Inversión es lo que la economía mexicana necesita para superar el estancamiento que ha sufrido durante los últimos 30 años, dijeron a SinEmbargo expertos en la materia, para quienes el financiamiento debe centrarse en generar más empleos con mayor poder adquisitivo y más productividad en el país.
Para ello, sostienen que hay cuatro indicadores básicos a los que la administración entrante deberá prestar especial atención: garantizar el Estado de derecho y la certeza jurídica (para dar certidumbre a las inversiones); simplificar la regulación vigente (que ayuda a prevenir la corrupción); desarrollar más y mejor infraestructura (que además de generar empleos, reduce costos y aumenta la productividad); y capacitar y educar al capital humano (para que sea competitivo según las demandas de los diferentes mercados).
El proyecto de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al menos en el papel, es “adecuado” para los analistas consultados. Sin embargo, el virtual Presidente electo tendrá poco margen de acción por las actuales condiciones económicas del país (gasto comprometido, deuda pública, inflación, altas tasas de interés, el Tratado de Libre Comercio…).
Ciudad de México, 13 de julio (SinEmbargo).- La economía nacional se halla “estancada”. Para tener un promedio anual de crecimiento equivalente al cuatro por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) –como fue propuesto por Andrés Manuel López Obrador (AMLO)– el país requiere, sobre todo, de más inversión pública, privada y extranjera. Y para ello, es elemental garantizar el Estado de derecho, simplificar la regulación vigente, tener más y mejor infraestructura, así como educar y capacitar a la mano de obra mexicana, dijeron analistas consultados.
Los expertos explicaron que existen dos maneras de lograr que la economía de México crezca. Una es incrementar el porcentaje de la población que trabaja (ya que entre más empleo haya, más producción se realizará y más servicios habrán). Otra es aumentar la cantidad de producto que cada uno de los trabajadores crea (es decir, aumentar la productividad).
Para obtener estos dos incrementos es necesaria la inversión, explicaron a SinEmbargo los doctores en economía Luis Foncerrada Pascal y José Nabor Cruz Marcelo.
“Cuando China invertía el 45-48 por ciento de su PIB, crecía al 11-12 por ciento. Cuando la India invertía 35 por ciento de su PIB, crecía al ocho por ciento. Cuando Corea del Sur invertía el 30 por ciento de su PIB, crecía al 7-6 por ciento”, señaló Foncerrada, ex director de Política Monetaria y Crediticia en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
México, en cambio, invierte entre el 19 y el 20 por ciento de su PIB (el 13-14 por ciento lo pone el sector privado, tres el gobierno y tres más los inversionistas extranjeros, según cifras del Banco de México). Con este nivel de inversión, dijo Foncerrada, “no hay manera de crecer mas que al dos por ciento”.
En ese sentido, comentó que la falta de inversión actual “fue un error muy serio” del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto (que es la más baja en los últimos 80 años, a excepción del periodo 1997-1998). Las consecuencias de la escasa inversión se verán reflejadas también el año entrante, cuando la economía crecerá entre el 2.3 y el 2.5 por ciento, explicó.
Cruz Marcelo, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indicó que además de la falta de inversión, existen “grandes excesos de gasto público en gasto corriente”. Si la próxima administración logra enmendar este problema, “con un proceso de responsabilidad fiscal en el ejercicio de recursos públicos estatales para evitar más endeudamiento e invertir junto con esquemas de programas regionales de desarrollo económico”, así como lo plantean López Obrador y su equipo de trabajo, podría haber un beneficio concreto, indicó.
Si queremos crecer a un promedio anual de 3.8 o cuatro por ciento, tendríamos que tener una inversión total equivalente al 24 ó 25 por ciento del PIB, explicaron los economistas. Y según Foncerrada, si se aplican las medidas adecuadas, este dinero podría venir del sector privado (dos por ciento adicional), de la inversión extranjera directa (uno por ciento agregado, si además logramos mantenerla como está) y del sector público (uno por ciento más).
“El reto de Andrés Manuel es un reto muy importante, porque va a tener que subir la inversión a esos niveles”, concordaron Foncerrada Pascal y Cruz Marcelo. Y para llegar a la meta, hay cuatro indicadores básicos a los que la administración entrante deberá prestar especial atención:
Uno. Garantizar el Estado de derecho y la certeza jurídica (contractual, de impuestos, derecho de propiedad, etcétera) para que las inversiones sean seguras. Esto implica, sobre todo, corregir los procesos judiciales en que la corrupción y la impunidad pesan mucho más que la justicia (lo que incluye castigos ejemplares).
