Por Lourdes Chávez, especial para SinEmbargo
Ciudad de México, 22 de junio (SinEmbargo/El Sur).–La coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, confió en el gobierno y ganó la prisión.
En entrevista con El Sur en la torre médica de la cárcel de Tepepan, Salgado García reveló que presentó al almirante de la Marina, al general de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y al entonces Gobernador, Ángel Aguirre Rivero una serie de videos sobre violaciones de niños.
Indicó que con el Gobernador se acordó llevar el caso a la Procuraduría General de la República (PGR), pero debió tocar fuertes intereses porque ella terminó en una prisión federal de máxima seguridad. De las violaciones nada se investigó ni se mencionó.
En cuanto al Síndico Procurador de Olinalá, Armando Patrón Jiménez, que también fue sometido a un proceso de reeducación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), luego de que lo sorprendieron recuperando una vaca y una camioneta vinculados a un doble homicidio y robo de ganado, estimó que fue la gota que derramó el vaso.
Recordó que, entre otras, también señaló irregularidades en el centro de salud, “esas denuncias me tienen aquí, porque se afectó a mucha gente. Ingenuamente confié en el gobierno, pero lo que gané fue la cárcel”.
Aclaró que los videos de las violaciones los encontraron en teléfonos celulares de adolescentes que fueron sometidas al sistema de reeducación de la CRAC, por quienes después la acusaron de secuestro y la detuvieron el 21 de agosto de 2013.
Reveló que antes le ofrecieron dinero para dejar en libertad a varias personas retenidas bajo la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígenas, que reconoce a la CRAC como institución de seguridad, justicia y reeducación comunitaria.
Pero el dinero nunca fue su interés, de lo contrario no se habrían enviado a los infractores a la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla de los Libres. Aseguró que en un careo, nadie le podría sostener las acusaciones en su contra.
Añadió que si el gobierno no supo medir las consecuencias de la Ley 701, que da amplios poderes a los pueblos, no es responsabilidad de la Policía Comunitaria. La obligación del Estado es respetar la norma que se sustenta en la Constitución y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y dejar en libertad a los presos de la CRAC.
Indicó que cuando se sumó al movimiento por la seguridad en Olinalá, no sabía la magnitud de los problemas en el municipio, luego escuchó en los pueblos: “señor, nos están matando a nuestros hijos, a una mujer que ya encontró a su hijo despedazado… como madre, nunca me gustaría que un niño mío pasara con un dolor de esto”, dijo conmovida.
Reveló que emigró desde los 18 años a Estados Unidos con una hija en brazos, y aprendió a educar a sus hijos en la cultura americana, donde los menores son el mayor bien del país, “si un niño se cae tienes la obligación de levantarlo”. Consideró que en México, las violaciones a los niños y a la juventud serían igualmente condenados. No fue así.
Pese de la separación de su familia y las vejaciones en prisión, aseguró que no se arrepiente, está orgullosa de haber participado en un movimiento ciudadano por la seguridad, que en 2012 logró la unidad de toda población. De ese movimiento surgió la Policía Comunitaria de Olinalá que después se incorporó a la CRAC.
Consideró que la unidad fue posible por el miedo y el hartazgo de la población, “pero más que nada por el miedo, y Olinalá fue un ejemplo para que otros pueblos siguieran el mismo camino”. En 2013, en diferentes municipios surgieron en cascada los movimientos de autodefensa.
“Parece que lo predije, cuando declaro que ya no le tenía miedo a los delincuentes, sino al gobierno que nos quiere desaparecer, hasta la delincuencia nos respetó, el que quiso destruirnos fue el gobierno”.
Consideró que en un sistema obsoleto, el gobierno tiene que usar la fuerza pública para tener un control que ya no tiene, y demuestra el poder que le resta con represión y persecución, “porque tiene miedo y no puede controlar ni a su gente, ni a los marinos, ni al Ejército, ni a los policías. Usa la fuerza pública para matar, para fabricar delitos por el miedo, porque el sistema les ha fallado”.
Como ejemplo señaló el homicidio en Tlapa durante las elecciones del activista Antonio Vivar, de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, asesinados el 26 de septiembre en Iguala y los 43 desaparecidos, “asusta a la gente con muerte”.
Pero añadió que la gente sólo se calma siendo escuchada, resolviendo sus problemas con justicia.
“En México, la situación de inseguridad es muy fuerte. Les duele que les haya dicho que el sistema está corrompido, que estando encerrada, mi voz se escuchó”.
TORTURA, AISLAMIENTO, TRARO CUEL POR 22 MESES
El carisma y el liderazgo que caracterizó a Nestora Salgado García cuando encabezó con un grupo de ciudadanos el levantamiento armado contra la inseguridad en su natal Olinalá, en octubre de 2012, no disminuyó una pizca en casi dos años de prisión y una huelga de hambre de 31 días, suspendida hace dos semanas y media.
Aunque se nota frágil y parece más pequeña enfundada una enorme pijama de franela de colores pastel, en la habitación del hospital de la prisión de Tepepan, de la ciudad de México donde está confinada.
