Ciudad de México, 13 de marzo (SinEmbargo).– El Partido Acción Nacional (PAN) presentó tres denuncias penales contra el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) así como funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) y empresas privadas, por los presuntos delitos de compra del voto, participación de empresas privadas para la compra de voto y mal uso de información protegida relativa a la lista de ciudadanos insaculados como funcionarios de casilla.
La primera denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) es por la comisión de delitos en materia electoral relacionados con la distribución de la tarjeta “Premia Platino”, cometidos por funcionarios partidistas, servidores públicos electorales, apoderados legales de empresas mercantiles que resulten responsables.
Gustavo Madero confió en que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) considerará un delito el uso de una tarjeta de descuento promovida por el Verde mediante la cual el usuario o consumidor obtiene diversos descuentos avalados por distintas empresas.
Los panistas señalaron a nueve empresas en particular vinculadas a la tarjeta de descuento del Verde son Farmacias del Ahorro, Devlyn, Cinemex, Sears, Elecktra y Chedraui entre otras.
“Hemos presentado una denuncia penal en contra de nueve empresas en particular. Así también le hemos pedido información a la Fepade para que le solicite a diversas empresas como Farmacias del Ahorro, como Cinemex o como Devlyn, que investigue con claridad cuál es el convenio o contrato que hicieron con el Partido Verde Ecologista”, afirmó el coordinador general jurídico del PAN, Eduardo Aguilar.
Asimismo cuestionó los detalles del convenio entre el Verde con el supermercado Chedraui, el cual otorga 10 pesos de descuento por cada 200 pesos de compra por la utilización de la tarjeta, esto significa que hay un beneficio económico para el consumidor con el uso de la tarjeta “Premia Platino”.
“La Ley prohíbe que las personas morales que las empresas financien de marea directa o de manera indirecta a los partidos políticos, y el otorgamiento de descuentos, la utilización del propio logotipo, junto con el Partido Verde de personas morales y de marcas reconocidas en este país, por supuesto que hace de esto una actividad ilícita y que debe ser sancionada”, explicó Eduardo Aguilar.
“Con esto se está comprando el voto, hay un interés de tener una simpatía, un acercamiento en época electoral ofreciendo estos beneficios, que son cuantificables y que este será parte de la investigación que hará la autoridad, ¿cuántos recursos están aquí invertidos?”, agrego Gustavo Madero.
Consideró que estos recursos deberían ser cuantificados como gastos de campaña aunque en spi mismos constituyen un delito, recalcó.
COMPRA DE VOLUNTADES
Además de la compra de voto que de sí es un delito grave, los panistas suponen que funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) están coludidos con el Partido Verde para proporcionar información sobre los funcionarios insaculados, a los cuales se acercó el Verde para entregar una tarjeta de premios y descuentos, con la intención de comprar voluntades.
El coordinador general jurídico del PAN, Eduardo Aguilar, informó que la ciudadana María de los Ángeles Álvarez Malo presentó una denuncia penal contra quien resulte responsable porque ella recibió la tarjeta “Premia Platino” cuando no tiene ninguna relación con el Partido Verde ni es militante.
La ciudadana afirmó que diez días atrás había recibido la notificación de que había sido insaculada por el INE como funcionaria de casilla para los comicios del próximo 7 de junio.
En suma son tres denuncias presentadas por Acción Nacional contra la comisión de varios delitos, entre ellos,” la utilización de recursos mercantiles con fines electorales y en tiempos electorales, la utilización de información reservada, protegida, como es el padrón electoral y la información de los ciudadanos insaculados como funcionarios de casilla, y la compra del voto”, informó Gustavo Madero.
El líder nacional panista detalló que estas tres denuncias contundentes se suman a las que viene cargando el Partido Verde, por lo que confió en que la autoridad electoral no será omisa e incluso podría costarle la pérdida del registro al Partido Verde Ecologista de México.