“Desgraciadamente, en México, tenemos uno de los poderes judiciales más corruptos del mundo, tanto a nivel federal como a nivel local. Entonces, nuestra justicia no existe en el país. Aquí, en México, el que gana un juicio es quien mejor soborna a los jueces; no el que tiene la razón. Y eso detiene la inversión”, sentenció Foncerrada.
Sobre el combate a la corrupción (que absorbe el nueve por ciento del PIB nacional, según cifras del Banco Mundial), Cruz mencionó que enfrentar este cáncer a nivel institucional (en términos de licitaciones transparentes del gasto público federal y del gasto público estatal) “coadyuvaría al crecimiento económico en corto y mediano plazos”, ya que implicaría un uso eficiente de recursos que haría que “el pequeño margen” de inversión se aprovechara de manera efectiva.
Dos. Simplificar la regulación vigente, porque si bien los requisitos para cualquier contratación con autoridades gubernamentales “deben existir”, mientras menos haya, “mejor”. En exceso, la normatividad incrementa los costos operativos, obstruye los proyectos productivos y da mayor cabida a los actos de corrupción (por hacer del soborno, como atajo, una opción atractiva), dijeron los especialistas.
Tres. Desarrollar más y mejor infraestructura para soportar la logística de transporte de insumos, de productos, de bienes y de personas. Para ello, explicó Cruz Marcelo, tiene que haber inversión estratégica e inteligente, porque este tipo de inversión genera empleos, y además, reduce costos y aumenta la productividad.
Según Foncerrada y Cruz, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto “no hubo un plan nacional de infraestructura”, aunque hubo “una lista de ocurrencias que no estaban vinculadas” y que llamaron así.
“No puede ser que [en México] haya una pérdida de horas hombre tan grande por el problema del transporte. Y no puede ser que en un país que ocupa el decimotercero o decimocuarto lugar de las economías del mundo, nuestra infraestructura sea la sexagésimo cuarta o sexagésimo quinta [a nivel mundial] y esté funcionando con una infraestructura ultra subdesarrollada […]. Somos, para nuestro nivel, un país ridículamente escaso en infraestructura”, lamentó Foncerrada.
La infraestructura nacional, además, “tendrá que ir de la mano con una campaña de combate a la inseguridad, porque de nada nos va a servir tener nuevas vías de ferrocarril, por ejemplo, si son asaltadas, bloqueadas y usadas por las organizaciones criminales”, advirtió Cruz. Por el contrario, la situación tendría “efectos negativos en la economía en su conjunto”.
Cuatro. Capacitar y educar al capital humano, ya que en muchos sectores de nuestra economía y en varias zonas del país existe escasez de mano de obra adecuada y, por otro lado, mucha gente busca empleo y no lo encuentra por falta de oportunidades, dijeron los analistas.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), menos del tres por ciento de la población económicamente activa carece de trabajo. Sin embargo, detallaron los economistas, ésta “es una cifra que no representa la realidad” porque las mediciones oficiales sólo consideran a las personas que no tienen trabajo y que buscan empleo (de manera activa) al momento de ser encuestadas.
Al respecto, mencionaron que la tasa de desempleo oficial (3.2 por ciento o 1.8 millones de personas) parece de las más bajas del mundo. Pero que, si consideramos a quienes no buscan empleo (14.6 por ciento u ocho millones de individuos) y a quienes están subempleados (6.8 o 3.7 millones de personas), las cifras se vuelven “muy altas”. Esto se agrava ya que, bajo las condiciones actuales, “no podemos contratarlos a todos” por falta de inversión y por la falta de preparación que tiene la gente (que se resolvería con inversión), comentaron.
CRECIMIENTO MICRO Y MACROECONÓMICO
Más allá del “pequeño motor que han sido las exportaciones”, los resultados en materia económica, al menos de los últimos cinco sexenios, han sido “marginales” y la economía interna de México ha estado “estancada” por falta de inversión, dijo el experto José Nabor Cruz Marcelo.
En términos macroeconómicos, explicó, una economía crece si hay un incremento en la creación de empleos formales bien remunerados, en las inversiones públicas, privadas y extranjeras (sobre todo en infraestructura y productividad), así como en el consumo de productos (nacionales e importados) que depende, en gran medida, de la relación entre el poder adquisitivo y la inflación.
