Son muchas las señales en el sentido de que Guanajuato vivió una pésima temporada en renglones como la transparencia y la rendición de cuentas durante el pasado gobierno encabezado por Juan Manuel Oliva.

La noticia ahora, es que las cosas no parecen mejorar con el cambio de administración.

Referentes nacionales como el director del CIDE, Sergio López Ayllón; o el presidente de Transparencia Mexicana, Federico Reyes Heroles, han señalado que la entidad ha descendido en índices de medición de transparencia y en los de control de la corrupción.

La baja en la medición de estos indicadores ocurre, coincidentemente, a lo largo del pasado sexenio. La percepción ciudadana en Guanajuato, por lo demás, no es ajena a ese mismo sentimiento. El tema de la corrupción no había estado tan presente en la agenda pública como bajo la pasada administración.

Sin embargo, no parece que sea tan sencillo desechar el problema con el simple expediente de culpar de todo al pasado y asegurar que las cosas se harán ahora de otro modo.

En realidad, muchas de las prácticas de corrupción y de mal gobierno que estallaron en el olivismo, venían incubadas desde el régimen de Juan Carlos Romero Hicks y parecen muy arraigadas como para pensar que desparecieron por un simple cambio de nombres en la administración.

Recuérdese, sólo como ejemplo, el caso del Secretario de Obra Pública de Romero, el panista irapuatense Ricardo Ortiz, bajo cuya gestión se incrementó la vigencia del diezmo a niveles insospechados, esto es, la práctica de requerir a los contratistas una comisión por la asignación de obras.

El gran mérito de Ortiz, de quien se presentaron quejas ante Romero Hicks que nunca fueron escuchadas, es que fue eficiente para repartir los contratos de obra que su antecesor, el académico Fernando Michel, un hombre honesto pero ineficiente, dejó acumular durante tres años sin ejercer.

Con Juan Manuel Oliva las cosas llegaron al extremo. El diezmo se convirtió en el esquema para financiar campañas políticas, aunque en estricto sentido generó corrientes de dinero no controlado que en muchos casos se quedaron en los bolsillos de los funcionarios.

Críticas, presiones y auditorías frustradas conjuntaron la presión suficiente  para que dejaran su cargo tres funcionarios de esa administración, aunque ninguno de ellos fue tocado ni siquiera con el pétalo de una sanción administrativa: Genaro Carreño, hoy Diputado federal; José María Anaya, hoy dirigente panista en Cortazar; y Jorge Armando Aguirre, hoy en actividades privadas.

De esa administración formaba parte relevante el actual Gobernador, Miguel Márquez Márquez, justamente como Secretario de la Gestión Pública, es decir, como vigilante del buen manejo de los dineros públicos. Si alguien tuvo nociones durante los primeros cuatros años de la administración olivista de los problemas existentes, ese fue sin duda el actual Gobernador.

Se entiende, por ello, que Márquez haya virado su discurso en campaña para reconocer el problema de credibilidad del gobierno del que provenía y prometer que su gestión, de ganar, sería diferente.

Lo que no se entiende ya, sin embargo, es que a Márquez le hayan bastado unos cuantos meses en el poder para empezar a mandar señales completamente contrarias a los planteamientos que realizó cuando buscaba el voto de los guanajuatenses.

La transparencia, por ejemplo, cada vez incomoda más. Baste un ejemplo: los listados de liquidaciones de trabajadores de la pasada administración, conforme al decreto gubernativo 226, vigente hasta el 31 de enero de este año, han sido manejadas con total opacidad.

En la página de transparencia del gobierno sólo existen dos listados, que concluyen el 29 de octubre de 2012. Nada se sabe de los servidores públicos que recibieron su liquidación entre el 30 de octubre  de 2012 y el 31 de enero de 2013.

Además, corre la versión de que las listas publicadas sólo incluyen a los empleados de niveles medios y altos, pero no se contempló a los trabajadores de menor nivel, donde también hubo despidos y separaciones voluntarias, cuyo volumen impactó decisivamente el monto erogado.

Pero eso no es todo. En prácticamente todas las dependencias del gobierno se vienen efectuando despidos ocurridos después de febrero, de todos los niveles, muchos de los cuales han recibido liquidaciones similares a las contempladas por el decreto 226, pero ya bajo la modalidad de una “disposición administrativa”.

Así, por ejemplo, se retiró del puesto a los titulares de las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación (USAES), de la SEG, a fin de que no que no demandaran ante los tribunales laborales. Sin embargo, la existencia de esa disposición ya fue negada por el subsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas, José Manuel Casanueva.

Muy pronto, el gobierno de Márquez se cansó de la transparencia como forma de ejercer el gobierno y regresó a las tortuosas prácticas donde para saber como se gasta el dinero público hay que pasar por engorrosos y tardados trámites ante una Unidad de Acceso a la Información diseñada para ocultar la información y no para proporcionarla.

Otras prácticas de mal gobierno están a la vista: la contratación de nuevo personal, sobre todo militantes panistas que trabajaron en la campaña de Márquez, ha pasado por alto todas las normatividades incluidas en el Servicio Civil de Carrera, cuyo comité intersecretarial prácticamente no se ha reunido en el nuevo gobierno.

No obstante que se ha relevado a centenares de personas de los niveles 6 al 12, esto es entre 15 mil y 45 mil pesos de salario mensual bruto, los concursos han brillado por su ausencia. En lo que va de 2013 hasta junio, apenas se han celebrado 60 concursos; diez más están en proceso; y sólo hay dos nuevos, según se da a conocer en la página respectiva, una cantidad ínfima si se compara con los cambios ocurridos en las diversas dependencias del gobierno en los ocho meses que lleva la administración.

Se trata de botones de muestra, aunque de la mayor importancia, para poner en evidencia que las ganas con las que este gobierno arribó para hacer las cosas de manera distintas que en el pasado, parecen estar agotándose demasiado rápido.

De seguir así, nuestro repunte en los índices que califican la calidad de un gobierno, se ve más que complicado.

Arnoldo Cuellar

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Periodista, analista político. Reportero y columnista en medios escritos y electrónicos en Guanajuato y León desde 1981. Autor del blog Guanajuato Escenarios Políticos (arnoldocuellar.com).

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