Ciudad de México, 14 de marzo (SinEmbargo).– La empresa Exploraciones Oceánicas demandó al periodista de Baja California Sur Carlos Ibarra Meza por la presunta comisión de delitos “contra la economía pública”, luego de que el comunicador denunció que esa compañía realizó más de 360 perforaciones ilegales en el Golfo de Ulloa, alertó en un comunicado la organización internacional Artículo 19.
Exploraciones Oceánicas S. de R.L. de C.V. entregó el año pasado a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la manifestación de impacto ambiental (MIA) del proyecto “Don Diego” para la extracción de fosforita del fondo submarino de la Bahía de Ulloa.
Declaraciones de Luis Manuel Guadarrama, representante legal de Exploraciones Océanicas, ofrecidas al periódico El Sudcaliforniano, perteneciente a la Organización Editorial Mexicana, revelan que a consecuencia de las notas periodísticas publicadas por Carlos Ibarra Meza, la empresa lo demandó penalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la presunta comisión de delitos “contra la economía pública”, que se castigan de tres a 10 años de prisión.
“La denuncia es única en Baja California Sur tiene como objetivo que deje de documentar lo que está ocurriendo con la empresa y las afectaciones al medio ambiente”, informó Carlos Ibarra, entrevistado y publicado por Artículo 19.
Información publicada por Ibarra Meza, en el portal informativo BCS Noticias, ha dado cuenta de poco más de 360 perforaciones, sin permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que ha realizado Exploraciones Oceánicas, filial de la empresa estadounidense Odyssey Marine Explorations, con el objetivo de analizar la viabilidad de conseguir fosfato succionando del fondo marino, actividad conocida como minería marina.
“Estas perforaciones han traído una serie de afectaciones ambientales, así como a los pescadores de la zona, aún cuando se encuentra en proceso una revisión del impacto ambiental de dicho proyecto por parte de las autoridades del medio ambiente en México”, publicó el periodista.
Por su parte, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad tiene catalogado como prioritario el Golfo de Ulloa y lo ha reconocido por su alta productividad biológica. Más del 40 por ciento de la pesca de BCS se hace en esa zona, según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
Para Artículo 19 “no hay duda que la denuncia penal contra el periodista es desproporcionada y es en represalia a su labor informativa. El uso de ese tipo penal es peligroso, porque lo que se busca es encarcelar a toda aquella persona que se atreva a denunciar afectaciones al medio ambiente”.
Además, desde que el periodista se enteró de la denuncia penal existente en su contra, la PGR no le ha permitido revisar su expediente, lo cual atenta totalmente a sus derechos de debido proceso y lo pone en situación de desventaja para defenderse.
Por lo cual, Artículo 19 hizo un llamado para que el Ministerio Público Federal respete y garantice sus derechos en el proceso, cuyo acceso al expediente es parte fundamental. Además, pidió que la PGR “desestime las acusaciones en su contra, por tratarse de un delito desproporcionado y ambiguo, que evidentemente buscan inhibir su ejercicio periodístico”.
Además de la denuncia en contra del reportero Carlos Ibarra, Exploraciones Oceánicas también demandó a los miembros de la Cooperativa Puerto Chale, entre ellos su presidente.
De acuerdo con el expediente AP/BCS/SPPA-AMPFDC/176/2014 de la PGR, citado por la revista Teorema Ambiental, el presidente de la Sociedad Cooperativa Puerto Chale, Florencio Aguilar Liera, es acusado de atentar en contra del consumo y riquezas naturales.
De acuerdo con declaraciones del abogado del organismo pesquero, Exploraciones Oceánicas pide la cantidad de 20 millones de dólares para resarcir los supuestos daños provocados al iniciar la supuesta estrategia mediática contra Exploraciones Oceánicas.
Florencio Aguilar señaló en entrevista para Teorema Ambiental que a la empresa le preocupa que su concesión pesquera se vea afectada.
“Por defender nuestro derecho debemos atender esta demanda, primera en su tipo”, explicó.
La empresa de minería marina basó su juicio en el artículo 253 del Código Penal Federal, Título Decimocuarto Delitos Contra la Economía Pública, en el que se define: “son actos u omisiones que afectan gravemente al consumo nacional y se sancionará con prisión de tres a diez años y con doscientos a mil días multa”.
Y en el inciso B, el cual especifica que “todo acto o procedimiento que evite o dificulte, o se proponga evitar o dificultar la libre concurrencia en la producción o en el comercio”.
Sin embargo, habitantes de las comunidades pesqueras de Comondú junto a las organizaciones ambientales y científicas fueron los primeros en manifestar su preocupación por la posible llegada de Exploraciones Oceánicas que dragaría el fondo marino, actividad que por ejemplo, en países como Nueva Zelanda fue rechazada por las autoridades ambientales debido a su impacto en el entorno.
La organización Medio Ambiente y Sociedad (MAS) señaló en el año 2013 su rechazo hacia el proyecto de Exploraciones Oceánicas que busca extraer fosfato del suelo en el Golfo de Ulloa.
En aquella ocasión, la organización ambiental Medio Ambiente y Sociedad (MAS) expresó: “Debemos detener esto ahora”.
Incluso, en diciembre del año pasado, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud, reconoció que el proyecto de minería submarina “Don Diego” pretendía operar en una zona de gran incidencia de vida marina.
“Estamos conscientes que en esa zona donde se está haciendo está solicitud es una zona de una gran incidencia de vida marina. Sabemos que hay tortugas, sabemos que es la ruta de las ballenas que pasan hacia el sur de Baja California, y sabemos también que hay una gran inconformidad de algunos ambientalistas de la zona”, destacó en esa ocasión Guerra Abud.
