Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).- La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) entregaron hoy a la Corte Penal Internacional (CPI) un informe en el que documentan los casos de 95 personas que fueron detenidas arbitrariamente por agentes de seguridad del Estado, torturadas y acusadas falsamente de tener algún vínculo con el narcotráfico.

El casi centenar de casos corresponde únicamente a Baja California -uno de los primeros estados a los que el gobierno del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa envió militares para funciones policiales de combate al crimen organizado- durante los años de 2006 a 2012.

A decir de las organizaciones, hubo ciertos patrones que les hacen afirmar que no se trató de hechos azarosos, sino que obedecieron a acciones sistemáticas cuyo propósito fue legitimar el supuesto combate al crimen organizado en esa entidad durante el sexenio calderonista.

“Estos casos de tortura, privación grave de la libertad y desaparición se cometieron de manera sistemática como resultado de una política de Estado de detener civiles ilegalmente, desaparecerlos temporalmente para torturarlos y obtener de ellos confesiones para implicarlos en crimen organizado para asegurar la legitimidad de sus acciones”, consigna el documento que fue entregado a la Fiscalía de la CPI.

“Los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad en México son crímenes de lesa humanidad que no pueden quedar sin castigo”, señaló Karim Lahidji, presidente de la FIDH, tras la entrega del informa. “La CPI es competente para evaluar estos crímenes y, ante la prevalencia de impunidad de los más altos responsables por estos crímenes, proceder a una investigación” añadió.

La CPI es un tribunal penal de carácter mundial y permanente que, a diferencia de otras instancias, no establece la responsabilidad de los Estados sobre violaciones a derechos, sino que juzga penalmente a los individuos que se presuma sean responsables de crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio.

DETENCIONES Y TORTURA

La información presentada revela que las autoridades, principalmente militares, cometían estos hechos siguiendo un patrón específico: detenían civiles sin orden judicial en sus casas, los sometían a torturas en instalaciones militares, les obligaban a firmar hojas en blanco que serían utilizadas para su auto-incriminación o para incriminar a otros, y se les implantaban drogas y armas como “evidencia”. En múltiples ocasiones se los presentaba ante los medios de comunicación como responsables. Estos hechos ocurrían con conocimiento e incluso participación directa de los principales oficiales militares y policiales de Baja California. En todos los casos documentados por las organizaciones las víctimas resultaron absueltas de los cargos por falta de pruebas, o esperan sentencia en procedimientos plagados de pruebas contradictorias y cuestionables. Por el contrario, ningún alto mando militar o policial ha enfrentado cargos penales ante tribunales judiciales mexicanos por los crímenes cometidos contra los civiles, incluidos actos de tortura.

La FIDH detalla que las técnicas de tortura empleadas eran golpes en la cabeza, ahogamientos en agua, choques eléctricos en diversos órganos (incluidos los genitales), tortura y abuso sexual, amenazas de muerte, violencia psicológica (como con escenificaciones de fusilamientos o torturas a los hijos). Mientras tanto, las autoridades negaban su paradero a familiares y amigos, y no se le presentaba ante la autoridad judicial ni se le permitía tener un abogado.

Además de las instalaciones militares, se usaban vehículos del Ejército y de las policías, así como armas de alto calibre, durante las detenciones.

Pero las armas se usaban no sólo para efectuar las detenciones, sino también para implicar falsamente al detenido en delitos relacionados con el narcotráfico y la delincuencia organizada. También se le implantaba droga o se le hacía firmar papeles en blanco para poder implicarlos falsamente.

La información sobre la detención se falseaba y se declaraba que la persona había sido aprehendida en flagrancia o en retenes. En muchas ocasiones, la víctima era incluso presentada ante la prensa.

Además, en todos los casos, las víctimas fueron personas de clase media baja o baja. Resaltar este dato fue relevante para las organizaciones toda vez que, argumentan, la condición social de los afectados les hizo vulnerables y favoreció que se les pudiera fabricar imputaciones y presentar como integrantes de cárteles.

De los 31 casos documentados -que involucran a 95 personas afectadas- la mayoría ocurrió durante 2011 y 2012, los últimos años del sexenio de Calderón. Todos los casos ocurrieron en cuatro ciudades del estado.

El patrón que la CMDPDH, la CCDH y la FIDH encontraron no es exclusivo de los hechos documentados en Baja California, pues hay otros informes de otras instancias defensoras de derechos humanos que han referido también casos de tortura a nivel nacional, señalan las organizaciones. Ello demostraría, arguyen, que no se trata de casos aislados, sino de una práctica sistemática que se insertó dentro de la política de “seguridad nacional” impulsada durante el gobierno anterior.

Por ello es que consideran que los 95 casos documentados en Baja California, forman parte de “un esquema sistemático de violencia organizada por parte de las fuerzas de seguridad”. El carácter organizado de la violencia institucional se evidencia, dicen las organizaciones, no sólo por el patrón de conducta en las detenciones, torturas y falsas imputaciones y el uso de recursos del Estado para ejecutarlas, sino porque todas esas acciones tenían una misma finalidad: “implicar a quien fuera con el crimen organizado para mostrar el éxito y buscar la legitimidad de la llamada ‘guerra contra el narcotráfico’, a toda costa”.

En la mayoría de los casos reportados, no hay investigaciones ni procedimientos penales contra los mandos de gobierno por los abusos cometidos. Y en aquéllos en los que sí hay averiguaciones previas, éstas no han dado resultados, pues en ningún caso se ha condenado penalmente a los máximos responsables, apunta el informe.

Las organizaciones consideran que en México existe una base razonable para sostener que se cometieron crímenes de competencia de la CPI, los cuales continúan sin investigación o castigo. Por ello, solicitaron a la Fiscalía que proceda, tal como le obliga el Artículo 15 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, a conducir un examen preliminar sobre los crímenes de lesa humanidad, de tortura, privación grave de la libertad y desaparición forzada con miras a decidir sobre la apertura o no de una investigación en México.

“Ante la falta de respuesta de las autoridades mexicanas al clamor por justicia de las víctimas de estos hechos, no queda otro recurso que la CPI para asegurar que los crímenes graves cometidos en México no queden en la impunidad”, declaró Paulina Vega, vice presidenta de la FIDH e integrante del Consejo Directivo de la CMDPDH.

“La población de Baja California ha sufrido, en colectivo, el impacto de estos operativos en contra de los ciudadanos inocentes. Una investigación seria para llevar a juicio a los máximos responsables es necesaria para que este tipo de acciones no se cometan de nuevo y que la tortura deje de formar parte de la forma de actuación de los cuerpos de seguridad del Estado” señaló Raúl Ramírez Baena, director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste.

De ahí que la intención de las organizaciones de comunicar estos hechos ante la CPI es que la Fiscal del organismo internacional anuncie un análisis preliminar sobre México con miras a definir si abre o no una investigación en México sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad.

En la comunicación entregada a la CPI, recuerdan que desde el 1 de enero de 2006 está vigente para México el Estatuto de Roma -que sustenta a la CPI-, de modo que dicha instancia puede investigar posibles crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidio contenidos en territorio mexicano o por mexicanos en cualquier parte del mundo.

Las organizaciones también le sugieren a la CPI solicitar a las autoridades mexicanas información sobre investigaciones y procedimientos penales abiertos para procesar a los presuntos responsables por los casos en Baja California; así como información sobre las estructuras militares que se encontraban en Baja California cuando ocurrieron los hechos denunciados y cuál es su relación con las autoridades estatales y municipales. Además, que solicite información tanto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como de la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California sobre quejas de detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos entre 2006 y 2012.