Las razones del Instituto se centran en que el techo de gasto es insuficiente para el programa de generación estadística y geográfica por lo que impide realizar sus funciones y viola su autonomía financiera, así como su independencia económica.
Reconoció y avaló las decisiones del Gobierno federal de políticas de austeridad y disciplina en el gasto público, pero también reafirmó que es respetuoso del marco legal y sus disposiciones legales vigentes, por lo que optó por interponer el recurso.
Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo).- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) interpuso un recurso de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el recorte a los salarios previstos en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, así como a su presupuesto.
El órgano estadístico confirmó en un comunicado que de acuerdo al artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “ha cumplido cabalmente las funciones conferidas por mandato constitucional, correspondientes a normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica”, y ha suministrado información de calidad, pertinente, veráz y oportuna, para lo que también ha ejercido el presupuesto anual asignado.
El Instituto confirmó que el gasto presupuestal lo ha realizado con base en “criterios de austeridad, racionalidad y disciplina en el gasto público”, por lo tanto, con el fin de defender su autonomía presentó la controversia constitucional.
Las razones del Instituto se centran en que el “establecimiento de un techo global de gasto insuficiente para el programa de generación estadística y geográfica, así como la reducción del monto total de su presupuesto en el proceso de examen, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019” impide realizar sus funciones y viola la autonomía financiera, así como su independencia económica.
Lo anterior se vio reflejado en la necesidad de recortar, acotar, cancelar o postergar de programas y proyectos de investigación, como informó el Inegi en semanas pasadas.
Además, reiteró que de aplicarse la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y la aprobación de los tabuladores para el personal, previstos en el Presupuesto de Egresos 2019, dotan de incertidumbre la distribución de recursos sobre los salarios de los servidores públicos del Inegi “en su calidad de órgano constitucional autónomo con alta especialización técnica”.
El Inegi acentuó que con este recurso busca salvaguardar la autonomía que le fue dotada desde su creación así como cumplir con el mandato constitucional que se le confirió.
“Busca garantizar el ejercicio eficaz y oportuno de las facultades otorgadas y derivadas de su autonomía presupuestal” y esperan que el máximo Tribunal “delimite el ámbito de aplicación de las normas y actos mencionados, con relación a la autonomía de este Instituto”.
En el texto reconoció y avaló las decisiones del Gobierno federal de políticas de austeridad y disciplina en el gasto público, pero también reafirmó que es respetuoso del marco legal y sus disposiciones legales vigentes, por lo que optó por interponer el recurso.
SCJN DA REVÉS
La Segunda Sala de la Suprema Corte consideró infundado el recurso promovido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para dejar sin efecto controversias constitucionales en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, la cual busca que ningún funcionario gane más que el Jefe del Ejecutivo federal.
El Presidente fue cuestionado esta mañana sobre la decisión de la Segunda Sala de la SCJN que consideró infundado el recurso promovido por López Obrador para dejar sin efecto controversias constitucionales en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos.
Es un asunto legal que se tiene que resolver de esa manera, considero que no se ajusta a lo que tiene que hacer, a la conducta de quien imparte justicia. Nosotros no vamos a modificar nuestro plan: se reducen los sueldos de los altos funcionarios públicos.
Consideró que “los que están solicitando que se mantengan esos sueldos elevadísimos pedirle disculpa a los mexicanos, porque es una ofensa que en un país con tanta pobreza y necesidad haya esos sueldos elevadisímos”.
El pasado 7 de diciembre, el Ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad en contra la Ley y prohibió que se utilice para fijar los salarios que los funcionarios tendrán en 2019.
La acción de inconstitucionalidad fue promovida por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), De la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, además del Senador independiente Emilio Álvarez Icaza.
El Ministro Alberto Pérez concedió la suspensión, la cual, sin embargo, no impide expresamente la reducción de los salarios, pero obliga a que los sueldos se fijen con base en reglas previstas en la Constitución, según los artículos 75, 94 y 127.
El miércoles, con tres votos a favor y dos en contra, la Segunda Sala declaró infundados los recursos de reclamación promovidos por el Presidente y dos más de las cámaras de Diputados y Senadores.
INEGI CANCELA ENCUESTAS
El 24 de enero el Instituto anunció la cancelación o suspensión de 14 proyectos estadísticos para este año, luego de que no consiguió los recursos solicitados, pues cuenta con un presupuesto aprobado de 12 mil 129 millones de pesos, 500 millones de pesos menos de lo que había pedido al Congreso (17 mil millones) para realizar las operaciones previstas, informó el titular del organismo Julio Santaella Castell.
Los ajustes que realizó el Inegi afectaron a proyectos que no recibían financiamiento externo como:
– Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA).
– Encuesta Nacional de Gasto en los Hogares (ENGASTO).
– Encuesta Nacional de Consumidores de Sustancias Psicotrópicas (ECOSUO).
– Encuesta Nacional de los Hogares (ENH).
– Encuesta Nacional de Micronegocios (ENAMIN).
– Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL).
– Encuesta Nacional de Trabajo Infantil.
– Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO).
– Encuesta de cobertura regional.
