Parece lejana aquella portada de la revista Time dónde arropaba a Enrique Peña Nieto como el salvador de México. El gran transformador de un país inmerso en la zozobra producto de un infinito espiral de violencia. El Presidente que llegaba a acuerdos con las fuerzas políticas y los dueños privados de este país. Ese jefe de estado que sorprendió y generó el rumor de “él sí puede”. Ese Presidente cometió un error que hoy le cuesta caro (nos cuesta caro). Apostó -vehementemente- por crear una imagen y narrativa del estado que guardaba la nación el cual no era el real. Se aventuró a desaparecer ficticiamente la violencia. Por arte de magia, la crueldad de las calles y la inseguridad pasaron a páginas interiores y a ser notas de relleno en noticieros de la televisión. Los principales diarios y la televisión aceptaron la invitación de la casa presidencial para desterrar las notas de violencia.

Las grandes reformas daban pie a los grandes titulares. El afán del Presidente por distanciarse del discurso oficial de Calderón hizo que en verdad pensara que la ausencia de información provocaría una sustancial disminución de la violencia contra la sociedad en la vida real. La obsesión por la imagen y la ausencia de soluciones reales desembocó en la peor crisis de derechos humanos en muchos años. El Presidente, flanqueado por algunos medios importantes, pensó que las simples palabras iban a cambiar la realidad. Hacer cambios reales iba a ser imposible, considero. Mejor mirar para otro lado y administrar los problemas urgentes.

La desaparición forzada de 43 normalistas despertó al Presidente de su idilio mediático. Rompió el encanto de la curación informativa benevolente a Peña Nieto. La violencia no engaña, no aporta tregua. La violencia sigue creciendo aunque no se quiera ver. Las desapariciones forzadas, actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales son actos sistemáticos en nuestro país. Reformar Pemex y las telecomunicaciones parece intrascendente mientras graves violaciones a derechos humanos son solapadas por el mismo sistema político. Abrimos mercados y cerramos libertades. Se propaga el miedo sin reparar que éste no tiene cabida en una sociedad democrática. Pero ¿en verdad estamos construyendo una democracia? Porque muchos sentimos que navegamos en un país intencionalmente a la deriva.

Hay dos textos de Ciro Gómez Leyva que me han llamado la atención: “Presidente, usted no mató a los jóvenes de Ayotzinapa” y “No a la deshonestidad intelectual, fueron los hijos de puta”. En ambos textos el periodista toca un tema central: ¿Quién es el responsable por la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa y a quién, como sociedad, le tenemos que exigir justicia? La pregunta se complementa con la posición pública de Enrique Krauze que señaló en Twitter: “Comparto la exigencia ciudadana de justicia hecha al Estado; pero estoy esperando la primera manifestación ciudadana contra los criminales”. La sugerencia de Krauze, en otras palabras, invita a que la sociedad demande que los criminales se ciñan a la ley y el estado de derecho. Ambos incitan a que incorporemos a los delincuentes en el debate público y en las exigencias que emanan desde la sociedad para tener una interlocución durante el proceso de demandas de justicia.

El periodista y el intelectual muestran un serio y preocupante déficit de conocimiento de derecho internacional público y claridad sobre lo que quiere decir Responsabilidad de Estado.

La responsabilidad de estado se basa en el principio de que el Estado es el responsable de toda violación por acción u omisión de derechos humanos. “Para que la responsabilidad del Estado por violación de derechos humanos se actualice deben concurrir los siguientes elementos: i) acción, omisión del Estado (órganos, servidoras o servidores públicos y particulares con la anuencia del Estado), ii) que vulnere un derecho humano y iii) una resolución del órgano competente que así lo declare.” No me extiendo por prudencia y espacio, pero aquí un texto que sugiero para corregir la falta de conocimiento de la que sufren el periodista y el intelectual.

Por lo anterior, señor Krauze y Gómez Leyva, yo no les hablo a los criminales. No apelo a su bondad y disminución de su crueldad. No coincido que son o pueden ser interlocutores porque la sociedad le habla al Estado y a las autoridades que tienen responsabilidades para hacer valer las leyes nacionales e internacionales. No apoyo su noción de restarle la responsabilidad al Estado para transferirla a todos aquellos forajidos que están fuera de la ley. No señores, de ellos, yo no espero nada. Yo espero, según lo sustenta lo sustenta mi derecho, que el Estado brinde las garantías y salvaguardas de protección de los derechos humanos de la sociedad. El tufo que me deja la idea planteada por ellos es la de solapar una victimización del Estado.

“El gobierno federal no los mató”, arguyó Gómez Leyva en un primer texto esbozando una defensa ante los ataques contra Peña. En efecto, Peña Nieto no cometió con sus propias manos el crimen de lesa humanidad. Pero el crimen de Ayotzinapa es un crimen de Estado, no es un crimen menor cometido por funcionarios menores. La omisión de los aparatos de inteligencia que no alertaron del crimen la de aquellos encargados de la gobernabilidad y seguridad son elementos indispensables para sustentar que el crimen es de Estado. Por ello, cuando el caso llegue a cortes internacionales se enjuiciará al Estado como tal. Les aseguro que una de las líneas argumentativas ante las cortes internacionales será la descrita.

Confieso que me irrita observar la intención de librar de responsabilidad a las más altas autoridades. El análisis fino apuntaría a determinar por qué tan públicos personajes buscan restarle responsabilidad a Peña Nieto como Jefe de Estado y como uno de los responsables por la crisis en la que vivimos. Dudo que sea fortuito o coincidencia, sino más bien el discurso que comenzará a aparecer en algunos medios de comunicación para moldear la opinión pública y esconder dentro del mar informativo la falta de resultados científicos en las investigaciones del caso Ayotzinapa.

Es seguro que la cobertura del caso de Ayotzinapa comenzará a dar un giro en el tipo de información que hasta ahora ha estado en los principales medios. El foco mediático en la esporádica violencia en marchas tomará relevancia, los dichos de las autoridades seguirán siendo la columna vertebral de las noticias y paulatinamente comenzará a entrar en la agenda informativa la siguiente crisis que ayudará a fortalecer el control de daños desde el Ejecutivo, y no así la justicia para los 43 estudiantes de la Normal. ¿O cómo explicar que el Ejército aparezca en el 90% de las primeras planas de los principales diarios?

Imposible dirigirnos a los criminales, señores, este argumento carece de lógica elemental. El responsable es el Estado, y dentro de este hay responsabilidades individuales desde el Presidente Peña hasta el Presidente Municipal. Además, es imposible responsabilizar a los criminales, porque inclusive su existencia se debe a las fallas del propio Estado.

No nos confundamos quiénes son los responsables y a quiénes nos tenemos que dirigir.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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