México es un país violento. Lo afirman las cifras. Allí está la medición integral que hace el Índice de Paz y también los datos que el mismo gobierno proporciona a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Esa violencia nos distingue negativamente afuera. Ahí esta el warning estadunidense que recomienda no viajar a ciertas zonas de nuestro país o hacerlo con precaución. Nuestra violencia nos marca y tristemente, hasta nos define. Es un estigma vergonzoso que impide la llegada de mayores inversiones y que carcome nuestra imagen internacional.
Esa realidad no le gusta a nuestros políticos. Por eso insisten en negarla cada que pueden. Por eso su discurso triunfalista y mentiroso. Pero a pesar de su cara dura, las cifras siguen allí, inmutables. Tan frías como los miles de muertos que venimos acumulando desde hace varios años como consecuencia de muchos factores.
A esa misma realidad la validan otras cifras, las de la percepción ciudadana. Según la última Encuesta de Víctimización del INEGI realizada en 2014, 7 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros (73.3%).
Pues bien, esa violencia no es causa sino efecto. Una consecuencia que nos costó al país la friolera de 3 billones de pesos durante 2014 según el Índice de Paz del Instituto para la Paz y la Economía de Nueva York. Un costo que equivale a 17.3% del PIB y que es resultado de un problema complejo, grande y añejo como lo es el crimen organizado mexicano. Ese negocio que se estima en los 40-50 mil millones de dólares.
Ante ese problema complejo, nuestros abordajes de política pública parecen una caricatura. Seguimos en la lógica militar para operaciones de prevención y contención civil. Le encomendamos al ejército tareas que debería cubrir la policía. Seguimos capturando “objetivos estratégicos” -o sea capos, que luego se nos escapan en cuestión de segundos de penales de máxima seguridad. Ya que se cansaron de gozar de privilegios increíbles como puntos ciegos, pantallas de televisión o visitas de diputadas locales.
La política pública actual de seguridad fracasa en los dos frentes básicos: ni reduce los delitos, ni administra justicia. No es secreto que los índices de impunidad rondan el 98 por ciento.
La estrategia no funciona, por aparatosa y cara que resulte. Ahora vemos como el número de homicidios ha dejado de reducirse y la tendencia se estaciona. A este paso volveremos a tener 20 mil muertos este año y al final del sexenio Peña Nieto compartirá el mote con Felipe Calderón. En 2018 esos 100 mil serán “los muertos de Peña Nieto”.
Entonces, ¿cómo abordar el problema?
Me parece que la violencia que nos atormenta tiene dos causas muy concretas: el mercado ilegal de las drogas y la corrupción institucional.
Primero. Que el narcotráfico y sus variadas diversificaciones criminales es un problema principalmente económico es tan obvio que se nos olvida.
Confundimos nuestro problema de crimen organizado con nuestros problemas de adición a las drogas. Son problemas de naturaleza tan diferente, que creemos ilusamente que detrás del consumo de drogas hay un problema de valores, cuando lo que hay es un asunto de salud pública. Y creemos también, con cierta negación, que detrás del comercio de drogas solamente hay un problema de seguridad, cuando lo mas importante es su raíz económica.
El narco mexicano es un problema complejo de origen económico que involucra conceptos y realidades en otras esferas, como los mercados negros, los vacíos de poder y la falta de oportunidades para la movilidad social en diversas regiones geográficas y en diversos estratos socioeconómicos de la población mexicana. Un problema complejo que precisa de abordajes multidisciplinarios, sofisticados y sustentados en información surgida de la academia y la evidencia empírica.
La drogadicción, en otro sentido, es un problema de salud pública que debe ser atacado desde la prevención, la concientización y la rehabilitación. Y en dirección contraria de la estigmatización y la penalización.
Por otro lado, y en un contexto más grave y peligroso, está la corrupción institucional. Esa corrupción que no es parte del sistema, sino el sistema mismo. La corrupción que surge cuando se han cooptado y pervertido todos los niveles de autoridad en una jerarquía organizacional y cuando no existen controles jurídicos que la prevengan, la acoten y la sancionen de manera ejemplar.
Dicha corrupción corre en dos vías: desde el comportamiento individual, cuando quien se corrompe es alguien con gran nivel de responsabilidad, lo que provoca que su estructura relacionada se corrompa también. Y desde la dinámica institucional, es decir, cuando no hay manera de pertenecer o funcionar dentro de la estructura sin corromperse.
De acuerdo con las cifras más recientes de Transparencia Mexicana, somos uno de los países mas corruptos del mundo al ocupar el lugar 103 de 175.
Y cuando esa corrupción degrada, precisamente, a los cuerpos encargados de la seguridad y la procuración de justicia, entonces estamos ante un problema mayor. La relación entre esa corrupción institucional y el mercado ilegal es un bucle vicioso cuya retroalimentación construye y fortalece al estado narco. Son ambos, causa y efecto de manera simultánea: a mayor tamaño del crimen organizado que controla el mercado ilegal, mayor necesidad de una estructura institucional corrupta en quien apalancarse. Y así sucesivamente.. hasta apoderarse del estado completo.
No exagero. Basta con ver ciertas zonas del país donde no puede darse un paso en ninguna esfera de la vida pública sin que el crimen organizado controle, intervenga, autorice o ya de plano, extorsione. Regiones donde el crimen controla lo mismo el comercio que la política: ¿le suenan Michoacán, Guerrero, Tamaulipas o Sinaloa?
Estamos ante un estado mafioso que crea y consolida una especie de gobierno paralelo. Esa otra autoridad que los habitantes de las zonas más pobres del país tienen tan clara que para arreglar sus problemas acuden con el capo local en lugar de con el Alcalde. Zonas donde la policía sirve al cártel dominante y no a los ciudadanos.
Es tiempo ya de abandonar el simplismo y los tabúes que nos dominan sobre el consumo de drogas, su producción y su tráfico. No podemos seguir en la esquizofrenia de tener un consumo legal mientras penalizamos toda la cadena de suministro. Es la coyuntura perfecta para fortalecer los mercados negros, sobre todo en un país donde el estado es débil y corrupto como México.
Urge poner en la mesa del debate y la discusión pública otras alternativas más cercanas a la regulación del consumo y más alejadas de la visión prohibicionista norteamericana.
Estoy seguro que ese primer paso no vendrá de las autoridades, incapaces de caminar sin calcular el costo electoral que un tema tan polémico como éste pudiera generarles. Por eso apuesto a que esa conversación surja desde la sociedad civil, la academia y los medios de comunicación.
Es tiempo de tomar postura y repensar el narco en sentido amplio. La comodidad de la indefinición ya no alcanza, solo sirve para prolongar el status quo. Un estado de cosas donde los muertos son, en su mayoría, jóvenes sin oportunidades ni educación. Jóvenes encontrados por las mañanas en las periferias de la ciudad, con cinta canela en las manos y algún mensaje como compañía. Jóvenes que a esa hora deberían estar estudiando.
Jóvenes que mueren a diario con un tiro en la nuca, mientras los políticos hacen negocios con el narco y los ciudadanos seguimos en la hipocresía moralina de prohibir que se fumen un “churro”.
