Justo cuando Guanajuato resiente una ola de homicidios violentos que en el mes de enero alcanzó una tasa de dos diarios, de los cuáles la mitad fueron identificados como ejecuciones vinculadas al crimen organizado, al gobierno del estado que encabeza el panista Miguel Márquez Márquez se le ocurre que la prioridad es formular una ley para impedir el establecimiento de casinos y table dance en la entidad.

Esta semana, Márquez anunció con gran orgullo la presentación de una iniciativa de ley que busca modificar un artículo constitucional, la Ley orgánica Municipal y el Código Territorial del Estado, con la finalidad de que no puedan asentarse en la entidad nuevos centros de apuestas y establecimientos con “espectáculos nudistas”.

Fiel a la cruz de su parroquia, el gobernador panista justificó la iniciativa como “una medida de prevención en beneficio de las familias guanajuatenses”. Dijo que este tipo de giros representan “un problema serio de adicción y ludopatía, los cuales están generando en los matrimonios problemas conyugales y económicos.”

Además, se apoyó también en el combate a la trata de personas, arguyendo ante los medios: “díganme dónde se genera el mayor problema de trata de personas: en los centros nocturnos. No digo que en todos, pero en algunos sí. Es lo mismo, la prevención, ya no hay necesidad de autorizar más”.

Sin embargo, las regulaciones que trata de modificar el gobernador guanajuatense, quien se dijo apoyado por 33 de los 46 alcaldes de la entidad, se basan en un control débil, pues sólo puede echar mano de la reglamentación del uso de suelo y los permisos de construcción, dos atribuciones de los municipios.

Por eso, la idea de Márquez ha empezado a despertar sospechas y levantar resistencias. En realidad, no se está atendiendo de ninguna manera el problema de fondo, pues los 14 casinos que ya funcionan en la entidad, seis en León y el resto distribuidos en varios municipios, no tendrían ninguna afectación ante la no retroactividad de la ley.

De esos casinos, hay varios vinculados a políticos panistas, aunque escudados tras prestanombres, como es el caso de los hermanos Luis Alberto y  Ricardo Villarreal, ambos diputados federales y el primero polémico coordinador de la bancada de su partido en el Congreso Federal.

Otros, pertenecen a empresas nacionales, como Televisa; o bien a cadenas como la que posee el zar de los casinos, Juan José Rojas Cardona.

En todos esos casos, resulta claro que la iniciativa del gobernador Márquez no tiene ningún efecto. No se aprecia porque haya que “cuidar a las familias” sólo en el caso de los nuevos casinos y no de los que ya están. Pareciera más bien que la intención de complicar la instalación de nuevas casas de apuesta tuviera como fin proteger a las ya existentes.

En el caso de los centros nocturnos con espectáculo de desnudos, o table dance, la justificación del gobierno tiene dos aristas: la primera tiene que ver con la moral católica y “preservar a la familia”, como también se dijo en el tema de los casinos; solo en segundo lugar viene el combate a la trata de personas, afirmando Miguel Márquez en sus intervenciones públicas que “en algunos de estos lugares” se presenta dicho delito.

La pregunta es: ¿porqué agarrar parejo? Si se tienen evidencias de trata de personas en “algunos lugares”, porqué no se actúa bajo las premisas de ley y se inician investigaciones ministeriales. Además, la normatividad que pretende el gobierno panista, como ocurre con los casinos, solo buscará complicar la instalación de nuevos negocios de este tipo, pero no controlar ni restringir a los ya existentes.

El problema de fondo, como a menudo ocurre en Guanajuato, es que las verdaderas motivaciones de la creación de políticas públicas, para las cuales sólo se emborronan las leyes pero no se prevé ninguna acción adicional, es que se parte de criterios ideológicos y moralistas, pero no de diagnósticos ni de premisas de responsabilidad pública.

Leyes vigentes, como la de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia o la de Entorno Escolar Libre de Violencia, quedan únicamente en buenas intenciones al no disponerse de presupuestos más amplios y de áreas administrativas fortalecidas para cumplir los preceptos de la ley.

Lo más probable es que este intento de recomponer los conflictos conyugales provocados por la ludopatía y la afición a los bailes eróticos, así como de contrarrestar tímidamente el monstruoso delito de la trata de personas, quede en nada.

Por si algo faltara, la iniciativa de Miguel Márquez encara conflictos de constitucionalidad, pues se va a tratar de impedir actividades que otras leyes protegen y reglamentan, como es el caso de los juegos de azar.

Por lo pronto, lleno de buenas intenciones, el gobernador guanajuatense ya ganó buenos espacios en prensa con su combate conceptual a los centros de apuesta y los lugares de diversión para adultos. Lo que se duda es que logré impactar, ni siquiera mínimamente, los problemas sociales asociados a ese tipo de actividades, aunque en el intento logre quedar en paz con su conciencia.

Arnoldo Cuellar

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Periodista, analista político. Reportero y columnista en medios escritos y electrónicos en Guanajuato y León desde 1981. Autor del blog Guanajuato Escenarios Políticos (arnoldocuellar.com).

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