Durante los cinco años de Uriel Carmona Gándara como titular de la Fiscalía de Morelos, la administración se caracterizó por un trato deficiente ante víctimas de delitos como desaparición y feminicidio, poca transparencia y un trabajo deficiente que sumó al clima de impunidad en el estado, destacaron analistas.
Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).– Uriel Carmona Gándara, actualmente detenido, ha estado cinco años al frente de la Fiscalía de Morelos, a la que llegó en febrero de 2018 cuando el entonces Gobernador Graco Ramírez lo nominó para el cargo. A lo largo de su administración, estuvo marcado por polémicas y la exigencia de la sociedad por brindar mejores resultados contra la impunidad en el estado.
El viernes 4 de agosto el Fiscal morelense fue detenido por autoridades federales y de la Ciudad de México por posiblemente entorpecer la justicia en el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda López.
En el 2021, la organización Impunidad Cero calificó a Morelos como el segundo estado con la peor procuración de justicia con 36.1 puntos en el ranking de su “Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2021”, sólo por detrás de Puebla, que registró 36 puntos.
El índice elaborado por la organización contempla indicadores como canales de recepción de denuncias, transparencia de las instituciones, carga de trabajo promedio por fiscal o agente del Ministerio Público, probabilidad de esclarecimiento de los delitos, entre otros.
En este sentido, el activista Roberto Salinas de la organización Morelos Rinde Cuentas consideró que la Fiscalía de Morelos, a cargo de Uriel Carmona, tuvo un desempeño reprobable. “Nos parece que es una Fiscalía deficiente y sin transparencia. En términos generales, no hay un desempeño adecuado de la Fiscalía”, expuso.
Al momento del nombramiento de Carmona Gándara como Fiscal, críticos aseguraron que se trataba de una estrategia del perredista para cubrir sus espaldas ante una gestión del Ejecutivo plagada de irregularidades.
“La designación [de Carmona] fue resultado de un proceso muy opaco, y desafortunadamente creemos que se están dando ahora las consecuencias [de ello] (…) nos parece que no hay suficiente resultado no es resultados en materia de justicia”, sumó Salinas.
Y la administración de Carmona frente a la Fiscalía igualmente se marcó por polémicas. En los cinco años de su titularidad, enfrentó un proceso de desafuero, el Gobernador actual Cuauhtémoc Blanco pidió al Congreso evaluar su remoción del cargo tras la investigación de la muerte de Ariadna Fernanda y lo acusó de tener vínculos con el crimen organizado en la entidad, y fue denunciado por activistas por simulación frente a casos como el asesinato del ambientalista Samir Flores.
Inclusive, a lo largo de su titularidad, la Fiscalía de Morelos recibió múltiples recomendaciones de parte de la Comisión estatal de Derechos Humanos (CDHM) por tortura, actos contra el acceso a la justicia, tortura psicológica, retención ilegal, privación ilegal de la libertad; tratos crueles, inhumanos y degradantes; violaciones al derecho a la vida, al derecho a la debida diligencia, entre otros.
ÍNDICE DE IMPUNIDAD
De acuerdo con Impunidad Cero, en el 2016 la Fiscalía de Morelos contaba con alrededor de 14 fiscales o agentes del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, la cifra disminuyó para el 2018 a 11, y aunque volvió a incrementar posteriormente, para el 2020 era de aproximadamente 13, todavía por debajo de lo que tenía en 2016.
Igualmente, identificó que para el 2020 cada fiscal o agente del Ministerio Público morelense promediaba una carga de trabajo anual de 165.3 casos, más que la cifra nacional de 135.9 casos.
“La Fiscalía tiene muchas cuentas pendientes, muchos casos que resolver y no lo ha hecho, desafortunadamente, por un mal desempeño, y pues quizás este podría ser también de los desafortunados trabajos que se hayan hecho”, señaló Roberto Salinas de Morelos Rinde Cuentas. “Nos parece que las consecuencias de una Fiscalía como la que hemos tenido y tenemos ahora genera impunidad. Nos parece que sí es parte de una institución que en lugar de brindar justicia, genera impunidad”.
Con respecto al presupuesto per capita ejercido por dicha institución, detectó para 2020 un promedio de 389.6 millones de pesos, apenas 9.1 millones por encima de la media nacional.
Por su parte, World Justice Project identificó a Morelos en la posición 31 de 32 estados en el Índice de Estado de Derecho 2021-2022. El puntaje disminuyó desde 2018, cuando tenía una calificación de 0.37 sobre 1, siendo éste el idóneo; hasta 0.35 para 2021-2022.
De los factores que se consideraron para dicha calificación, los puntajes más bajos para este periodo de tiempo correspondieron a “justicia penal”, “orden y seguridad”, “ausencia de corrupción” y “justicia civil”.
DEFICIENTE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
Entre 2018 y 2023, se reportaron 3 mil 386 desapariciones ante las autoridades locales, de las cuales mil 274 –es decir, 38 por ciento– siguen sin ser localizadas; sin incluir a aquellas personas cuya desaparición no fue denunciada ante la Fiscalía o la Comisión local de Búsqueda por falta de confianza o diversos motivos.
