Toda mi solidaridad con  Javier Garza, editor de El Siglo de Torreón, y con sus colegas

El Relator Espacial para la Libertad de Expresión y Opinión de la Organización de las Naciones Unidas, Frank La Rue, afirmó que: “En México el periodismo es un acto de valentía”, refiriéndose al nivel de violencia que sufre la prensa en nuestro país. La afirmación de La Rue nos obliga, una vez más, a revisar qué afectación tiene en el libre flujo de información que la prensa en muchas partes del territorio tenga miedo a la hora de hacer su trabajo.

Desde el año 2000, comenzó un franco deterioro del ejercicio del periodismo a raíz de los niveles de violencia en contra de este. Curiosamente fue en la época más democrática de nuestro país cuando los ataques a la prensa cobraron mayores víctimas. Por más de diez años, los ataques a la prensa han lastimado de manera grave el derecho a la información de nuestra sociedad. El miedo y la violencia no se llevan con el buen periodismo informativo.

A pesar del deterioro constante de un contexto seguro para ejercer el periodismo, el Estado mexicano se ha dedicado a dar respuestas timoratas, ineficaces e ineficientes para atender el problema. Sería impreciso negar la capacidad que tenemos en México para crear comisiones, fiscalías, institutos y toda clase de instituciones públicas para atender nuestros problemas. Ante un problema, crea una comisión. Así ha sido como durante una década hemos creado: la Comisión de Seguimiento a las Agresiones contra la Prensa y Medios de Comunicación, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, el Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Sociales en la CNDH, la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos y el Mecanismo para la Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos.

Como todas las instituciones citadas han dado tan buenos resultados (y lo digo en tono sarcástico), el pasado 7 de febrero el Senado de la República instaló la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación. Lo cierto es que ni con todas las instituciones listadas el problema se ha aminorado. Hoy por hoy, los resultados de cada una de ellas son menos que satisfactorios, y lo afirmo al ver los resultados que reportan. Entonces, ¿qué pasa? El problema no es tener un largo listado de instituciones sino, más bien, que ninguna tiene las herramientas necesarias para prevenir eficientemente las agresiones a la prensa, para responder en términos de protección y, mucho menos y más preocupante, ninguna puede romper el ciclo de impunidad que envuelve la gran mayoría de los casos de agresiones a la prensa.

Los diseños institucionales están mal. Nos hemos conformado con meros discursos y con una perspectiva de no resuelve pero “es un paso en la dirección correcta”. El último circo que armó el Senado para instalar una comisión refleja claramente el oportunismo político y la falta de compromiso de sus actores. La comisión senatorial no sirve para nada. Lo leyó bien, para nada. No tiene plan de trabajo ni presupuesto. Fue un espectáculo, con el aval de la casa editorial de El Universal y sus periodistas, montado únicamente para aventar retórica. Ahí veía usted al senador Bartlett y Gamboa o a Jacobo Zabludovsky hablando de la importancia de la libertad de expresión, vaya ironía. Ante la emergencia que vivimos desde hace tantos años, la creación de una comisión más resulta un insulto a las víctimas y a los colegas periodistas que todos los días salen a la calle hacer su trabajo en situación de riesgo.

Señores senadores, para realizar su trabajo, que es hacer leyes y en específico las reformas a la legislación secundaria que haga realidad el contenido del artículo 73 constitucional, no necesitaban hacer ese circo y armar una comisión. ¿Acaso no era mejor para los periodistas, quienes dicen que les preocupan, que en dicha sesión se anunciara el trabajo en conferencia con la Cámara de Diputados para realizar las reformas a el código de procedimientos penales, la ley orgánica de la PGR, su reglamento y el código penal federal, con el fin de darle facultades a la federación para que investigue las violaciones graves contra la libertad de expresión? Optaron por el camino fácil, el discurso vacío.

Al mismo tiempo, los medios de comunicación, con esa displicencia común ante el tema que les debería de preocupar en sobremanera, cubren la nota del Senado y no cuestionan ni en lo más mínimo la puesta en escena senatorial.

Mientras sucedía el circo en Reforma, el personal del periódico El Siglo de Torreón sufría uno de sus momentos más angustiantes cuando cinco de sus trabajadores fueron privados de su libertad en una acción coordinada por miembros del crimen organizado. El Senado festejaba el circo y allá afuera, en la realidad, los periodistas seguían pasando horas de angustia. En un comunicado, el mismo periódico lo expuso así: “Resulta notable que el secuestro de nuestros cinco compañeros haya ocurrido horas después de que, ese mismo jueves, se instaló en el Senado de la República la Comisión para Seguimiento de Agresiones contra Periodistas, un organismo similar a muchos otros que no han logrado frenar la violencia contra medios de comunicación, marcando un fuerte contraste entre lo que se ve en la capital del país y lo que ocurre en las regiones donde se vive la ola criminal”.

Un mismo día, dos eventos. Uno real (colegas de un periódico atacados, una vez más) y el otro imaginario (los senadores se preocupan por la prensa). Debemos de parar la tentación de la simulación de nuestros políticos. El problema sigue siendo lo suficientemente serio y demanda respuestas reales, no simulaciones. De otra manera, el problema se perpetúa y se benefician lo que no les conviene tener una prensa vigorosa e independiente. ¿Necesito decir quiénes son?

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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