Ciudad de México, 13 de junio (SinEmbargo).– La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció lo que han denunciado diversos grupos de la sociedad civil y activistas respecto a las agresiones a los derechos humanos de los mexicanos: que la violencia en el país sigue en un nivel intolerable.
El Relator especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Christof Heyns, presentó un informe de los resultados de su visita a México y destacó que las mujeres, migrantes, periodistas y defensores de derechos humanos, así como niños, reclusos y detenidos y personas de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual y Transgénero (LGBT) han sido víctimas de todo tipo de delitos.
El organismo internacional destacó que pese a esfuerzos para evitar que siga esta tendencia, la mayoría de los casos sigue sin resolverse debido a que los propósitos declarados en las políticas del Gobierno, todavía no se han traducidos en aplicaciones concretas.
Apenas el miércoles pasado, el diario The Wall Street Journal publicó un artículo en el que señala que si el Mundial de Brasil 2014 fuera de “todo lo demás”, menos de fútbol, México ganaría su pase a la final de Mayor Tasa de Aesinatos.
El Relator concluyó que la militarización de las seguridad pública no es una respuesta eficaz ante la ola de violencia que vive el país; al contrario, “lo que urge es fortalecer el Estado de Derecho, especialmente en lo tocante a la investigación y sanción de violaciones a derechos humanos”.
“Es preocupante que cuando existen tales protocolos, las salvaguardias sean insuficientes o no se apliquen debidamente”, precisó.
CONTRA MANIFESTANTES
Desde el 1 de diciembre de 2012, cuando Enrique Peña Nieto tomó protesta de la Presidencia de la República, la constante en las manifestaciones han sido grescas entre las personas que protestan y fuerzas de seguridad pública.
Justo ayer, el Jefe del Gobierno del Distrito Federal (GDF), Miguel Ángel, Mancera Espinosa, fue obligado a salir con escolta del informe de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo, luego de que un grupo de jóvenes lo rodeara y le lanzara reclamos por las agresiones sufridas durante distintas manifestaciones públicas desde que asumió la administración de la Ciudad.
Ante este panorama, la ONU alertó que a nivel federal, y en la mayoría de los estados, no hay un marco jurídico coherente y ampliamente aceptado sobre el uso de la fuerza por los agentes de las fuerzas del orden, en particular en las detenciones y las manifestaciones.
En sus recomendaciones, presentó que debería enmendarse la Constitución para aprobar una ley general sobre el uso de la fuerza –en particular durante las manifestaciones y los arrestos– que se aplique a todas las fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales, de conformidad con las normas internaciones de derechos humanos más exigentes.
MÁS FEMINICIDIOS
La ONU refirió que la violencia contra las mujeres, especialmente el feminicidio, sigue siendo un problema muy serio en la práctica. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), desde 2007 se registraron 4 mil 419 feminicidios en el país.
Sin embargo, organizaciones no gubernamentales han planteado que podrían ser muchas más.
Al respecto, el informe del Relator señala que se debería considerar la posibilidad de tipificar el feminicidio en todos los códigos penales pertinentes sobre la base de características objetivas y que se deberían estandarizar los protocolos de investigación policial del feminicidio en todo el país.
PERIODISTAS Y ACTIVISTAS
En el más reciente informe de Artículo 19 se señaló que el 2013, primero del gobierno del priista Enrique Peña Nieto, fue el peor para la prensa en México en los últimos siete años.
En el documento “Disentir en Silencio: violencia contra la prensa y criminalización de la protesta, México 2013, la organización internacional denunció que cada 26.5 horas se agrede a un periodista en el país.
Artículo 19 publicó que entre 2007 y 2013 se cometieron 726 agresiones a periodistas, trabajadores de prensa y medios de comunicación. De éstas, el 26 por ciento se cometieron en sólo en 2013, el año más violento en cuanto a agresiones a trabajadores de medios en este periodo, con 192.
De acuerdo con la información recopilada por la ONU, los periodistas que informan sobre la delincuencia y los funcionarios públicos parecen ser los que mayores riesgos corren.
Asimismo, la CNDH documentó que, desde 2005, al menos 18 defensores de los derechos humanos han sido asesinados y muchos otros han recibido amenazas de muerte.
HOMICIDIOS Y DESAPARICIONES
A finales de mayo, diversas organizaciones que forman parte de la Coordinación de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, denunciaron que durante los primeros 18 meses de gobierno del priista del Presidente Enrique Peña Nieto se incrementó 300 por ciento la desaparición forzada de activistas en México respecto al mismo periodo del ex mandatario pancista Felipe Calderón Hinojosa.
De acuerdo con información recibida por la ONU, cerca del 70 por ciento de los homicidios registrados en los últimos años se han atribuido a la delincuencia organizada.