Ya en repetidas ocasiones, madres y familiares de personas desaparecidas en el estado de Morelos habían exigido la destitución de Carmona por la falta de avances en la búsqueda de sus seres queridos. Buscadoras del colectivo Familias Resilientes Morelos igualmente denunciaron que el Fiscal se negó a recibirlas en reiteradas ocasiones, y que aseguró que sólo necesitaban equipamiento para “empoderarlas” a buscar a sus familiares desaparecidos.
Desde el Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México de la Universidad Nacional Autónoma de México, un equipo de investigadores revisó la eficiencia de las fiscalías de la región Centro del país en la atención a la desaparición de mujeres. Alvaro Martos, integrante del Observatorio, resaltó que si bien las fiscalías parecían rebasadas en términos de sus capacidades y recursos, en Morelos destacó una falta de voluntad para avanzar en las investigaciones a comparación de los otros estados de la zona.
“Morelos, no es el estado con más desapariciones porque el tamaño de su población es más pequeño y por lo tanto la cantidad de casos que existen es más pequeña (…) pero es el estado con la tasa de mujeres desaparecidas es la más alta por cada 100 mil habitantes”, señaló. “Eso nos habla del incidencia de la desaparición y en relación a las atenciones a víctimas, pues las fallas que ha tenido la Fiscalía”.
El análisis realizado desde el Observatorio, indicó el investigador, dan luz sobre una Fiscalía con acciones deficientes que se ha traducido a la par en una tasa “muy baja” de judicialización de casos y posteriormente, emisión de sentencias, lo cual a su vez reproduce patrones y dinámicas de impunidad.
“[Hay una] sobrecarga de trabajo (…) Entonces cada vez la Fiscalía fue teniendo menor cantidad de ministerios públicos y eso, obviamente aunado al aumento de las desapariciones en Morelos, hizo que la carga de trabajo cada vez fuera más grande y obviamente la atención fuera cada vez más deficiente”, detalló Martos en un primer momento. “Y el segundo problema muy grande que que durante esta administración de Uriel Carmona se agravó tiene que ver con el trabajo de los Servicios Periciales, que tal vez es justo donde se posan ahora los reflectores en caso en el caso de Ariadna Fernanda, donde los Servicios Periciales de Morelos emitieron un dictamen de autopsia que era completamente contrastante con el de la Ciudad de México y con el que posteriormente se hizo en la en la Fiscalía General de la República, entonces eso obviamente impacta en la forma en la cual se atiende a las víctimas, generando en muchos procesos estas dinámicas de revictimización”.
INSEGURIDAD EN LA ENTIDAD
El Inegi, en su Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2021, publicó que el 86.6 por ciento de la población morelense percibía una inseguridad pública en 2020, a comparación del 87.3 por ciento en 2019. Es decir, sí hubo una pequeña disminución en la percepción de la inseguridad en la entidad.
Igualmente, detectó que alrededor del 29.3 por ciento de los hogares morelenses tuvieron, durante el 2020, al menos una víctima de un delito. La tabla de tasa de víctimas de delito por cada 100 mil habitantes para el estado muestra un incremento de 2016 a 2017, seguido posteriormente por un sostenido decremento en la incidencia.
Los robos o asaltos en la calle o en el transporte público tuvo una caída significativa de 2017 a 2018, pasando de 13 mil 971 delitos por cada 100 mil habitantes a 8 mil 552, y tuvo un repunte en el 2019 con 8 mil 988 para nuevamente disminuir en el 2020 con 7 mil 696 casos.
El Observatorio Nacional Ciudadano identificó para enero de 2023 que Morelos tenía una tasa de homicidios dolosos mayor a la nacional, con una variación porcentual de 18 puntos de incremento en homicidio doloso con respecto a los 12 meses anteriores. Sin embargo, el porcentaje de víctimas de homicidios culposos disminuyó en un 19 por ciento con respecto a este mismo periodo de tiempo, y Morelos se mantuvo por debajo de la tasa nacional.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la entidad se registraron entre 2018 y 2022 un total de cuatro mil 483 homicidios dolosos. En el caso de 2022, se reportaron en promedio 3.7 de estas muertes violentas cada día.
Y el Inegi reportó que en Morelos existe una tasa de 90.5 por ciento de delitos no denunciados. Del 9.4 por ciento de delitos que sí se denunciaron, en el 69.5 por ciento de los casos se abrió carpeta de investigación, en 22.7 por ciento no, y en 7.8 por ciento no se especificó.
Desde 2017 a 2020, el porcentaje de cifra negra se ha mantenido con poca variación. Cuestionados sobre los motivos por los cuales se decidió no denunciar, se mencionaron principalmente temas como “pérdida de tiempo” y “desconfianza en la autoridad”.
Además, cuando sí se abrió una carpeta de investigación, en el 48.4 por ciento de los casos “no pasó nada o no se continuó con la investigación”. Es decir, casi la mitad de los delitos denunciados quedaron congelados.
El 27 por ciento de los casos se quedó en trámite, 5.9 por ciento recuperó sus bienes, 4.6 por ciento puso al delincuente a disposición de un Juez, 3.8 por ciento hubo reparación del daño y 2.8 por ciento se otorgó el perdón.