Sobre este último punto, Cruz indicó que en México urge que la demanda tenga más capacidad de adquisición y eso incluye aumentar el salario mínimo. Por eso, dijo que las reuniones de la semana pasada entre AMLO y el sector empresarial “son un buen comienzo”.
El académico recordó que esa es una estrategia parecida a la implementada en la década pasada por el ex Presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, quien hizo reuniones y mesas de trabajo para lograr acuerdos salariales entre gobierno, empresarios y sindicatos.
Si López Obrador continúa con esta estrategia cuando asuma el poder, “podría meternos en un esquema de incrementar los salarios, tal vez, cinco, siete, ocho por ciento. Un incremento [acordado] por arriba de la inflación del siguiente año […]. Y eso también podría servir para un proceso de crecimiento en la economía a mediano plazo”, refirió Cruz.
Por otro lado, señaló que más allá de las proporciones de cada actividad productiva del país –las industriales (sector secundario) y de bienes y servicios (terciario) tienen participaciones equivalentes al 34 y 60 por ciento del PIB, según el Inegi, pero las de producción (primario) no superan el cuatro por ciento– el sector agrícola ha tenido un comportamiento “paradójico” que limita el desarrollo nacional y genera desigualdades sociales.
“El sector agrícola mexicano presenta dos lados de la moneda muy polarizados. Por un lado tenemos la agroindustria del noreste del país [como la de Sinaloa y la de Sonora, por ejemplo] que exporta hortalizas a nivel mundial. Y por el otro, el campo del sur está prácticamente abandonado, no sólo por el tema de la migración, sino también porque las ayudas gubernamentales han dejado de llegar o son inadecuadas”, expuso el investigador de la UNAM.
Cruz Marcelo advirtió que “uno de los grandes retos” de México sigue siendo impulsar al sector agropecuario del sur del país para convertirlo en un campo exportador como lo es el noroeste. Y hay de dos sopas en ese respecto: transformarlo en un sector de producción de hortalizas o en uno de abastecimiento de granos básicos (como maíz, sorgo, trigo, arroz, entre otros).
Según él, la segunda opción es la más adecuada para rehabilitar el campo del sur, ya que además de generar empleos para jornaleros y reducir así la migración hacia Estados Unidos (a mediano y largo plazos), podría causar una reducción de precios debida, en parte, a la liberación de la presión del tipo de cambio de las compras de importación (porque más de la mitad de los granos básicos que consumimos en México son importados).
Para los analistas económicos, las soluciones a la economía nacional deben de ir enfocadas a generar más inversión para la creación de más empleos con mayor poder adquisitivo (salario superior a la presión de la inflación de precios) y a generar más productividad en el país (por eso es importante rescatar sectores marginados, como por ejemplo, el campo en el sur de México).
Y en términos microeconómicos, por otro lado, una economía crece si hay un aumento en la creación de empresas formales (micro y pequeñas) y una consolidación de las compañías existentes (lo que implica que las micro empresas se conviertan en pequeñas empresas; que las pequeñas se vuelvan medianas y éstas, a su vez, con el tiempo, en grandes conglomerados).
Al respecto, el académico de la UNAM dijo que la demanda en México necesita apoyos más equitativos, porque así como los grandes consorcios han tenido y sabido aprovechar los apoyos, “las pequeñas y medianas empresas, que son las que absorben la mayor cantidad de empleos de este país, tendrían que tener, de entrada, un tratamiento fiscal especial” y beneficiarse “con condonaciones de impuestos y apoyos en términos de consumo energético, para aminorar costos o para incentivar la exportación y la comercialización de productos” nacionales.
La macro y la microeconomía, destacaron los especialistas, están ligadas e implican dos factores de desarrollo: los internos (procesos del mercado nacional) y los externos (procesos del mercado internacional).
A nivel externo, los economistas concordaron en que hará falta superar el estancamiento en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC), que implica, entre otras cosas, la imposición de aranceles en el intercambio de bienes y servicios. La situación se agrava con la reciente guerra comercial entre Estados Unidos y China que “continuará inundando de cierta volatilidad a los mercados financieros”, incluida la economía mexicana, explicó el doctor José Nabor Cruz Marcelo.