En este aspecto, la ONU destacó que la responsabilidad del Gobierno de México para prevenir esos asesinatos y actuar con diligencia para investigar y enjuiciar los que se lleguen a cometer.
El Relator Especial mostró su preocupación porque las fuerzas de seguridad pudieran considerar que en el contexto de la lucha del Estado contra la delincuencia organizada no tenía importancia que murieran personas involucradas en el narcotráfico y que “el problema se resolvía solo” cuando un miembro de un cártel mataba a alguien de otro cártel.
LOS MIGRANTES
La ONU destacó el caso de los migrantes indocumentados que transitan por México y que ponen su vida en grave peligro.
En este caso también existe una opacidad en cifras de desaparición y asesinato de migrantes, además que se destacó un vínculo de las agresiones, la delincuencia organizada y la complicidad de las fuerzas del orden.
En el proceso, existe una impunidad crónica, expresó el documento del Relator especial, por lo que se instó a que se investiguen sin demora las muertes de migrantes a fin de castigar a los responsables y otorgar reparación a las víctimas o a sus familiares.
Debería crearse un corredor seguro para los migrantes en tránsito, con mayor protección durante el viaje; debería adoptarse una serie de medidas de protección y rendición de cuentas para prevenir las agresiones en los centros de acogida para migrantes; debería fortalecerse la cooperación entre dependencias estatales y organizaciones comunitarias para prestar asistencia humanitaria a los migrantes; se debería dar reparación adecuada a las víctimas de la violencia cometida en el país; se debería estudiar la posibilidad de adoptar un planteamiento según el cual los migrantes indocumentados puedan ejercer sus derechos, como el de denunciar delitos a las autoridades sin temer que los detengan; y, en coordinación con el Estado de origen, se deberían repatriar los cuerpos en condiciones dignas., recomendó la ONU.
AGRESIONES A MENORES
Pese al incremento de noticias sobre agresiones contra niños, la ONU lamentó que no hay datos oficiales sistemáticos ni desglosados sobre el número total de niños que hayan sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
Organizaciones de la sociedad civil expusieron al Relator que desde 2007, se ha registrado un incremento constante del número de muertes de jóvenes de entre 12 y 17 años de edad. entre 2006 y 2010, 994 niños perdieron la vida en la llamada guerra contra la delincuencia organizada.
En el marco del Día del Niño y la Niña, el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) urgió al Presidente Enrique Peña Nieto a crear el Sistema Nacional de Garantía de los Derechos de la Infancia y Adolescencia que garantice los derechos de cerca de 40 millones de menores de 18 años en el país, y lo considere con la misma importancia que una reforma estructural.
El director ejecutivo de Redim destacó que la pobreza e inequidad es el problema más extendido entre la infancia mexicana. “Ser niño o niña en este país significa que tiene mayor probabilidad de ser pobre. Ahora mismo, con los datos disponibles, se sabe que más del 53 por ciento de niños, niñas y adolescentes viven en pobreza y más o menos el 12 por ciento de ellos, cuatro millones 700 mil, viven en pobreza extrema”, mencionó.
COMUNIDAD LGBT
Interlocutores presentaron al Relator especial de la ONU que entre 2005 y marzo de 2013 se registraron 555 homicidios motivados por la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas. En muchos de los casos aparentemente se utilizaron armas punzocortantes y los cuerpos de muchas de las víctimas presentaban cortes profundos y otras señales de tortura, como violación anal y mutilación genital.
Los asesinatos de personas LGBT no dan lugar a ninguna investigación o son objeto de investigaciones viciadas, guiadas por estereotipos y prejuicios. Esta preocupación también fue manifestada por la CNDH, que indicó que los delitos y violaciones a los derechos humanos por orientación sexual, identidad o expresión de género no son hechos aislados, obedecen a patrones de conducta de algunos miembros de la sociedad y del proceder recurrente de ciertos servidores públicos, tales como prejuicios, aversiones y rechazos, lo que refleja la existencia de un problema estructural serio de intolerancia.
Se informó al Relator Especial de que las autoridades solían apresurarse en archivar esos expedientes, tildaban esas muertes de “crímenes pasionales” y optaban por no seguir tramitando esas causas con la debida seriedad.
El año pasado la Comisión Ciudadana Contra Crímenes de Odio por Homofobia (CCCCOH) dio a conocer que de 1995 a 2013 fueron asesinadas 887 personas de la comunidad LGBTTTI.
El Instituto Oikos, una Organización No Gubernamental en defensa de la discriminación, declaró que nuestro país ocupa el segundo lugar a nivel mundial en crímenes de odio por este miedo a las personas con preferencias homosexuales.
Las entidades que destacaron fueron el Distrito Federal con 164, Estado de México con 78, Nuevo León con 64 y Michoacán y Jalisco con 54 homicidios.