La coordinadora de la Policía Comunitaria (PC) de la CRAC fue trasladada del penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, a la prisión de la Ciudad de México, mientras mantenía el ayuno por su libertad y de los presos políticos, como una de las medidas cautelares que ordenó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Se mostró con una larga y reducida melena sujeta en una coleta alta, el fleco a los lados, los ojos delineados y la sonrisa puesta. Su rostro se apagó al despedirse y cuando recordó las vejaciones contra niños de la población, que no se habían denunciado públicamente, sólo ante mandos castrenses y el entonces Gobernador, Ángel Aguirre Rivero.
Agradeció el apoyo a su causa, pero insistió en que no la dejen sola porque está segura que no será la justicia el mecanismo para salir de prisión, sino el respaldo y presión de los ciudadanos.
Por su lado, aseguró que se mantendrá firme en honor a los luchares y activistas asesinados, a los 43 alumnos desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa y las víctimas de la violencia del Estado.
“Si yo salgo libre de esto, porque tengo fe (de que así ha de ser), si tengo que dejar mi vida en esto (la lucha), lo voy a hacer, no me voy a callar, no tengo miedo, soy alguien que confía en el sistema de reeducación de los pueblos (de la CRAC), creo que sí podemos cambiar mucho no sólo en Guerrero, también en el país”.
Sin embargo, añadió que mientras la gente que todas las noches ve dormir a sus hijos, que sale a trabajar por ellos, no está dispuesta a defenderlos, no habrá cambio posible.
“A mí no me han acabado, a pesar de todo, no me han doblegado en el espíritu ni en el corazón”. Señaló que la amarga experiencia en prisión también le deja muchos aprendizajes, que lo que se gana una persona metiéndose con la delincuencia es la cárcel o la muerte.
Aclaró que si antes se paró a hablar ante la gente, ahora más puede dirigirse a los jóvenes, “tengo las palabras exactas para decirles lo que es la cárcel, para pararme ante ellos y decirles lo que he vivido, la cárcel no cualquier la aguanta”.
Precisó que no concluyó la secundaria, “pero tengo un corazón que siente, soy una madre, esposa, soy muy sensible y no puedo cerrar los ojos ante los abusos”.
Pareciera que la intención del Estado no es doblegar con prisión y maltrato a la líder, sino amedrentar a los que se quedan en libertad.
LA LUCHA DESPUÉS DE SU DETENCIÓN
La luchadora social de doble nacionalidad, mexicana y estadunidense, siempre lució impecable en las fotografías que se difundieron en 2013, durante las negociaciones del gobierno de Guerrero y la CRAC-PC, que arropó a la Policía Ciudadana de Olinalá que surgió como el primer movimiento espontáneo de autodefensa en Guerrero.
El 21 de agosto de 2013 fue detenida en las afueras de Olinalá por soldados del Ejército, que luego la entregaron a efectivos de la Marina para su traslado a la delegación de la PGR en Chilpancingo, pero en el documento de puesta a disposición en el Ministerio Público, firmaron policías ministeriales, denunció.
Detalló que la llevaron a gran velocidad a Chilpancingo vía terrestre, en la delegación de la PGR le hicieron un chequeo médico. De la capital la trasladaron en un helicóptero a Acapulco, en una camioneta la trajeron de un lugar a otro, y escuchó que no se ponían de acuerdo en la prisión a la que la iban a llevar: Chiapas, las Islas Marías o Nayarit.
Primero estuvo en el hangar de aviones, luego en un edificio donde sólo recuerda que cruzó un portón, un pasillo y la llevaron a un cuarto como de hospital, donde la volvieron a revisar, que no estuviera golpeada, y le dijeron que descasara un poco, porque saldrían temprano.
Al amanecer la subieron a otro avión y el copiloto le preguntó si ya había declarado, respondió que no, y la regresaron a un pasillo donde al cruzar vio a presos tejiendo hamacas. Entró a un cuarto vacío donde estaba un agente del Ministerio Público y le presentó a un joven como su abogado de oficio.
Al ver al juez dijo que sintió confianza porque participó en una reunión de coordinación de agentes del MP con la CRAC, “me sentí segura porque él sabía que yo era coordinadora de la Policía Comunitaria”.
Afirmó que en Acapulco nadie le dijo que estaba detenida, ni que aquello se trataba de una audiencia. El mismo abogado -que no la asesoró ni habló con ella por separado-, aceptó que todo estaba muy raro, porque le reveló que vivía muy lejos y habían ido por él hasta su casa, y no era común.
Cuando le dijeron que fue acusada de secuestro por algunas adolescentes, respondió: ciertamente, reconozco que fueron detenidas y llevadas a reeducación a petición de sus madres y tengo las cartas para ponerlas a su disposición.
También le dijo que era ciudadana americana y era necesario avisar la embajada, “esto aquí no sirve”, le respondió.
A la distancia, reconoció que sintió miedo cuando escuchó que la llevarían a las Islas Marías, “mejor llévenme a Chiapas”, dijo esperando que atendieran su petición.