Entre estos “grandes riesgos” que seguirán afectando a las inversiones en México, los analistas también contaron el aumento de los precios de los energéticos (gasolina y gas, por ejemplo) que irá acompañado de un posible incremento de la inflación y la generación de tasas de interés más altas por parte del Banco de México (de 7.75 por ciento en la actualidad).
Por los próximos tres años, AMLO y su equipo han dicho que no podrán incidir en los precios de las gasolinas. “Son tres años en los que aún vamos a tener que importar un gran porcentaje de gasolina y de gas LP […] lo que le está [y estará pegando] al resto de los precios de la economía, a los procesos de incremento de precios [y al] incremento en la inflación. Eso, en términos reales, merma el poder adquisitivo de los hogares de nuestra economía, y también, implica un encarecimiento para los insumos para el sector empresarial […] que va a encarecer los precios de venta de los productos finales que se estén produciendo aquí en México”, explicó el investigador de la UNAM.
Mientras esto no se solucione, explicó, las nuevas inversiones se inhibirán “porque cualquier situación de préstamos o de créditos para apoyar los nuevos proyectos de inversión, tanto públicos como privados, al día de hoy salen con una tasa demasiado alta en comparación con lo que tuvimos hace tres, cuatro años, cuando en promedio fueron de 3.5 por ciento”.
Todas estas situaciones de riesgo para la economía mexicana –TLC, guerra comercial, aumento del precio de los energéticos, de las tasas de interés y de la inflación– inclusive afectarán “la reingeniería del gasto público que está planteando López Obrador”, comentaron los expertos.
EL PROYECTO ECONÓMICO DE AMLO
Luis Foncerrada Pascal y José Nabor Cruz Marcelo reconocieron –más allá de si cumple o no con sus promesas– que el programa de desarrollo económico de Andrés Manuel López Obrador, en el papel, es adecuado y tiene buenas propuestas.
Destacaron, como prioridades en beneficio de la economía nacional, su plan para incrementar las pensiones a adultos mayores y el programa para involucrar a más de dos millones de jóvenes, en el mediano plazo, en el mercado laboral a través de un sistema de tutorías (mismos que van a tener una cierta implicación en el consumo interno, que puede apoyar el crecimiento económico).
También subrayaron su plan para generar más inversiones en infraestructura (dos refinerías, líneas de ferrocarril, clústers empresariales, por ejemplo); de reordenamiento del gasto social (que debería estar dirigido a inversiones productivas y no sólo en subsidios); de no contratar más deuda pública y mantener un equilibrio fiscal (que podría darnos estabilidad interna y blindarnos de la volatilidad internacional y del tipo de cambio); además de planear acabar con la desigualdad y la pobreza a través de proyectos regionales para reactivar la economía.
Sin embargo, no dejaron de advertir los huecos o dificultades que observan en la propuesta del político tabasqueño.
Para Foncerrada, AMLO “no tendrá mucho espacio fiscal” (o capacidad para poder gastar en programas, más allá del gasto comprometido o fijo). Eso quiere decir que la mayor parte del dinero que recauda el gobierno se irá en pagos de intereses de la deuda pública (32.8 del PIB), pensiones que se extenderán hasta 2032 (3.5 por ciento del PIB), además del resto de participaciones (gasto en salud, seguridad pública y nacional, desarrollo económico y social, burocracias, etcétera).
En consecuencia, López Obrador no tendrá los 500 mil millones de pesos que dice que podrá ahorrar. Pero sí tendrá “algo”, explicó el economista. Y con “un buen trabajo partiendo de un presupuesto de base cero”, se puede lograr encontrar recursos adicionales. El beneficio con la administración entrante, en ese sentido, es que hay “sangre nueva” y “mentes frescas” que “de veras pueden lograr esa tasa de crecimiento”.
Cruz señaló que, no obstante, AMLO “va a necesitar crear fondos mixtos de inversión, tanto pública como privada, y en ese escenario, con una tasa de interés alta, pues digamos que el rendimiento de los inversionistas privados no va a ser tan atractivo como si tuviéramos una tasa, reitero, del 3 ó 3.5 por ciento”.
Además, según Cruz, el plan de AMLO carece de pautas claras para combatir la corrupción, que es un tema central en materia de reorientación eficiente del gasto público. Sobre este punto, refirió que será necesario combatir y castigar no sólo a quienes hagan, sino también, a quienes hayan incurrido en actos de corrupción en el pasado. Este proceso, enfatizó, irá acompañado con el de la consolidación de la Fiscalía Anticorrupción en los siguientes meses.
