Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).– Algunas columnas periodísticas reportaron que al Gobernador chihuahuense, César Duarte Jáquez, se le desencajó el rostro esa noche que se suponía habría un festejo en Palacio. Era 16 de septiembre de 2013, el tercer año de su sexenio y el segundo que daría el Grito de Independencia desde el “megabalcón” que se había mandado construir un año antes para estrenar en su segunda noche patria como mandatario. Un millón 900 mil pesos para modificar el ventanal del histórico edificio del Siglo XIX y ampliar la barandilla que da a la Plaza del Ángel, una especie de Zócalo en la capital de Chihuahua, más otros 2.7 millones para agrandar también el contiguo Salón Balcones, donde recibe a los invitados.
Y ahí estaba Duarte, en su millonario nuevo palco frente a miles de asistentes a la ceremonia del Grito, sosteniendo la bandera, con su familia y funcionarios, cuando empezó a escucharse el abucheo.
–¡Chihuahuenses! ¡Viva la Independencia! –gritó el titular del Ejecutivo.
–Uleeero, uleeero –respondieron varias voces desde el público.
–¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! –continuó el mandatario.
–¡Buuu! ¡Buuu! –contestaron los ciudadanos.
Las expresiones de repudio quedaron registradas en videos colocados en YouTube y en diversos medios de la entidad: “Le enviaron un duro mensaje al Gobernador César Duarte, cuando en vez de corear las ‘vivas’ a la Nación, dejaron salir una ensordecedora rechifla, en la expresión libertaria absoluta, de su juicio sobre la marcha del Gobierno”, publicó Norte de Ciudad Juárez. “No sólo en la emergencia emerge, valga la redundancia, el hartazgo de la gente –publicó el sociólogo y ex Diputado Víctor Quintana en El Diario de Chihuahua–, también en las fiestas: en el abucheo y el desaire al Grito de Peña Nieto en el Zócalo, o al de César Duarte en el megabalcón del Palacio de Gobierno”.
Corría la mitad del actual sexenio en Chihuahua y, ciertamente, había disminuido la violencia que colocó a esa entidad en el primer lugar nacional de homicidios, balaceras, masacres o la exhibición de cuerpos desmembrados, “narcomensajes” y demás atrocidades de la llamada “guerra del narcotráfico”.
Entre la ciudadanía, sin embargo, y como relató el abogado Jaime García Chávez, abundaban ya las versiones, testimonios e indicios de que Duarte y su círculo cercano de funcionarios estaban abusando del poder público, que estaban endeudando monumentalmente al erario, que participaban en la creación de empresas para proveer a instituciones de Gobierno, sobre todo en el Sector Salud, que se llevaban miles de pesos en camionetas a sus ranchos, que se estaban apoderando de propiedades, que Duarte mismo era ya dueño del emblemático Hotel Soberano –evidenciado en la denuncia penal-, y que tenía a familiares en puestos clave, como a su hermano en la rectoría de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
La construcción misma del “megabalcón” en el segundo piso del Palacio de Gobierno se había iniciado sin permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y había concluido pese a las críticas expresadas en conversaciones, columnas y demás redes sociales. Una intención posterior, ésta para trasladar el Mausoleo de Francisco Villa de un parque a la misma Plaza del Ángel, fue finalmente detenida luego de que los ciudadanos se opusieron con firmas e incluso una manifestación frente a Palacio que, en agosto de 2013, terminó con descalabrados y la intervención de la policía.
En ese ambiente llegó el abucheo en la ceremonia del Grito el 16 de Septiembre, noche que fue considerada también en diferentes columnas como un parteaguas en la relación del Gobierno y la población de un estado primero víctima de la violencia extrema y luego de la corrupción más abierta, según activistas.
“Como nunca antes en la historia reciente de Chihuahua encontramos a un Gobernador que provocara tanta animadversión (…) A donde quiera que usted vaya, si se toca el tema de César Duarte no hay quién lo defienda”, dijo Luz Estela Castro, abogada y directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) que prepara la presentación del asesinato de la activista Marisela Escobedo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Estamos ante un gobierno frívolo, superficial y que, aparte de la corrupción, ha dado muestra de una gran insensibilidad (ante las víctimas de la violencia)”, dice la abogada desde la ciudad de Chihuahua.
