos más alegres.

Hoy, que veo a un grupo de empresarios exigirle al Gobierno federal que destine parte de los recursos públicos a disminuir los daños que les causará la inevitable crisis económica después de esta emergencia sanitaria, me viene a la memoria la frase que se usaba en mi pueblo natal de Chávez, Coahuila, para terminar una discusión: que te mantenga el Gobierno.

Era una frase lapidaria y sin retorno, porque en los cincuenta era imposible que una empresa, un negociante o un particular fuera ante el Gobierno a solicitar apoyo a través de programas, fideicomisos, asociaciones civiles o fondos de rescate empresarial, porque no existían; México estaba desarrollándose como una nación, con dificultades y carencias, con un sentido comunitario de empujar todos hacía el mismo lado, hacia el horizonte.

En aquel entonces sólo había tres grupos con derechos sociales, los obreros, los campesinos y los estudiantes menores de edad, los demás debían ganarse sus privilegios trabajando, invirtiendo y arriesgando su capital (o beneficiándose del Estado mediante trampas y corrupción); era imposible pensar que el Gobierno debía apoyar directa y funcionalmente a los empresarios, ya que existían una serie de leyes generales que protegían su inversión al competir con otros negociantes de diferentes países (lo que representaba una defensa más profunda y efectiva que los apoyos que actualmente exigen).

Con el paso del tiempo la economía se globalizó, se derrumbaron los aranceles aduanales y se pudo comprar lo que se producía en todo el mundo, entonces cambió la vocación de crecimiento del país, antes centrada en la producción y desarrollo del mercado interno, y se incorporó a la población a la vorágine del libre mercado; los inversionistas, que antaño debían arriesgar su dinero en la producción de bienes y servicios, descubrieron que construir campos industriales para empresas extranjeras, cobrando rentas exageradas e incluyendo un ejército de trabajadores casi esclavos, ofrecía grandes ganancias y prefirieron competir con salarios bajos y mano de obra barata, y no con mercancías de mejor calidad

Se cambió la búsqueda de la equidad para obreros, campesinos y jóvenes, por el impulso gubernamental al desarrollo industrial, esperando que las empresas se encargaran de mejorar las condiciones de vida de sus trabajadores, y ahora descubrimos que las grandes inversiones que hizo este país no fueron en infraestructura, como el ferrocarril de Porfirio Díaz o la modernización de Miguel Alemán, sino para salvar a empresas y negociantes que hicieron malas jugadas en la banca o en el mercado durante los gobiernos de Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto.

Ellos desviaron los recursos públicos y empobrecieron a la nación para fortalecer al empresariado mediante corruptelas o acuerdos de protección, siguiendo el ejemplo de Salinas, que vendió más de mil empresas estatales a círculos cerrados de compradores y a precios ridículos, lo que representó una transferencia directa de recursos públicos a inversionistas privados.

México se convirtió en el engaño histórico más memorable del siglo con el Tratado de Libre Comercio, que en sus primeros años trajo como consecuencia, de la mano de una serie de errores gubernamentales, la crisis económica de 1994 cuando apenas nos reponíamos de la crisis del 83-89 (que se superó subsidiando a los patrones empresariales y congelando, y reduciendo, los salarios de los trabajadores de 100 a 40 unidades).

Siguió la crisis monetaria del 94-95; en esta ocasión los grandes inversionistas fueron informados días antes de la devaluación del peso, y compraron miles de millones de dólares en respuesta. Entre 1995 y 1999 se garantizaron los capitales de los bancos recientemente privatizados con tasas de interés superiores al 100 por ciento, incluyendo las deudas que la gente no podría pagar y las prácticas de cobro de intereses sobre intereses, y acabó por construirse el Fobaproa, que pagaría a los bancos lo que no podían pagar los particulares, endeudando al país hasta 2070.

En el 2000 el PAN llegó al poder y descubrió que podía usar la política para hacer negocios, siempre y cuando no molestara a los corruptos del régimen anterior y compartiera con los priistas el juego de Politics and Business; hallaron un Infonavit sostenido por dinero de los obreros, convertido en un banco de financiamiento con deudores cautivos que ofrecía inversiones fáciles y seguras en construcciones de mala calidad y en zonas de alto riesgo, lo que género la multiplicación de constructoras e inmobiliarias que además se beneficiaron de un fideicomiso federal para la vivienda.

La cereza del pastel fue utilizar todos los recursos que ingresaban al país por la bonanza petrolera para pagar el 40 % del Presupuesto de Egresos, lo que facilitó mantener políticas fiscales blandengues, de complicidad y sobreprotección a los grandes empresarios (había petróleo, no se necesitaba cobrarles impuestos) y dejó a Pemex como una empresa en constante riesgo de quiebra.

En estos hechos se basa la lógica económica de los empresarios que hoy reclaman apoyos para salir de una crisis a la que todavía no entramos; extrañan el dinero público, y cómo no, si los apoyó el Estado con el salario de sus obreros durante 30 años, con avisos de próximas devaluaciones, vendiéndoles empresas a precios de oferta, rescatándolos cada vez que se veían en problemas financieros y salvándolos con el Fobaproa.

Por eso no pueden esperar más, ni siquiera hasta las elecciones de 2024 o a la posibilidad electoral de 2021, ellos exigen que se vuelva a la política donde sólo ellos ganaban y no compartían recursos públicos con los más pobres, los ancianos, los discapacitados, los estudiantes o los niños; tampoco aceptan que se apoye a los pequeños negocios familiares o a las microempresas, que sí pueden verse beneficiados por préstamos de 25 mil pesos. Ellos lo quieren todo y se atreven a soñar que pueden intentar un Golpe de Estado para restablecer la política de los últimos seis sexenios (que equivalen a 36 años, cuando el Porfiriato sólo duró 30).

Por eso desde aquí les decimos, como en el Chávez de mi niñez, ¡que los mantenga el Gobierno!

Gustavo De la Rosa

https://www.sinembargo.mx/author/delarosa

Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.

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