Actualmente, el Poder Judicial—junto con los denominados “organismos autónomos”—constituye el espacio preferido por aquellos que desean limitar o, según dicen algunos, “defender al sistema político mexicano” en general “del poder real de las mayorías”. La oposición política e intelectual en México ha puesto sus esperanzas hoy en día en las cortes y los jueces para avanzar sus intereses y contrarrestar los designios y preferencias de una avasalladora mayoría en el país que ha decidido apoyar al proyecto del Presidente Andrés Manuel López Obrador, al Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) y a su partido Morena.

Bajo las condiciones actuales en México, sería el Poder Judicial el principal contrapeso para mantener la estabilidad del sistema político mexicano y generar justicia y equidad. No obstante lo anterior, dicho poder ha sido utilizado de forma facciosa e inmoral en los últimos años. De hecho, se ha aprovechado como instrumento para mantener los privilegios de las élites políticas del pasado y de las poderosas minorías corporativas, así como para defender prácticas corruptas en las que se han involucrado miembros relevantes de la oposición política al proyecto de la 4T. El Poder Judicial mexicano presenta agudos problemas y serias limitaciones, además de que algunos jueces han tenido actitudes francamente deplorables que no han favorecido la legalidad ni la justicia en México, sino todo lo contrario.

Entre algunos ejemplos recientes de lo que podríamos considerar como la “tragedia del Poder Judicial mexicano”, se encuentran los amparos que otorgó el Juez Juan Pablo Gómez Fierro a poderosas empresas del sector energético cuando logró conceder—en tiempo récord—una suspensión a la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Por fortuna, pero con un margen mínimo, la votación al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revirtió esta decisión al no declarar inconstitucional dicha reforma.

El intento de favorecer a las grandes empresas del sector energético desde las cortes mexicanas—por parte de jueces mexicanos—no se queda ahí. Por ejemplo, en meses recientes, la disputa de Iberdrola en contra de la terminación de su Contrato de Interconexión Legado (documento que le permite utilizar las redes de transmisión públicas) en su planta de Monterrey ha adquirido notoriedad. Diversos medios han cubierto dicha historia que plantea acciones fuera de lo legal y que deben discutirse a profundidad.

La LIE de 2013 en sus transitorios indicaba que los contratos de interconexión legados eran improrrogables una vez que se cumpliera o terminara su vigencia. Contrario a lo que había sido reportado anteriormente y que se apega a derecho, se suscitó un acontecimiento bastante desafortunado debido a la decisión arbitraria de un Juez que aprovecha su papel sui generis en el Poder Judicial mexicano.

El Contrato de Interconexión Legado que nos compete en este caso terminó su vigencia el 30 de enero de 2022. Sin embargo, y en una clara y sorprendente contraposición a lo que indica la LIE, el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Rodrigo de la Peza López Figueroa, decidió darle causa a la demanda de amparo por parte de la empresa española Iberdrola. Más específicamente, dictó una suspensión definitiva que obligó al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) reconectar a Iberdrola al Sistema Eléctrico Nacional. 

No es posible afirmar que lo que impulsó a Rodrigo de la Peza a tomar esta decisión se debe a su desconocimiento sobre el sector eléctrico, o quizás se trate de la obtención de algún beneficio personal. Lo que sí se sabe es que el Juez ha decidido reconectar la central de Iberdrola pese a no tener elementos jurídicos ni operativos para que sea viable. En una clara violación a la Ley, el Juez De la Peza López Figueroa ha instruido que se restablezca el contrato y que continúe operando como si no hubiera fenecido.

Por disposición del Décimo Segundo Transitorio de la Ley de la Industria Eléctrica, el contrato es improrrogable. Entonces, con un “cantinfleo” que se antoja de “Grandes Ligas”, el Juez pretende regresarle la vida a un compromiso comercial cuyos efectos ya prescribieron. Específicamente, De la Peza pretende prorrogar (sin que a esto se le considere formalmente una prórroga del contrato) y reestablecer derechos sin importar que el contrato ya feneció. Esta decisión parece incomprensible si se actúa conforme a derecho, pero se entiende si los incentivos de quien decide son otros.

El Juez Rodrigo de la Peza ha sido incapaz de entender que lo que ordena es ilegal, toda vez que de acuerdo a la legislación de 2013 se indica que prorrogar dichos contratos está ciertamente fuera de la legalidad. Además, a pesar de que ordena llevar a cabo actos ilegales, informan fuentes diversas que De la Peza ha amenazado con cárcel (o privación de la libertad) a aquellas autoridades que decidan caer en incumplimiento.

El Juez de la Peza, aliado tácito de Iberdrola, parece que opera con la línea de gobiernos anteriores, buscando el “como sí” poder reconectar a la central a pesar de que sea un acto ilegal. Esto es evidente toda vez que ha intentado usar figuras jurídicas del sector inmobiliario como lo es la “tácita reconducción” del contrato, es decir, renovación automática, como si de una renta de departamentos se tratase. De esta forma, otro Juez mexicano más evidencia su ignorancia o quizás un interés personal que, de comprobarse, sería una inmoralidad o quizás algo más grave.

