Ciudad de México, 13 de marzo (SinEmbargo).– La niña tzotzil de 14 años, Roxana “N”, confirmó que estuvo encerrada 29 horas en la cárcel de San Juan Chamula entre “basura y mierda” y sin que le dieran de comer ni le proporcionaran abrigo para el frío.
La menor precisó que fue detenida el domingo a las 08:30 horas para obligar a su familia a que pagara 24 mil pesos por haberse separado de su pareja, Armando López de 18 años de edad, luego de vivir juntos tres meses, y dijo fue liberada el lunes a las 13:30 horas, luego de que sus familiares se comprometieron a pagar 24 mil pesos el próximo 26 de marzo.
“Se quedó muda, ya no habla porque se espantó mucho en la cárcel; ni pozol dejaban que le diéramos”, dijo su abuelo Vicente Hernández Velasco al diario La Jornada.
Según su familiar él recibió de Armando López 15 mil pesos para que su nieta se fuera a vivir con él. Sin embargo, en noviembre se separaron, por lo que él se quejó ante las autoridades de San Juan Chamula para que la detuvieran y obligaran a los familiares de su ex compañera a que le regresen los 15 mil pesos y le paguen 9 mil de intereses.
Por su parte, Ricardo López Hernández, juez de paz y conciliación indígena de San Juan Chamula, negó que haya ordenado encarcelar y multar por 24 mil pesos a una niña tzotzil de apenas 14 años por haber abandonado a su pareja. Aseguró que la menor no estuvo presa, “sino solo su madre”, liberada horas después.
López Hernández dijo en entrevista con la prensa local que la madre de la menor “recibió 24 mil 700 pesos cuando entregó a su hija” en agosto pasado para que se uniera a un joven de 18 años de edad. Pero cuando la menor regresó a su casa, la familia del joven exigió la devolución de su dinero “ya que la unión libre no se consumó”.
La familia de Roxana dijo a la prensa que el juez ordenó a Roxana pagar una multa de 24 mil 700 pesos por los gastos de la boda que demandaba la familia de su esposo, así como por los intereses generados. Sin embargo, al no poder pagar esta suma, fue encarcelada bajo promesa de ser liberada cuando abonara dicha deuda. Entre los indígenas tzotziles son comunes las bodas arregladas por dinero. Las menores de edad se entregan a adultos a cambio de bienes.
Ricardo López Hernández aseguró que él nunca llevó el caso y explicó que quienes lo abordaron fueron las autoridades tradicionales indígenas, a petición del joven quien exigió su dinero de vuelta.
Agregó que al percatarse de que se había tratado de un delito de trata de personas, las autoridades tradicionales empezaron a indagar y detuvieron por varias horas a la madre, pero nunca a la adolescente. Precisó que la pareja de la menor pidió los 24 mil 700 pesos que pagó por ella, aunque la madre fue emplazada a devolver sólo 20 mil pesos en un plazo de 15 días.
Por su parte, las organizaciones Melel Xojobal y la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) reprobaron que estos hechos que violentan los derechos de las niñas y las adolescentes sigan ocurriendo en Chiapas, particularmente en la Región de los Altos.
Por medio de un comunicado de prensa, dijeron que actos de autoridad como éste, no sólo vulneran la libertad de decisión de las niñas y las adolescentes, sino también perpetúan las condiciones de opresión por su condición de género y edad, y la violación de derechos que generalmente se originan en las uniones tempranas.
Las organizaciones recordaron al Juez de Paz Ricardo López Hernández que de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Federal, en su artículo 17, “nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter civil”.
“Esta violación al debido proceso es mucho más grave en el caso de la infancia, pues también representa una violación a la Convención de los Derechos del Niño, tratado internacional que todas las autoridades del Estado Mexicano están obligadas a cumplir”, señalaron las organizaciones.
Asimismo exigieron a las autoridades realizar una revisión del caso y se otorgue una enmienda sobre el mismo, la cual debe ser representativa y justa para que las comunidades también puedan avanzar hacia el reconocimiento de los derechos de las mujeres, las niñas y las adolescentes que ahí viven y superar los estereotipos machistas que continúan vigentes.
“Al respecto cabe puntualizar, que los usos y costumbres de las comunidades en ningún momento pueden pasar por encima de los derechos humanos de las personas que las integran, mucho menos por encima del Interés superior de niñas y niños”, señalaron en el documento.