PECULADO Y ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
Castro y otros representantes de la sociedad civil de diferentes regiones de aquella entidad norteña fueron entrevistados por SinEmbargo para que describieran al Gobierno que, de acuerdo con la denuncia por peculado y enriquecimiento ilícito presentada ante la Procuraduría General de la República (PGR), habría desviado más de 8o mil millones de pesos de recursos públicos a un fideicomiso personal creado junto con su esposa.
Y la crítica en las respuestas es unánime: el de César Duarte no es sólo uno de los Gobiernos más abiertamente corruptos en la historia del Estado de Chihuahua, sino también uno de los más autoritarios.
“Es un Gobierno absolutista, que no tiene ningún contrapeso ni en el Congreso ni en el Poder Judicial; es un retroceso a la democracia; una situación en la que, como hizo Patricio Martínez (el ex Gobernador y hoy Senador que defendió a Duarte cuando éste acudió a la Cámara Alta a hablar de seguridad pública) se desacredita y se acusa de desestabilizar a quienes cuestionan que hay muchísimos problemas sociales no atendidos, como el femenicidio, ante el cual el gobierno tiene una clara postura de no hablar del tema y no atenderlo”, dije José Luis Flores, integrante del Consejo para el Desarrollo Social de Ciudad Juárez.
“Es el peor gobierno, y mire que Chihuahua ha tenido malos Gobiernos”, agregó desde la región de Cuauhtémoc Víctor Quintana, dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y también analista político.
“Lo más grave es la falta de transparencia, de rendición de cuentas, el autoritarismo, la subordinación de los poderes Legislativo y Judicial; el control del Instituto Chihuahuense de Transparencia, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la súper corrupción, que no sólo tiene que ver con el daño patrimonial al Estado, sino también con una mala administración en términos de nulo desarrollo económico, desgarramiento del tejido social, el primer lugar nacional en embarazos, tercero en rezago educativo en preparatoria”, dijo también Quintana.
Los ejemplos de exceso en las decisiones al frente del poder público abundaron entre los entrevistados, como la reciente “jubilación” de 13 magistrados que fueron reemplazados por nuevos titulares del Poder Judicial, algunos sin experiencia y, como describió García Chávez en una de sus columnas, “producto del compadrazgo y cuotas partidistas, ubicación de personajes a modo para resolver litigios”.
Otro es el gasto de 461.1 millones de pesos en la construcción de nuevas instalaciones de las dos ferias tradicionales –Santa Rita y la Exposición Ganadera– mientras 1.2 millones de habitantes del estado –o más de tres de cada 10 personas, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)– viven en condiciones de pobreza.
“Esas instalaciones (las de la feria) se usan sólo una vez al año, y se hace ese gasto millonario cuando hay tantos problemas de hambruna en la sierra”, dijo Luz Estela Castro.
Pero más grave, agregó la abogada, es la desatención a cientos de casos de personas víctimas de desaparición registrados en el presente sexenio, sobre todo en la región de Cuauhtémoc, a la entrada a la zona serrana de Chihuahua, y probablemente atribuidos al crimen organizado.
“Pero en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas [el 30 de agosto], mientras las madres de las víctimas exigían una audiencia con el Gobernador, él estaba en el Teatro de los Héroes celebrando al cantante Juan Gabriel”, agregó la abogada.
“Y también es muy poco tolerante a las críticas; no en vano Chihuahua es uno de los estados más peligrosos para los defensores los Derechos Humanos, como lo ha señalado la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y tiene que ver con las campañas de descalificación, como la que le hicieron a Ismael Solorio (dirigente del Barzón en el Noreste de Chihuahua, opuesto a la operación de una mina y asesinado en octubre de 2012), a Marisela Escobedo (asesinada en 2010), y conmigo (cuya oficina fue atacada luego de denunciar la impunidad en las agresiones a los otros defensores)”, señaló Castro.
José Luis Flores, por su parte, cuestionó que el populismo y el espectáculo abunden mientras ninguna oficina de Gobierno está realmente ocupada en atender las raíces de la profunda problemática social que persiste en el estado.
