Algo extraño está ocurriendo en Guanajuato, uno de los pocos estados del país que, con algunos reparos, le refrendó su confianza en las urnas al PAN, partido que ha gobernado desde hace 21 años la entidad.

Luego de quejarse amargamente de la inmoralidad, la opacidad y los indicios de corrupción del gobierno que le antecedió y del cual emanó, el nuevo mandatario, Miguel Márquez Márquez, empieza a comportarse exactamente igual que su antecesor.

Apenas bastaron unas pocas semanas en el desempeño del cargo para que las promesas de una transformación total en materia de transparencia y procedimientos impolutos se fueran al traste.

El Gobernador Márquez, quien fuera el contralor de la gestión de Juan Manuel Oliva, padeció arduamente decisiones como las de construir la Expo Bicentenario, a un costo de mil 700 millones de pesos; o la compra de los terrenos para la fallida refinería, por otros mil 600 millones de pesos. Ambos temas le acompañaron como críticas durante su campaña.

Sin embargo, a menos de seis meses de asumir el poder a nivel estatal y después de haber hecho compromisos reiterados de cambio con respecto a la imagen del gobierno del que formó parte, el nuevo mandatario se ha embarcado en tres proyectos que juntos rebasan los 12 mil millones de pesos de costo y los cuales pretende asignar en contratos envueltos, de nuevo, en mecanismos de opacidad.

Para darse una idea de lo que importa esta cantidad, basta compararlo con el presupuesto anual de Guanajuato, que en este 2013 alcanza la cifra de 47 mil 500 millones de pesos. De modo que los 12 mil millones de pesos que se pretende asignar en estos tres contratos, representan un 25 por ciento del gasto gubernamental en el actual ejercicio.

El primero de esos proyectos, conocido como “Escudo”, consiste en la adquisición de alrededor de tres mil cámaras de video y un sistema de seguridad de última generación que incluye arcos detectores a las entradas carreteras del estado y un centro de información y control. El costo del programa ha sido tasado en dos mil 700 millones de pesos y se cubrirá a lo largo de los seis años de la administración.

El esquema que se siguió es el de un Proyecto para la Prestación de Servicios (PPS), donde la empresa favorecida realiza una parte de la inversión y cobra sus servicios al estado a lo largo del tiempo de contratación.

El proyecto se problematizó debido a que la asignación del contrato se realizó de forma directa en el último día hábil de 2012, el viernes 21 de diciembre, y sólo se dio a conocer seis días después, la víspera de los Santos Inocentes, pretendiendo que la información pasara desapercibida por el periodo vacacional. El pretexto para no realizar una licitación abierta fue el tema de la seguridad.

Para salvar el proyecto fue necesario que el propio Gobernador Miguel Márquez realizara una ardua labor de cabildeo con los partidos de oposición representados en el Congreso a fin de convencerlos de las bondades de la inversión.

En un primer momento se pensó ocultar el nombre de la empresa seleccionada, pero la presión pública obligó al mandatario a revelarla: se trata de Seguritech, una compañía relativamente nueva en el mercado.

En cuanto calmó las aguas de este tema, Márquez se embarcó en una campaña para convencer a los municipios de hacer una compra consolidada de lámparas tipo led para sustituir las luminarias del alumbrado público de todo el estado, a fin de paliar el costo del derecho de alumbrado público (DAP), que a partir de este año será absorbido por los municipios en aquellos lugares donde el pago de los consumidores se quede corto frente al consumo.

La propuesta era cambiar 400 mil luminarias a un costo aproximado de 10 mil pesos por unidad, lo que representaría una inversión de 4 mil millones de pesos. La inversión corresponde en su mayoría a los municipios. Sin embargo el gobierno marquista se ofreció a ser aval y facilitador para una compra conjunta que abarataría costos.

Los problemas surgieron con los munícipes priistas, encabezados por la Alcaldesa de León, Bárbara Botello, quien recuperó esa ciudad después de 24 años de gobiernos panistas. Los inconformes se negaron a participar en una licitación sobre la que no existe siquiera un diagnóstico previo y se quejaron de opacidad en el proyecto. El argumento del Gobernador fue que el ganador de la licitación debía realizar el diagnóstico a su costo.

El tercer gran tema es la licitación de un contrato de proveeduría, distribución suministro y administración de los medicamentos y material de curación del Seguro Popular. Debe subrayarse que Guanajuato es el estado líder en afiliación a este servicio, alcanzando prácticamente los tres millones de asegurados. El techo del contrato por dos años de proveeduría médica alcanzaría los 4 mil 200 millones de pesos.

Cabe puntualizar que la asignación de este contrato a una empresa privada se realizó en perjuicio del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, el organismo de pensiones de la burocracia estatal, que llevaba ya varios años como responsable del suministro médico al seguro popular, con lo que de paso se fortalecía el Fondo de Pensiones de Guanajuato, uno de los pocos que se han salvado de la quiebra en el país.

Esta licitación fue declarada desierta el pasado 4 de marzo tras publicarse en el portal electrónico de noticias Zona Franca que uno de los finalistas y probable ganador había tenido antecedentes de incumplimiento en otras entidades del país y ante el propio IMSS, que incluso le valieron una inhabilitación de la Secretaría de la Función Pública.

Sin embargo, la licitación ya se ha vuelto a convocar y se resolverá en el mes de mayo. Al parecer se pretende realizarla por tres años, lo que elevaría el monto del contrato a más de 6 mil millones de pesos.

Así, entre los 2 mil 700 millones de Escudo, los 4 mil millones de Guanajuato Iluminado y los 6 mil millones del abasto médico al Seguro Popular, el gobierno de Miguel Márquez está asignando la escalofriante cantidad de 12 mil 700 millones de pesos, el equivalente a poco más de mil millones de dólares o un billón de dólares en contabilidad americana.

Para un Gobernador que ejerció de contralor y vigilante de las finanzas públicas, parece demasiado dinero en asignaciones que carecen de la transparencia que ofreció cuando le apuraban las críticas a su partido y sus correligionarios en la campaña.

Para un Gobernador que también fue Secretario de Desarrollo Social, parece un gasto demasiado elevado en el arranque del sexenio en proyectos que no impactan en los rezagos de Guanajuato de manera directa.

Para el único gobierno del PAN triunfante en julio pasado, que además ahora tiene enfrente el vendaval reformista y el crecimiento en imagen y fortaleza de Enrique Peña Nieto, parece una grave pérdida de la brújula refugiarse sólo en un bacanal de contrataciones estratosféricas y oscuras.

Con tanto dinero en juego, tan escasa información y tan débiles controles, el tema es enormemente preocupante. Habrá que seguirlo de cerca.

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Arnoldo Cuellar

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Periodista, analista político. Reportero y columnista en medios escritos y electrónicos en Guanajuato y León desde 1981. Autor del blog Guanajuato Escenarios Políticos (arnoldocuellar.com).

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