México ha intentado hacer frente al aumento de la actividad de los cárteles de la droga y la delincuencia con diferentes medidas, entre ellas el despliegue en las calles de 128 mil soldados mexicanos, lo que constituyó una violación a la Constitución.
Por Rebecca Janzen
Ciudad de México, 13 de marzo (AP).- México lleva décadas librando una batalla larga y sangrienta contra el tráfico de drogas y la delincuencia. Sin embargo, la violencia en el país sigue en aumento.
En uno de los últimos incidentes de violencia de alto perfil, las fuerzas de seguridad mexicanas detuvieron a principios de enero de 2023 a Ovidio Guzmán López, líder del poderoso Cártel de Sinaloa e hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, el capo de las drogas ahora encarcelado. La detención desató una ola de violencia en Culiacán, una ciudad en el noroeste de México, que terminó en saqueos, tiroteos y 29 personas muertas.
La violencia actual en algunas partes de México está asociada en gran medida a organizaciones de narcotraficantes como el Cártel de Sinaloa, pandillas callejeras y fuerzas de autodefensa que ciudadanos comunes han formado para protegerse de la delincuencia debido a la ineficacia de las medidas policiales y militares contra el crimen.
Soy una académica que estudia la cultura y la literatura mexicanas. He escrito sobre cómo el Gobierno mexicano ha intentado reducir la violencia criminal mediante cambios en el sistema de justicia penal y las leyes sobre derechos humanos.
Pero, en gran medida, estos intentos han fracasado, lo que ha permitido que el ciclo de violencia se intensifique.
He aquí cuatro puntos clave que conviene comprender:
LA VIOLENCIA EN MÉXICO SIGUE EN AUMENTO
Un promedio de 25 personas desaparecen cada día en México. La tasa de homicidios se sitúa en 28 por cada 100 mil habitantes, cuatro veces más que en Estados Unidos.
La tasa de violencia en México se disparó a partir de 2007, con los peores años en 2011 y de nuevo desde 2018 hasta la actualidad.
Los delitos violentos varían significativamente en cada parte del país.
Las personas con mayor riesgo de ser víctimas de la violencia se encuentran en el centro y suroeste del país, así como en los estados norteños de Chihuahua, Sinaloa, Baja California Norte y Tamaulipas.
En los estados occidentales de Michoacán y Guerrero, los delitos violentos —incluidos secuestros, asesinatos y desapariciones— se producen sobre todo entre autodefensas ciudadanas y grupos de narcotraficantes. En los estados del norte, fronterizos con Estados Unidos, la violencia está dominada por los enfrentamientos entre cárteles de la droga y bandas callejeras.
MILITARES EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
Las autoridades federales mexicanas han asociado el aumento de la violencia con el narcotráfico desde principios del siglo XX: desde 1917, la Constitución mexicana prohibió las drogas con el objetivo de prevenir la violencia.
Así, cuando el expresidente de México, Felipe Calderón, declaró en 2006 por primera vez una guerra formal contra las drogas, su decisión era precedida por una larga historia.
El Gobierno estadounidense apoyó esta guerra con un acuerdo militar con un valor de tres mil 400 millones de dólares, llamado Iniciativa Mérida, que comenzó en 2007 y expiró en 2021.
Las tácticas del plan —incluida la persecución y el asesinato de los líderes de los cárteles de la droga por parte del Ejército mexicano— no disminuyeron la creciente violencia, que siguió extendiéndose e intensificándose durante los 16 años recientes.
México ha intentado hacer frente al aumento de la actividad de los cárteles de la droga y la delincuencia con diferentes medidas, entre ellas el despliegue en las calles de 128 mil soldados mexicanos para luchar contra los cárteles de la droga y otros grupos delictivos, lo que constituyó una violación a la Constitución mexicana, que prohibía el uso de militares para labores policiales dentro del país. En octubre de 2022, México aprobó una reforma constitucional que permite a los militares llevar a cabo labores policiales dentro del país hasta 2028.
LA CORRUPCIÓN COMPLICA LA REDUCCIÓN DE LA DELINCUENCIA
El Gobierno mexicano también aprobó en la última década una serie de nuevas leyes para hacer frente a la delincuencia.
Uno de los principales problemas para la aplicación efectiva de estas leyes es la corrupción generalizada en el Gobierno, el Ejército y el sistema de justicia. El Ejército mexicano, por ejemplo, se encarga de luchar contra los cárteles, pero también se sabe que los soldados les venden armas.
En 2008, el Congreso mexicano aprobó una serie de reformas constitucionales al sistema de justicia penal. Estas reformas abordaban el hecho de que a menudo se detiene a personas y se las condena por delitos que no cometieron. Esto se debe en parte a que el antiguo sistema legal mexicano presumía que todas las personas sometidas a juicio eran culpables hasta que se demostrara su inocencia. Las reformas cambiaron esta norma al modelo estadounidense, por lo que ahora se considera que las personas son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.
Así, más del 90 por ciento de los asesinatos en México de 2010 a 2016 siguen sin resolverse.
Los cambios en el sistema de justicia penal tienen como objetivo abordar estos problemas mediante varios cambios importantes. Las reformas incluyen la oralidad de los juicios, que normalmente sólo se documentaban por escrito, lo que facilita a las personas el seguimiento de los casos judiciales y permite un aumento en la supervisión pública de los procesos judiciales.
Los cambios también obligaron a que tres jueces independientes actuaran en todos los juicios, para evitar el riesgo de que un único Juez alineado con los cárteles de la droga presidiera una decisión.
Los cambios se aplicaron plenamente en los 31 estados de México en 2016. Pero estas reformas no han reducido la violencia en el país. Sólo modifican la superficie y no abordan los problemas estructurales —como la misoginia y el racismo— que están en la raíz de la violencia contra personas especialmente vulnerables, como las mujeres y los indígenas.
La mayoría de los mexicanos tampoco confían en la policía ni en el sistema de justicia penal.
El Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego calcula que el 93.3 por ciento de los delitos no se denuncian. Del pequeño número de casos denunciados, sólo se efectúan detenciones en el 11.5 por ciento.
De manera notable, las mujeres generalmente no son tomadas en cuenta cuando denuncian que son víctimas de un delito, o cuando son reportadas como desaparecidas por sus seres queridos. Y los delitos violentos contra las mujeres se resuelven a tasas aún más bajas que otros delitos.
LAS LEYES NO ABORDAN LOS PROBLEMAS DE FONDO
En mi opinión, las reformas a la justicia penal por sí solas no pueden reducir la delincuencia en México.
El porcentaje de personas mexicanas que viven en pobreza siguió creciendo entre 2018 y 2020, aumentando un 7.3 por ciento durante estos años.
La desigualdad entre las personas más ricas y más pobres de México también sigue en aumento, lo que convierte al país en uno de los más desiguales del mundo. Algunas investigaciones muestran que el fortalecimiento de los sistemas educativos en México —y la reducción de la desigualdad— podrían ayudar a frenar la delincuencia.
Todos estos factores —además de que las drogas ilícitas que se consumen en Estados Unidos tienen que ser transportadas a lo largo de México— forman una complicada red que habrá que desentrañar y abordar sistemáticamente antes de que las reformas al sistema de justicia penal puedan contribuir por sí solas a hacer de México un país más justo y más seguro.
