La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) especificó que dicha metodología también proporcionará información sobre la dinámica social que aumentan la probabilidad de ocurrencia y persistencia de la violencia y la delincuencia.

Destacó que esta es la primera vez en México y el mundo que esos factores de riesgo se miden con la finalidad de obtener indicadores para comprender a profundidad los múltiples factores y la complejidad de los fenómenos de violencia y mejorar la toma de decisiones de la política pública de prevención.

Además, México compartirá su enfoque basado en la prevención del impacto social de la violencia y la delincuencia, señaló la SRE.

Ese enfoque, detalló, se centra en combatir las causas y los factores generadores de dichos problemas, así como en prestar atención de manera focalizada en poblaciones que padecen altos índices de criminalidad para fortalecer las capacidades de los individuos y sus comunidades.

La cancillería precisó que dicho Congreso, que inició el 12 de abril y concluye el 19 en Doha, Qatar, analizará la integración de la prevención del delito y la justicia penal en el marco del programa de Naciones Unidas.

En el Congreso se discutirán los problemas sociales y económicos, y se promoverá el Estado de derecho a niveles nacional e internacional, así como la participación pública. El encuentro pretende articular los esfuerzos internacionales sobre el tema.

El acto representa una cita multilateral de relevancia que se lleva a cabo cada cinco años y reúne al mayor número de actores vinculados con esta temática, destacó la SRE.

Los representantes de gobierno, sociedad civil y academia abordarán amplia y libremente las vías probadas y los nuevos caminos para la prevención del delito, el combate contra la delincuencia organizada transnacional, la protección de las víctimas y los mecanismos de justicia.

También la necesidad de impulsar con mayor decisión el enfoque preventivo en materia de seguridad, y establecen mecanismos para trabajar conjuntamente para enfrentar los problemas sociales y económicos de fondo que generan las condiciones propicias para la actividad delictiva.

El jefe de la delegación mexicana, el Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, quien también funge como vicepresidente del congreso, encabezará los trabajos de la comisión que examina las contribuciones de la ONU.

Entre las que figuran, abundó, el fortalecimiento de sistemas de justicia penal eficaces, imparciales, humanos y responsables, así como la respuesta a nuevas formas de delincuencia en evolución, como la ciberdelincuencia y el tráfico de bienes culturales.

En ese sentido, subrayó que México reconoce la necesidad de orientar las acciones en materia de prevención de la violencia y la delincuencia de manera transversal y participativa.

Especialmente, refirió, que sólo al sumar a las organizaciones de civiles, instituciones académicas, iniciativa privada y a los ciudadanos se lograrán políticas públicas efectivas para la prevención.

La cancillería indicó que el representante permanente de México ante los Organismos Internacionales en Viena, Luis Alfonso de Alba, fue designado como facilitador de las negociaciones que culminaron con la declaración que adoptarán los representantes.

México además jugará un papel relevante en el seguimiento de las recomendaciones que surjan del Congreso, mediante la presidencia que ejercerá en la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, en mayo próximo.

Finalmente, recordó que el 13 Congreso surge de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que estableció estos espacios para examinar cuestiones prioritarias en esta esfera de actividad.