Este último mes, México ha llamado la atención por el desacuerdo entre el relator especial para la tortura de la ONU y el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade. El Gobierno dio por terminada la discusión mediante el secretario de Gobernación, lo que significa que cada quien se queda con su postura: las Naciones Unidas sostienen la posición de su funcionario mientras la presidencia dice que “la tortura en México es un caso aislado”.
Pero veamos la realidad que enfrentan las unidades de investigación de tortura, integradas por peritos médicos y psicólogos que trabajan en la PGR y que están certificados para examinar a quienes se declaran víctimas de tortura y además presentan huellas y refieren hechos que hacen creíble su declaración. Los abogados del país que solicitamos, por conducto de los jueces, se apliquen esos exámenes descritos en el Protocolo de Estambul, el manual internacional para investigar la tortura, recibimos la siguiente respuesta:
C. Juez
Por instrucciones superiores, y de acuerdo con la normatividad aplicable y publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de mayo de 2009… manifiesto a usted lo siguiente: me doy por enterado de su solicitud, y me permito acceder a su petición, designando a un perito (aunque) la investigación de tortura requiere tiempo, por lo tanto el procedimiento puede tardar días, semanas o quizá meses.
Actualmente estamos atendiendo solicitudes hechas por los tribunales de procesos federales, así como de los juzgados de Distrito, de Tamaulipas, Veracruz, Estado de México, Jalisco, Puebla, Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí, Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, Durango Morelos, Quintana Roo, Distrito Federal, además de los juzgados Penales, de primera instancia, solicitudes de las unidades especializadas de investigar la tortura y de agentes del Ministerio Público, adscritos a juzgados y delegaciones estatales; y cada solicitud es para evaluar de una hasta 40 personas.
Atentamente…
Independientemente de que las torturas sean generalizadas o aisladas, el oficio que transcribo representa la realidad: En 16 de los 32 Estados del país hay denuncias de tortura y los jueces consideran creíbles las huellas y referencias de los hechos, por lo que han solicitado a la PGR que designe a los peritos médicos y psicólogos certificados para hacer los estudios periciales que constaten o desechen la tortura; incluso, y además de los jueces, agentes del Ministerio Público, jueces federales y las unidades especializadas tienen investigaciones sobre casos de tortura.
Todos están esperando respuesta de las dependencias periciales de la PGR para dictar sentencia o por lo menos continuar con su indagatoria. Hay un cuello de botella en los procesos del poder judicial Federal y jurisdicciones estatales que les impide cumplir con su obligación de impartir justicia tal como lo señala el Artículo 17 constitucional, mediante tribunales expeditos que resuelvan de manera pronta y apegada a la ley.
En un esfuerzo por aportar elementos a las autoridades que pueden corregir las malas prácticas en el área de Derechos Humanos, envío copia de este artículo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Gobernación, y a la oficina del alto comisionado en materia de Derechos humanos, así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que empiecen a tomar acuerdos y compromisos para atender todas las solicitudes que han llegado a la PGR que se refieren a denuncias de tortura.
A trabajar pues.
