Es difícil defender derechos humanos en un país como el nuestro. Lo afirmo de manera categórica porque más allá de crear leyes e instituciones ineficaces, jamás ha existido una tradición democrática y de libertades en nuestra cultura política. No quiere decir que no podamos cambiar el curso de la historia para futuras generaciones, pero simplemente debemos de enmarcar el contexto en el que se defienden los derechos humanos en México.

Hace mucho que no recuerdo una celebración tan lúgubre del día internacional de los derechos humanos en México. Admito que el contexto político por la reforma energética acaparó los espacios en los medios de comunicación. Sin embargo, el día nos debe de ayudar para echar un vistazo a nuestra situación en esa material.

Tal vez sea contradictorio celebrar un año en dónde hubo más de 19 mil asesinatos incluyendo decenas de defensores de derechos humanos. Un año dónde la violencia contra la prensa creció, o bien un año en el que nos enteramos que como país caímos 45 lugares en el Indice de paz, es decir, México ocupa actualmente el lugar número 133 de 162 países a nivel global. Aunque no se retrate en los medios de comunicación, México sigue siendo un país en guerra.

O bien, un año dónde México se convirtió en el único país de América Latina y el Caribe donde creció la pobreza, que afecta particularmente a niños y adolescentes. El número de mexicanos que vive por debajo de la línea mínima de bienestar subió a 60.6 millones de personas, un millón más que en 2010, reveló este jueves la Comisión para América Latina y el Caribe (Cepal). La cifra de crecimiento de la pobreza es escalofriante por el futuro que pinta para el desarrollo del país.

La llegada del PRI a los Pinos está enmarcada por la crisis en el mundo del modelo democrático. Es una mala señal que México haya sido el país del continente que menos cree en este modelo político, así lo indica el Latinobarómetro 2013. A la pregunta: “La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno”, sólo 37% de los mexicanos asiente. El promedio latinoamericano es de 57%, 20 puntos más que en donde estamos en México. Esto es una tendencia que viene recrudeciendo en el país. En 2002, 63% de los mexicanos asentía con esa oración. En 2010 todavía 49% estaba de acuerdo.

Desde hace 12 años el gobierno de la Ciudad de México había sido un contrapeso político al ejecutivo federal. Una oposición de facto que creaba contrapesos en el delicado ambiente político. Ese contrapeso ha desaparecido. El Gobierno de la Ciudad de México, a cargo de Miguel Ángel Mancera, se ha desdibujado por su alineamiento (algunos le llaman trabajo coordinado) con el presidente Peña. Lo cierto es que Mancera cada vez más actúa como si fuera regente capitalino y no como jefe de gobierno.

La capital ha sido el epicentro de protestas sociales durante el año que termina. Las violaciones graves a derechos humanos cometidas por la policía y procuraduría capitalinas durante las protestas están ampliamente documentadas. El gobierno capitalino ha decidido no enmendar el camino y por el contrario adoptar una perspectiva policiaca para atender la protesta social en las calles de la capital. El discurso de las autoridades capitalinas ha sido confrontativo y retador, en vez de conciliador y garantista.

Pero ante la intención de limitar libertades en la capital, hay diversas voces, por ejemplo, la intención retrógrada del diputado Jorge Sotomayor que busca limitar las manifestaciones al crear un régimen restrictivo para protestar va de la mano con las modificaciones al código penal de la capital para agravar las penas durante manifestaciones. Lo que, al parecer no logran entender, es que el gritar en las calles, el bloquear calles, el gritar consignas contra autoridades indolentes se ha convertido, prácticamente, en la única manera de dar a conocer el descontento social. La intención de regular y burocratizar la protesta social es atentar contra uno de los últimos espacios dónde se puede practicar el disenso y el descontento social.

El desencanto con la democracia allana el camino hacia el autoritarismo basado en el miedo de la sociedad, y parece ser que para allá nos dirigimos. Veo pocas señales de cómo se puede frenar la avasallante maquinaria priísta (apoyada por los inexistentes partidos de oposición). Ya sea por acción u omisión, los medios de comunicación no están con la convicción de hacer periodismo a favor de la sociedad. Sin ánimos de echar leña al fuego al ya de por si popular pesimismo sobre el presente contexto, no veo una fuerza que, por ejemplo, pueda proteger efectivamente los derechos humanos. No veo actores sociales apartidistas que tengan la suficiente fuerza para hacer un contrapeso gubernamental. Esto es una mala noticia.

Mi intención no es denostar los valientes, necesarios y loables esfuerzos que hay y que buscan proteger nuestras libertades, denunciar atropellos, demandar justicia, ser las voces del disenso. Éstos los hay y son fundamentales. Sin embargo, es necesario vernos en el espejo y saber que nuestra historia como país conlleva un alto grado de autoritarismo. En otras palabras, los derechos humanos y libertades nunca han sido elementos rectores en nuestro sistema político y social. Han sido monedas de cambio de partidos políticos, lemas de campañas políticas, dádivas gubernamentales, pero jamás intereses del Estado mexicano. Entonces la perspectiva para el segundo año de Enrique Peña Nieto es reconocer que estamos para defender lo que se ha ganado, difícilmente podremos conquistar nuevas libertades en los próximos años. No soy derrotista, más bien realista. Ojalá pudiera escribir lo contrario, que veo aires de cambio y mejora, que respiro un ambiente de óptimo para que la sociedad gane espacios como actor de cambio. Pero no, ese texto aún no llega.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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