El informe de la Comisión de la Verdad y el hallazgo de los restos de personas asesinadas por militares se dan a conocer justo en momentos en que el Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), de esta Comisión, insistiera en la obstaculización del Ejército en sus labores, ante lo cual anunció el retiro de su personal.
Ciudad de México, 12 de octubre (SinEmbargo).– La Comisión de la Verdad de crímenes cometidos entre 1965 y 1990, periodo que comprende la “guerra sucia” en la que el Estado mexicano persiguió y desapareció a disidentes, reveló el hallazgo de siete osamentas en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, en el estado de Guerrero, las cuales se encuentran en proceso de identificación forense, pero que de acuerdo con testimonios recogidos corresponden a disidentes asesinados por militares en 1971.
La Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, que preside el Subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, difundió ayer su primer informe en el que dio cuenta los obstáculos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para acceder a documentación histórica sobre las violaciones a los derechos humanos en el periodo, como ha venido denunciando de tiempo atrás el Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), uno de los cinco brazos de esta Comisión.
Entre los principales hallazgos de este informe destaca la recopilación de “evidencia contundente” sobre la existencia de centros clandestinos de detención en distintas instalaciones militares en el periodo referido.
“Con la evidencia previa, y la evidencia recabada durante las inspecciones en las instalaciones militares, incluyendo el testimonio in situ de las personas que estuvieron en calidad de detenidas-desaparecidas en dichos lugares, se pudo identificar, con distinto grado de certeza, la existencia de centros clandestinos de detención en diversas instalaciones militares, en distintas entidades federativas”, destaca el reporte.
La Comisión precisa que se levantó el testimonio de 831 personas en 20 entidades de la República; el registro documental en 87 acervos; la inspección en seis instalaciones militares, entre las que se encuentra el Campo Militar No. 1, entre otras labores como fue la búsqueda en campo que dio con la localización de las osamentas de disidentes.
En ese sentido, el reporte refiere que familiares se acercaron al personal de Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) y proporcionaron información sobre hechos ocurridos el 20 de julio de 1971, la cual comprendía nombres de personas que fueron ejecutadas e inhumadas después de haber sido extraídas por el Ejército de sus casas, además de aportar datos sitios de inhumación, fotografías y contactos telefónicos.
“Con esta petición y datos concretos del sitio se realizó una búsqueda documental más detallada identificando que se trataba de una intervención militar a varios poblados al sur del municipio de Ajuchitlán del Progreso”, destaca el reporte.
Dicha intervención militar fue consignada en documentos oficiales con las fechas que dieron los familiares, aunque los sitios difieren y se confunden entre algunos ejidos. Además, fue referida como un “enfrentamiento”, difiriendo con los familiares y testigos de lo que presuntamente fue una masacre y una ejecución sumaria.
“El 16 de junio de 2023, la CNB en compañía de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Guerrero y familiares de las víctimas realizaron prospecciones en tres puntos de interés de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, con las siguientes coordenadas geográficas: Paraje Los Espadines, Loma Las Desdichas y Palos Altos. En el primer punto, Parajes Espadines, correspondiente a un terreno en la comunidad ejidal del Chilacayote, se georreferenciaron dos posibles inhumaciones marcadas con círculos de piedra en un terreno de cultivo. De acuerdo con los testimonios de las víctimas, la fosa al sur contiene tres cuerpos; la fosa al norte tiene dos cuerpos, con un diámetro de 3.20 metros”, señala el documento.
MILITARES SE NIEGAN A DECLARAR
La Comisión señala en su reporte que como parte de las tareas de coordinación establecidas con la Secretaría de la Defensa Nacional “se había establecido la posibilidad de que personal militar en activo o en retiro, que pudiera tener información relevante para la Comisión, pudieran brindar su testimonio ante ella”.
En ese sentido, el presidente de la Comisión, el Subsecretario Alejandro Encinas solicitó, en marzo de 2023, al General Secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval que convocara a declarar a 368 militares que pertenecieron a distintos organismos y cuerpos del Ejército durante el periodo en revisión.
De acuerdo con información de la Comisión para la Verdad, este personal militar podría tener información relevante sobre las violaciones graves a derechos humanos cometidas, que fueron testigos o participaron en acciones en el contexto de la violencia de Estado Contrainsurgente.
Sin embargo, dice el reporte, en junio de 2023, la Sedena respondió negativamente a la petición, y la Comisión volvió a enviar una justificación insistiendo en la relevancia de los testimonios del personal militar. Se está en espera de la respuesta de la Secretaría.
La negativa del Ejército a permitir que militares en activo o retirados aporten información que resulte clave en esclarecimiento de estos hechos se da precisamente en un contexto en el que la Sedena es señalada por el Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) de que durante el último año ha enfrentoado diversos hechos de negación y obstaculización en torno a la revisión de documentos, situación que se ha ido incrementando con el paso del tiempo.
Por ello, el Mecanismo informó que retirará formalmente al equipo de personas investigadoras que mantuvieron su presencia hasta finales de septiembre en el archivo militar, mientras no se modifiquen las condiciones antes señaladas.
