El asesinato del periodista Jesús Adrián Rodríguez Samaniego merece nuestra más fuerte reacción y la exigencia de pronta justicia y reparación integral del daño a la familia, sin embargo, han sucedido tantos homicidios en el país que ya los asumimos como normales, como objeto de estudio y curiosidad.
Con su muerte llegaron reclamos de justicia, la defensa del periodismo y de la libertad de expresión (y resurgió el imbécil que exige que se le investigue y revelen sus negocios), como si fuera diferente del homicidio de un joven narcomenudista que se quedó con el importe de la última entrega de mariguana que le encargaron para su venta.
Alzamos la voz por el periodista, pero pasamos la página en el caso del joven; entendemos que en este último caso el asesinado estaba en zona de riesgo y vemos su muerte como algo natural, esperado, incluso, hay quienes lo ven merecido.
Precisamente en estas exigencias de justicia, persecución de los asesinos y aplicación rigurosa de la ley de los que atentaron contra quienes tuvieron una vida ejemplar, es donde la sociedad discrimina y poco a poco ha ido justificando las ejecuciones.
Desde el punto de vista derechohumanista, ambos crímenes son iguales porque atentaron contra el derecho fundamental: la vida. Desde la perspectiva jurídica ambos delitos son iguales: homicidios calificados cometidos con agravantes.
Pero desde la opinión colectiva son delitos diferentes: uno es un homicidio cruel, injustificado y que debe castigarse con todo el peso de la ley; el otro es un homicidio explicable que no merece justicia.
Es precisamente con esta discriminación con la que el Estado encubre su ineficacia operativa, o incluso su complicidad criminal, y cuando se le presenta un homicidio relevante, encasilla a los reclamantes en una polémica sobre el “buenvivir” del occiso.
Sólo cuento un caso: cuando un joven de buena familia fue asesinado, me contrataron para coadyuvar en la persecución de los criminales pero al encontrar que el joven en vida había sido homosexual y que en el fondo había un crimen de odio, la familia, pese a tener muchos datos clave, suspendió toda colaboración en la búsqueda de los culpables porque no quería que se supiera la homosexualidad de su hijo. El crimen quedó impune.
Precisado lo anterior, es indispensable qué la unión para forzar la aplicación de la ley a los autores del homicidio de Jesús Adrián Rodríguez Samaniego sea fundamentalmente porque se privó de la vida a un ser humano y la privación de la vida no está autorizada por la ley.
Exijamos justicia en su caso porque lo conocemos, porque fue amigo de muchos ciudadanos y de los medios de comunicación, y formemos los comités y grupos necesarios para exigir el castigo a los culpables y la reparación del daño causado a sus familiares.
Cierto es que es un crimen que vulnera el ejercicio de la libre prensa, pero cuando uno ve morir a un colega de manera violenta, inmediatamente se imagina lo que significaría para los nuestros si la siguiente víctima fuera uno mismo.
En lo personal, aunque me alarma cuando matan a algún abogado, no es porque considere que los periodistas y los legistas deban ser más respetados que cualquier otro ciudadano, sino porque era una persona cercana a mí, un amigo.
No debemos aceptar ni discutir bajo ninguna circunstancia las condiciones de vida de Rodríguez Samaniego, sólo interesa el hecho de que fue asesinado a mansalva, y eso es lo que se debe perseguir.
Seamos claros en nuestra postura: no aceptamos el homicidio doloso en ninguna de sus formas o contra ninguna persona, sea quien sea; y exigimos la captura y castigo de los culpables materiales y autores intelectuales del homicidio de Jesús Adrián Rodríguez Samaniego, y reparación del daño causado a sus familiares.