Tenemos una idea aproximada de cuánto le costó un Presidente de México a Iberdrola (véase, por ejemplo: https://www.radioformula.com.mx/nacional/2022/4/7/iberdrola-que-cargo-tuvo-calderon-cuanto-ganaba-508512.html). ¿Cuánto le costará a esta y otras empresas un Juez de distrito? Aunque aún no es posible afirmar algo concreto a este respecto, una decisión ilegal y arbitraria como la que aquí se describe, genera mucha desconfianza y deja mucho que pensar.

El caso del Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, es también emblemático. Nuestro protagonista ahora vuelve a ser un miembro del Poder Judicial. Hablamos de Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en Tamaulipas. Dicho Juez otorgó a García Cabeza de Vaca un amparo contra la orden de aprehensión en su contra después de que el Congreso aprobara su desafuero por una serie de delitos graves, entre los que destacan delincuencia organizada, evasión fiscal y lavado de dinero. El Juez Gutiérrez Pérez consideró que la orden de captura concedida por un Juez federal a la Fiscalía General de la República (FGR) fue ilegal y transgrede los derechos fundamentales del mandatario estatal acusado de delitos graves. En otras palabras, determinó que García Cabeza de Vaca conservaría el fuero hasta que la SCJN resuelva las controversias constitucionales relacionadas al caso del mandatario estatal tamaulipeco.

Desafortunadamente, la SCJN ha retrasado ya dos veces la resolución de este caso, lo cual genera una gran incertidumbre y un enorme descontento. En una acción sorprendente y extremadamente desafortunada (y quizás hasta malintencionada), el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá decide presentar ante la SCJN un proyecto de sentencia que propone mantener el fuero del actual Gobernador de Tamaulipas hasta el final de su mandato, con lo cual se impediría la ejecución de cualquier orden de aprehensión girada en su contra. En otras palabras, el Ministro González Alcántara Carrancá propone que la decisión final sobre el desafuero corresponde al Congreso local y no a la Cámara de Diputados. De este modo, para que se pueda proceder penalmente contra el actual Gobernador, tanto la Cámara de Diputados como el Congreso de Tamaulipas deben coincidir en la decisión de quitarle el fuero.

La decisión sobre este aberrante proyecto de sentencia es de fundamental trascendencia para el sistema judicial mexicano. Los ministros de la Suprema Corte tienen en sus manos un caso emblemático que sentará un precedente clave para la procuración de justicia en el país y en especial para el combate a la corrupción en los niveles más altos de los gobiernos de los estados. Es preciso comprender la enorme trascendencia de la decisión que tomará el máximo tribunal de justicia en México con respecto al caso García Cabeza de Vaca.

En caso de que los ministros de la Corte aprueben por mayoría la propuesta desafortunada y maliciosa de González Alcántara Carrancá que mañosamente pone al federalismo por delante como argumento, estaríamos hablando de un precedente nefasto (y sin precedentes) para la lucha contra la corrupción en el país. Si este es el caso, cualquier Gobernador corrupto y acusado de crímenes gravísimos como delincuencia organizada o lavado de dinero durante su mandato podría operar con toda impunidad y sin ningún tipo de control por todo su sexenio en caso de que controle su Congreso local (es decir, cuando su partido tenga mayoría en el Congreso del estado).

Ello legitimaría el papel de los gobernadores como señores feudales pues se volverían prácticamente intocables. Además, se facilitaría a los gobernadores la rectoría de la criminalidad en sus estados. “Hagan lo que hagan”, las élites políticas de los estados gozarían de impunidad, lo cual los podría convertir de jure (“por derecho”) en los nuevos “padrinos” o administradores del crimen organizado o la corrupción en sus respectivas entidades.

El caso Cabeza de Vaca es quizás uno de los casos más importantes y emblemáticos de los últimos años que involucra al Poder Judicial mexicano. Espero que todos entiendan su enorme trascendencia y que los ministros de la Suprema Corte voten de acuerdo a principios, pensando en México—y no actúen de acuerdo a intereses. El argumento de la defensa del federalismo es inoperante cuando hablamos de impunidad total para las élites políticas locales y de los nefastos incentivos que se generan para delinquir en un país que ha registrado múltiples delitos graves cometidos por mandatarios estatales (recordemos los casos recientes de los hoy exgobernadores de Tamaulipas, Veracruz, Chihuahua y Aguascalientes, entre muchos otros).

El futuro y relevancia de la Suprema Corte como garante de la justicia para nuestro país está en juego con esta decisión. El caso de desafuero de García Cabeza de Vaca no es menor, sino todo lo contrario. Pronto sabremos de qué están hechos los ministros del más alto tribunal de justicia en México y si en los estados mexicanos se procurará la justicia en el futuro, o si se promoverán los incentivos para proteger y alentar los cacicazgos locales mafiosos. Cabeza de Vaca será juzgado tarde o temprano por los delitos graves que se le imputan. Eso no es lo que está en juego. Está en juego el futuro de la procuración de justicia y el combate a la corrupción a nivel estados en nuestro país. Esperamos no se extienda la tragedia del Poder Judicial mexicano. Ministros de la Corte, el futuro de la justicia en México está en sus manos.

Guadalupe Correa-Cabrera

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Guadalupe Correa-Cabrera. Profesora-investigadora de Política y Gobierno, especialista en temas de seguridad, estudios fronterizos y relaciones México-Estados Unidos. Autora de Los Zetas Inc.

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