El arribo de López Obrador al poder en 2018 constituyó una tragedia para muchos migrantes en el Hemisferio Occidental. Y como las infamias no vienen solas, lo hizo al mismo tiempo que entregó la soberanía nacional en materia migratoria al Presidente Trump. Lo sabemos demasiado bien: los líderes populistas que no se cansan de hablar de proteger la soberanía son los primeros en traicionarla.

Siempre he sostenido que México debe tener una política migratoria generosa y, de hecho, afirmo que nuestro país debe atraer a talento de todo el mundo, así como a aquellos que sufren persecusión en otras latitudes. Sin embargo, esto debe ser producto de una gran conversación ciudadana y del diseño de una política premeditada y no de dimisiones ante el poder de otra nación.

El último episodio de la entrega de nuestra soberanía es la noticia de que existen negociaciones entre autoridades estadounidenses y el Gobierno obradorista que podrían permitir a la administración Biden deportar a territorio mexicano, por primera vez en gran escala, a ciudadanos no mexicanos. De ser el caso, el Gobierno obradorista estaría aceptando que México sea un tercer país seguro, lo cual sería inadmisible, en las condiciones actuales.

Esto ocurre en dos coyunturas específicas. Por un lado, en la primavera de este año expiran las restricciones de emergencia relacionadas con la pandemia impuestas por Estados Unidos a migrantes en sus fronteras. Esto abre el camino a una nueva legislación que regule la política migratoria de nuestro vecino del norte. Ahora bien, y ese es el segundo punto, el Partido Demócrata, que hoy detenta el poder ejecutivo, se enfrenta a unas elecciones presidenciales y legislativas muy importantes en noviembre del 2024.

Seguramente el Presidente Joseph Biden y sus asesores han medido el estado de la opinión pública en su país y han llegado a la conclusión de que les conviene electoralmente pretender que son duros con la inmigración, sobre todo en su frontera sur.

De concretarse este plan estaríamos en una situación sin precedentes: la deportación masiva de ciudadanos no mexicanos a territorio nacional. Ya el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos está planeando directivas según las cuales se les negará el derecho de asilo a incontables personas que han cruzado la frontera sin la documentación necesaria. Al parecer estás deportaciones se limitarán, por ahora, a ciudadanos y ciudadanas de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Excepto por Haití – cuya migración se debe a una desastrosa situación económica que se complica por desastres naturales – estas personas están votando con sus pies y huyendo de regímenes tiránicos que nuestro actual Presidente admira.

Aceptar este arreglo en la presente circunstancia coloca además en peligro a quienes sean deportados a nuestro país. Efectivamente, no existen las condiciones para evitar que muchos de estos migrantes sean sometidos a violaciones, asaltos, torturas, secuestros y otras vejaciones, que son comunes en la frontera.

Todo mal entonces con la política migratoria de este Gobierno. Se trata, sin duda, de una traición a los ideales que enarbolan la mayoría de los mexicanos.

Gustavo de Hoyos Walther

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Abogado y empresario. Ha encabezado diversas organizaciones empresariales, comunitarias, educativas y filantrópicas. Concentra su agenda pública en el desarrollo de líderes sociales (Alternativas por México), la participación ciudadana en política (Sí por México) y el fortalecimiento del estado de derecho (Consejo Nacional de Litigio Estratégico).

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