“Yo creo que este Gobierno ha retomado el sistema priista de populismo, espectáculo, corrupción, improvisación y feudalismo; en ningún informe se habla de los indicadores de calidad de vida, que es desde donde decimos que hay mucho dolor en la entidad y sobre todo en ciudades como la nuestra; mucho dolor encapsulado, miles de huérfanos no atendidos, la ausencia de una política social que vaya a las bases y no sólo a los efectos”, dijo Flores.
Víctor Quinta, por su parte, comparte la muy extendida percepción de que la disminución de la violencia en Chihuahua –y que es notoria sobre todo en Juárez, mas no en la zona serrana– podría obedecer más a un acuerdo entre los grupos que se disputaron el territorio que al éxito de alguna medida gubernamental contra el crimen organizado.
“Ahí están las desapariciones, como en Cuauhtémoc, y zonas completas del estado, como Madera, Bachíniva, Namiquipa, Riva Palacio, Gómez Farías, Zaragoza, donde hay un control del crimen organizado. Ellos tienen las direcciones de Seguridad Publica de estos municipios. El Alcalde puede ser electo, pero el crimen pone a los jefes de seguridad pública, a los tesoreros y a los directores de obras públicas”, expresó Quintana.
“Es una coexistencia (con la delincuencia) relativamente pacífica, con control de daños, pero es una política de ‘dejar hacer dejar pasar’, y no sólo de parte del Gobierno del estado, sino también de la Federación. El Ejército no está en esas partes, hay dos poblaciones que son ejemplares negativamente: colonia El Alamillo y Nicolás Bravo, en Madera; la primera, prácticamente ya deshabitada y, la segunda, totalmente atemorizada: los narcos se han apoderado de ranchos, maquinaria y ganado, hay gente de ahí que desde 2009 salió y no ha podido regresar”, agregó el ex Diputado.
TIERRA DE IMPUNIDAD
Los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública reflejan la percepción ciudadana de que en Chihuahua ha descendido la violencia registrada sobre todo durante el sexenio federal pasado. El indicador de tres mil 900 asesinatos dolosos registrados en 2010, por ejemplo, que fue el año de la elección que ganó Duarte, se redujo a mil 443 en 2013 y a menos de mil (995) hasta noviembre de 2014.
Las cifras, sin embargo, esconden los cientos de casos de personas cuyas familias reportan como desaparecidas, como los múltiples casos de mujeres en Ciudad Juárez y los que reportan Castro y Quintana en la región oeste del estado. Ocultan también la impunidad en la que se encuentran los homicidas de más de seis mil personas y cuyos crímenes no investigan ni la Fiscalía Estatal ni la Procuraduría General de la República porque la primera, ha dicho el Fiscal General del Estado, no investiga la delincuencia organizada y la segunda no atrae los homicidios.
Entre los miles de casos que ni el Gobierno de César Duarte ni el federal tocan se encuentran varios crímenes de alto impacto, desde los homicidios de periodistas como el reportero de El Diario, Armando Rodríguez, registrado en 2008, hasta los de activistas como Marisela Escobedo, ocurrido en diciembre de 2010, pocos meses después de que asumiera el actual mandatario.
La impunidad en este caso y en Chihuahua es tal que el único detenido por este crimen, de hecho, acaba de ser a su vez asesinado en el interior del penal de San Guillermo, en la capital del estado; homicidio que se suma a la zaga del caso Escobedo que, como otros, es emblema de la profunda barbarie que deja más del 97 por ciento de los casos sin castigo ni respuestas: está muerta la hija a manos de su pareja, la madre que buscaba justicia –asesinada a la puerta de Palacio de Gobierno– el asesino confeso de la primera y un probable chivo expiatorio en el caso de la segunda.
“El de Marisela Escobedo es un caso emblemático de impunidad, pero hay otros, como las desapariciones, con la colusión del crimen organizado con las policías, o el genocidio que se está perpetrando en Guadalupe (en la frontera), donde hay más violencia que en otras partes del estado”, dijo Luz Castro.
“Y esa tóxica y exagerada situación de impunidad –cierra la abogada– tiene la aquiescencia del Estado”.
SinEmbargo solicitó una entrevista con el Gobernador de Chihuahua pero, hasta el cierre de esta edición, la petición no había sido contestada.
