Dicen mucho los primeros actos del líder cuando asciende al poder. En la política, todo son mensajes a amigos y enemigos. Nada es fortuito en la esfera pública. El intercambio de mensajes da para estar leyendo el entrelineado de la prensa. Enrique Peña Nieto ha decidido mandar un mensaje sobre transparencia y el combate a la corrupción. No hay persona que no tenga opinión al respecto, no hay persona que no afirme que nuestro sistema corrupto abarca todos los ámbitos de nuestra vida nacional. Es un tema en el que nos reconocemos como sociedad y que difícilmente despierta debate en la priorización de los temas de la agenda nacional. El equipo del presidente electo atinó en el tema con el que irrumpe en la escena social ya como presidente electo.

Pensamos que somos un país de leyes e instituciones. Si echamos un vistazo a las reformas constitucionales, a las leyes especiales, a la creación de instituciones de todo tipo, podemos concluir que para eso sí somos buenos. La desilusión es cuando ante tanta ley, reformas o instituciones, las libertades y derechos no avanzan de acuerdo a los esfuerzos realizados. No descalifico los avances normativos o institucionales, pero reconozco que los resultados son pírricos ante una realidad desoladora. Resulta un tanto ridículo ponerle tanta atención al marco normativo cuando claramente el estado de derecho (basado en el respeto irrestricto a la ley) se cumple de manera parcial.  En el ámbito de derechos humanos, los avances en la última década han sido, por decir lo menos, escasos. Por lo anterior, no sería imprudente señalar que somos un país de simulaciones. A través de éstas hacemos como que atendemos problemas sociales de gran envergadura. La simulación más grande en el ámbito de los derechos humanos, es la CNDH. Que más allá de proveer algunos informes relevantes, su ámbito de eficacia a la hora de proteger y defender los derechos humanos la coloca como la gran simulación que “únicamente” nos cuesta 1,300 millones de pesos al año. Eso sí, la simulación beneficia los bolsillos de una gran legión de burócratas.

Por lo tanto, la sospecha que levanta la iniciativa de Enrique Peña Nieto para fortalecer al IFAI está bien fundamentada en la evidencia de las simulaciones que tanto pregonamos. Al mismo tiempo, el presidente electo presenta una iniciativa para combatir la corrupción la cual de entrada advierte que no tiene la intención de fortalecer el sistema de combate a la corrupción, sino parchar algunos ámbitos de ésta.

A pesar de existir ciertas críticas al trabajo del IFAI (porque las hay) es una institución que ha aguantado los embates de la administración pública del gobierno de Felipe Calderón. La intención peñista es volver a modificar entre otros el artículo sexto constitucional (esta sería la tercera vez). Se puede advertir, según Artículo 19, algunos aspectos positivos de la iniciativa peñista como son: la dotación al IFAI de autonomía constitucional eliminaría la subordinación a la administración pública federal. Solucionaría el problema de controversia judicial de las decisiones del IFAI que no favorecen a órganos públicos el cual ha sido un recurrente problema en los últimos tiempos y daría facultad para que el IFAI presente acciones de inconstitucionalidad.

Algunos aspectos que generan preocupación de la iniciativa serían: proponer una reforma constitucional sin una reforma legal que le dé sustancia a muchos temas que se dejan “a posterior resolución en la ley” es sumamente peligroso. En otras palabras, se debería haber presentado el contenido de una ley general que atacara todas las dudas que genera una reforma constitucional por su generalidad. Otorga más facultades al IFAI pero no mayores capacidades sancionatorias en caso de incumplimiento por parte de los sujetos obligados resulta inoperante y reforzaría la idea que el derecho al acceso a la información es meramente decorativo. Una grave deficiencia es la manera en que aborda el tema de selección de comisionados para el pleno del IFAI, principal obstáculo para la independencia y buen funcionamiento del órgano. La intención de la iniciativa es dotar de dos comisionados más, hecho que no se ve mal siempre y cuando el mecanismo de selección cumpla con los criterios de transparencia, idoneidad e independencia más altos.  La redacción es poco prolija y puede causar problemas de interpretación. En la exposición de motivos se señalan temas que no se reflejan en las modificaciones al texto constitucional, como la inclusión de nuevos sujetos obligados. A pesar de la urgencia de poner otros sujetos obligados, la iniciativa no extienden las obligaciones de transparencia a otros sujetos obligados como fideicomisos públicos, partidos políticos y municipios. La iniciativa no delinea claro el plan para crear una Ley General y su relación con la existente Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hecho que puede derivar en generar un caso de duplicidad. No especifica cuáles serán los contenidos y objetivos de una y de otra.

Fortalecer al IFAI sin duda es una intención loable. Sin embargo, los grandes problemas de transparencia no se derivan de una debilidad del instituto de acceso a la información, sino más bien de intención funestas de dependencias como la PGR, SAT, PEMEX, CNDH que encuentran cada vez más artilugios legaloides para no cumplir con las decisiones del IFAI. Lo que está por decantarse es qué tanto es cierta la intención de fortalecer el régimen de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información en la próxima administración. El tema está puesto, pero el diablo sí está en los detalles. Ahí la suspicacia de que estamos frente a una nueva simulación.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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