“Estas tarjetas son estrategias promocionales, en sí mismas tienen un costo, si alguien quisiera comprar estas tarjetas ene l mercado costarían 400 pesos y allí hay un recurso que debe ser declarado, pero aparte utilizarlo en tiempos electorales con estos propósitos es un delito”, apuntó Madero.
Y LA TELE AYUDA
Hoy mismo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que 42 concesionarios de radio y televisión radiodifundida “participaron indebidamente en la difusión” de los promocionales contratados por los legisladores del Partido Verde.
Entre esas empresas están Televisa y TV Azteca, el duopolio de la televisión en México, cuyos actores participan y han participado en los comerciales del Verde.
“Los concesionarios de radio y televisión radiodifundida indebidamente participaron en la difusión que trastoca el modelo de comunicación política, conforme al cual, toda propaganda política que se transmita en radio y televisión a favor de los partidos políticos únicamente puede hacerse a través de los tiempos ordenados por el Instituto Nacional Electoral”, dice la sentencia en el punto sobre “Infracciones atribuidas a los concesionarios de radio y televisión”.
La orden del Tribunal es en razón de los recursos presentados por cinco partidos políticos contra la amonestación pública impuesta al PVEM y las televisoras por la difusión de más de 240 mil spots en televisión de informes legislativos de diputados y senadores de ese partido político.
El Tribunal Electoral consideró que las concesionarias de radio y televisión que difundieron los promocionales contratados por los legisladores del Partido Verde Ecologista que habían sido denunciados son:
Canal 13 de Michoacán, Canales de Televisión Populares, Comunicación 2000, Comunicación del Sureste, Comunicación del Sureste; Flores y Flores; José de Jesús Partida Villanueva; José Humberto y Loucille Martínez Morales; Mario Enrique Mayans Concha; Multimedios Televisión; Patro. para Inst. Repet. Canales de T.V., Coatz., Ver., A.C; Radio Televisión, Radiotelevisora de México Norte, T.V. de Los Mochis, Tele-Emisoras del Sureste, Teleimagen del Noroeste, Telemision, Televimex, Televisión Azteca, Televisión de la Frontera, Televisión de Michoacán, Televisión de Puebla, Televisión de Tabasco, Televisora de Mexicali, Televisora de Navojoa, Televisora de Occidente, Televisora del Yaqui, Televisora Peninsular, TV Diez Durango, Lucia Pérez Medina Vda. de Mondragón, Televisora XHBO, TV Och, Televisión del Pacifico, T.V. de Culiacán, Ramona Esparza González, Televisora de Yucatán, Coorporación Tapatía de Televisión, Hilda Graciela Rivera Flores, Televisa, TV Azteca, Televisión de Puebla, y Canal XXI.
El Tribunal refirió que resulta indispensable hacer un distingo, en relación a los concesionarios de televisión que incurrieron en la infracción. De acuerdo con el resolutivo la Sala Especializada sancionó a Cablevisión, Cablemás Telecomunicaciones, DISH, SKY, MEGACABLE y Telecable, a pesar de que se trata de concesionarias de televisión restringida.
“A virtud de su carácter de concesionarias que prestan el servicio de televisión restringida tienen la obligación legal de retransmitir la señal radiodifundida de manera gratuita y no discriminatoria, en forma íntegra, simultánea y sin modificaciones, incluyendo la publicidad y con igual calidad de la señal que se radiodifunde e incluirla sin costo adicional en los servicios contratados por los suscriptores y usuarios”, refiere el documento.
De ese modo, dice la sentencia, la responsable en forma indebida responsabilizó a las televisoras que son concesionarias de televisión restringida por la retransmisión que tienen la obligación legal de llevar a cabo de manera íntegra y sin posibilidad de realizar modificaciones a la publicidad.
Por tanto, dijo que las televisoras restringidas deben ser excluidas de responsabilidad en la comisión de las conductas infractoras que les fueron imputadas.
La sentencia refiere que la Sala Especializada tiene 72 horas para imponer las sanciones que correspondan a la gravedad de la falta para el Partido Verde y las empresas de televisión abierta.
