El 9 de agosto, justo cuando se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, fue asesinado y descuartizado con saña Lorenzo Froylan de la Cruz Ríos, un joven de apenas 20 años integrante de la guardia de la comunidad indígena nahua de Santa María de Ostula, del municipio de Aquila, en Michoacán, en la costa del Pacífico y con límites con Colima y Jalisco.

Con firmeza, las autoridades comunales acusaron al CJNG de esta ejecución. “Con profunda pena y rabia informamos que el día de hoy [10 de agosto], alrededor de las 00:20 horas, a la altura del kilómetro 129+700 de la carretera Coalcoman-Aquila, en el municipio de Chinicuila, fue localizado el cuerpo, despedazado y sin vida, de nuestro hermano y compañero Lorenzo Froylan de la Cruz Ríos, quien el 1 de agosto había sido ‘levantado’ por un comando del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mismo que finalmente lo ejecutó de manera extrajudicial y salvaje”. Con Froylan de la Cruz van diez comuneros de Aquila asesinados en lo que va del año, y en la mayoría se acusa al CJNG como responsable, pero siempre con la complacencia de las autoridades civiles y militares que permiten a los sicarios actuar con absoluta impunidad.

La muerte de Froylan de la Cruz recuerda el brutal asesinato de uno de los dirigentes e la comunidad de Santa María Ostula, José Trinidad de la Cruz, Don Trino, ocurrida el 6 de diciembre de 2011. Ese día una caravana de observación y solidaridad integrada por periodistas, activistas sociales, académicos partieron de Tuxpan, Jalisco con la intención de documentar las violencias que estaba padeciendo la comunidad de Ostula. Pero la caravana no pudo cumplir su cometido. “En su trayecto fue abandonada por la patrulla de la policía federal que ‘resguardaba’ nuestra  seguridad y poco después, al ir saliendo de Xayakalan, fue emboscada por un grupo armado que nos secuestró durante aproximadamente 40 minutos, tiempo en que torturaron a Don Trino, cuyo cuerpo sin vida fue localizado un día después. El cuerpo de Don Trino presentaba una oreja cercenada, cuatro disparos de armas de fuego y múltiples signos de tortura”, contaron cinco años después los integrantes de dicha caravana (https://subversiones.org/archivos/120360).

Como se puede ver, la comunidad de Santa Martía de Ostula ha pagado un altísimo precio en sangre, asesinados, desaparecidos, torturados y desplazados para defender su territorio bendecido con ricos bienes comunes que son codiciados por agentes económicos, entre ellos los minero, talabosques, del narcotráfico y crimen organizado.

Justo para poner la atención en la situación que viven los pueblos originarios, como Santa María de Ostula, la ONU decretó, desde diciembre de 1994, la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas cada 9 de agosto, en recuerdo de la primera reunión, en 1982, del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas.

En el mundo hay 476 millones personas indígenas, que representa apenas 6 por ciento de la población mundial pero habitan y protegen las tierras donde existe 80 por ciento de la biodiversidad del planeta. Los pueblos indígenas son guardianes, también, de la diversidad y riqueza cultural del mundo: hablan la mayoría de las 7,000 lenguas del mundo y producen saberes distintos a los hegemónicos para relacionarnos de modos diversos y respetuosos con la naturaleza y todos los seres vivos.

Cada Día Internacional de los Pueblos Indígenas los gobiernos del mundo elogian a estas poblaciones y presumen sus políticas hacia ellos. Así lo hizo este 9 de agosto Andrés Manuel López Obrador al anunciar, por decreto presidencial, la protección de los sitios sagrados de pueblos indígenas de Jalisco, Nayarit, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas. Y dijo en la ceremonia: “He instruido a todos los servidores públicos para que den cumplimiento efectivo a este decreto y pongan alto a todas las agresiones, invasiones a sus tierras y lugares sagrados. Se trata de la raíz de los planes de justicia que impulsa el Gobierno de la Cuarta Transformación con el objetivo de responder a históricas necesidades de las comunidades indígenas tras décadas de abandono en el periodo neoliberal”.

Según Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), el actual gobierno “ha hecho un esfuerzo sin precedente para atender los rezagos históricos de los pueblos indígenas y afromexicanos”, y sostuvo que “No hay en la memoria de nuestro país, un presidente que haya visitado tantas veces a todos los pueblos indígenas de México”. La política del gobierno de la Cuarta Transformación hacia los pueblo indígenas y afromexicanos, dijo Adelfo Regino, se basa en el diálogo, los planes de justicia y desarrollo integral que se han firmado con algunos pueblos como los yaquis, y una inversión de más de 252 mil millones de pesos, 40 por ciento más que el sexenio anterior.

Pero la realidad es distinta a los discursos presidenciales, como bien se contrasta con la violencia extrema que ha padecido la comunidad de Santa María Ostula y otros pueblos originarios de Michoacán. El mismo 9 de diciembre, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, anunció la toma de siete carreteras en el marco del Día Internacional De Los Pueblos Indígenas.

Todos los pueblos originarios del país, desde del norte con los yaquis y rarámuris, pasando por el sureste con las comunidades indígenas de Guerrero y Oaxaca, hasta Chiapas, padecen distintas formas de violencias. A veces provocada por grupos criminales, otras por paramilitares y muchas veces propiciada por el impulso de los megaproyectos, como señaló el Frayba, el centro de derechos humanos: “Nos preocupa el creciente proceso de remilitarización y militarismo que se vive en el país, especialmente en Chiapas y la región sureste, cuyo territorio es de una gran relevancia geoestratégica para las obras de infraestructura del gobierno mexicano que lleva en su esencia la continuidad del despojo hacia los pueblos con el Tren Maya, Corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec y la Refinería Olmeca en Dos Bocas”.

En Chiapas no tienen duda de que lo que enfrentan es una guerra en su contra, una guerra que supone la reproducción sistemática de violencia que se impuso contra los pueblos originarios desde la Conquista y durante la Colonia.

Si bien las comunidades indígenas chiapanecas han visto aumentar las violencias en sus comunidades desde el alzamiento zapatista del 1º de enero de 1994, recientemente se ha recrudecido. En un comunicado emitido el pasado 5 de julio, el Espacio de Coordinación Nacional Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas, asentó: “Chiapas es México, y en Chiapas se concentran hoy muchas de las violencias que aquejan a todo el territorio mexicano. La guerra que se impuso a nuestro país desde Estados Unidos, y que Felipe Calderón se dio a la tarea de profundizar, hoy alcanza todo el territorio nacional (…) Chiapas es México, y como en todo el país, Chiapas vive tiempos de extorsión, balaceras, desplazamientos forzados, trata de mujeres y migrantes, tráfico de drogas, secuestros, asesinatos de personas defensoras del territorio, de periodistas, de feminicidios…”.

La realidad es que más allá de las intenciones y de los discursos de los gobernantes, los pueblos indígenas del país viven una guerra sistemática en su contra.

Rubén Martín

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Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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