A la 1:30 de la tarde del 22 de agosto, entró al penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit. Hasta ese momento la directora del penal supo que era comandante de la CRAC y se mostró sorprendida. Dos meses después le permitió comunicarse vía telefónica con su familia.
La mantuvieron aislada la mayor parte del tiempo, le dijeron que por su seguridad, pero Nestora aseguró que las condiciones de riesgo de su integridad las crearon las autoridades penitencias al difundir que era integrante de la Policía Comunitaria y que combatía al crimen organizado, donde la mayoría de las presas se identifican como zetas y golfos, en alusión los cárteles del narcotráfico.
No recibió el kit de limpieza que tenían las demás internas ni la mica que en la cárcel se usa como espejo, sólo después de quejarse y por la intervención de sus abogados, recibió un cortauñas.
Denunció que el estudio que elaboró la psicóloga del penal se usó para torturarla. “¿A qué le teme en la vida”, le preguntó, “creo que a la oscuridad”, le dijo, y precisamente el primer módulo donde la encerraron era de ocho celdas deshabitado, oscuro y sucio. A pocos días enviaron a una muchacha “de castigo”.
Después estuvo en el área de maternal, nuevamente sola. Cuando estuvo en una celda mantenían la luz prendida día y noche, no le permitían ir al comedor con las otras presas ni participar en talleres o actividades del penal. En diciembre fue excluida de los festejos de fin de año. Nadie le hablaba, no podía caminar ni hacer sus terapias para la espalda, afectada por un accidente carretero, sintió que su salud se deterioraba sin ejercicio ni dieta adecuada.
En Nayarit también escuchó muchas historias que la afectaron emocionalmente y comenzó a tener pesadillas de mucha violencia, “tenía miedo de todo”, reconoció.
Las revisiones, distinto a las demás internas, con ella eran más exhaustivas, como si representara el mayor peligro, pese a que nunca la encontraron infringiendo alguna regla. A la fecha se pregunta, “¿quién soy yo?, ¿por qué a mí?”, como para explicarse el trato tan diferenciado y agresivo.
En estas condiciones, las presas le preguntaban si estaba loca o enferma, si tenía sida, para comprender su situación.
En la prisión de Tepepan, en una bonita zona residencial, exorcisa aquellos recuerdos con las fotografías de sus hijos y sus nietos pegadas a la pared del hospital, además de la lectura de novelas latinoamericanas, como Cien años de soledad.
“Veía una discriminación muy fuerte y (las autoridades) se enojaban porque me quejaba de todo”. Un día, una oficial al escuchar su queja le dijo que pidiera su amparo, “qué no eres tú la mujer de los amparos”, le recriminó.
LA HUELGA DE HAMBRE
Reveló que el día que se instaló en huelga de hambre pidió más comida y se la negaron. Entonces, dijo a las custodias que ya no iba a comer y en respuesta le iban a dar una infracción de entre 30 y 35 días de castigo. Quiso explicar que era injusto y comenzó a llorar.
“Me sentí enojada, frustada”. “Ah, todavía chilla”, se burlaron.
“No preparé mi estómago, sufrí hambre, pero se me hizo muy cruel” que negaran el alimento y elaboró un acta de que estaba en huelga de hambre.
Al siguiente día la llevaron al comedor a la misma hora que a las demás internas, a tomar una charola y recibir la comida, no la probó y la obligaron a llevar la charola a su celda. Ese día, a través de un abogado de Atención a Víctimas, avisó a su hija Saira Rodríguez que se declaró en huelga de hambre.
Los primeros días sintió que se iba a quedar ciega, se le nubló la vista, tenía mucha presión en el oído, “es bien fea el hambre”, pero entre el cuarto y el quinto día se deja de sentir, a los seis y ocho días, el estómago deja de moverse, explica.
Pasaron los días y nada cambió, “decidí dejar de tomar líquidos, estaba dispuesta a morirme ya”, y comenzaron a llevar agua de frutas con hielo a su celda, “es un martirio y es ilógico”, les decía a las custodias, pero -ellas- “se reían”, y decían, “son órdenes”.
Sin agua, “empecé a sufrir de sed”. Detalló que en tres días su piel y su pelo estaban secos.
A 31 días sin alimentos y cinco días sin líquidos levantó su protesta. Ya se encontraba en en el penal del DF y los presos de la CRAC, en el Altiplano, Estado de México, Gonzalo Molina y Arturo Campos, se dirigían a penales de Guerrero.
Señaló que el Estado mexicano miente cuando dice a la CIDH que está bien de salud luego de un mes sin alimentos y un año y diez meses en prisión en deplorables condiciones, “ya no soy una jovencita –tienen poco más de 40 años–, necesito vitaminas, calcio y hierro”, que no ha recibido este tiempo.
Cuestionó que el ejemplo que las autoridades mexicanas dan a los ciudadanos, sea la simulación y la violación a las leyes, “no les importa la legalidad ni la opinión de organismos internacionales”.
A la distancia, ve a Guerrero como un estado con mucho miedo, pero también a un gobierno con temor del pueblo y sin control de los marinos, soldados y policías, “por eso reprime y criminaliza a quien denuncia y exige justicia”.
