Gustavo Ruiz Lizárraga, periodista de la Agencia Subversiones, y Pavel Alejandro Primo, de Multimedios Cronopios, fueron consignados este martes 3 de septiembre a un juzgado penal del Reclusorio Preventivo Sur como probables responsables de los delitos de ataques a la paz pública; contra el ejercicio legítimo de autoridad; portación, fabricación e importación de objetos aptos para agredir; y resistencia de particulares, aun cuando se cuenta con pruebas contundentes que confirman su inocencia.

El martes 10 de septiembre, el Juez Vigésimo Tercero de Delitos No Graves del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Fausto Agustín Favela Ayala, dictó auto de formal prisión contra Gustavo Ruiz. El Juez Favela, cuyo desconocimiento sobre la protesta y libertad de expresión es, al parecer, absoluto, consideró probable la responsabilidad de Gustavo por el delito de ultrajes a la autoridad. El fotógrafo con su cámara contra el granadero con tolete y casco. Esos policías con toletes acusan a Gustavo de que los ofendió verbalmente, a pesar de que en los videos se muestra lo contrario: las primitivas técnicas de la policía del DF que siguen vigente en la “Ciudad en Movimiento” gobernada por Miguel Ángel Mancera.

Las pruebas presentadas por la defensa de Gustavo Ruiz eran absolutamente contundentes. Articulo 19 presentó fotografías y videos que eran material suficiente para que cualquier juez, gozando de imparcialidad, conocimientos y buena fe, dejara en libertad a Gustavo y compañía. Pero no el Juez Favela; para él las pruebas son insuficientes (como lo es la confianza de Gustavo hacia su imparcialidad). De hecho, mientras transcurría la audiencia el Juez Favela tomaba llamadas telefónicas en las cuales contestaba como si estuviese recibiendo órdenes del otro lado del teléfono. ¿Habrá consigna por parte del Presidente del TSJDF para asegurar la no libertad de los periodistas de portales digitales?

“Los policías le tienen miedo a nuestras cámaras y les tienen miedo porque saben que algo están haciendo mal, ¿o por qué se enfurecen cuando ven que una cámara los está tomando?”, dijo Gustavo Ruiz durante una entrevista radiofónica que sostuve con él. De acuerdo a Artículo 19, desde el 1 diciembre de 2012 al 1 de septiembre de 2013, 11 personas han sido detenidas arbitrariamente por documentar actos de autoridad en la vía pública. Jueces incapaces de hacer un acto de juicio imparcial y pro persona y policías y ministerios públicos que le tienen miedo a las cámaras que los vigilan, ese sería el parte de lo que se vive hoy en día en el Distrito Federal. El 91% de las personas detenidas grababan con cámaras de video o fotografía las acciones de la autoridad; el 80% de las detenciones se realizaron durante una protesta social en la capital; el 63% a la hora de la detención se identificó como periodista o comunicador; 54% de los detenidos fueron acusados por delitos contra la paz púbica a pesar que existía evidencia de lo contrario y 48% de los detenidos pertenecían a medios digitales no comerciales.

Al ver las imágenes de los desmanes del 1 de septiembre vemos una Policía sin herramientas para contener manifestaciones, sin protocolos claros que aseguren la integridad física de los manifestantes y resguarden el orden público respetando el derecho fundamental a la protesta y expresión. En cambio, tenemos una policía que tiene solamente una consigna: criminalizar la protesta.

La narrativa de los medios comerciales contra la protesta es de equiparar ésta con actos vandálicos y daños a propiedad ajena. Sin ninguna rendición de cuentas, periódicos como La Razón mienten descaradamente sobre los hechos que suceden el las calles de la ciudad. Hechos que en su naturaleza no son fáciles de interpretar por su misma complejidad. Sin embargo, el Estado tiene la obligación de garantizar en plena seguridad la libre manifestación. Esta obligación pasa por garantizar el Estado de Derecho. Hasta ahora, el pobre récord de la nueva administración mancerista es lamentable. La persecución contra manifestantes ya resulta evidente. El caer en provocaciones no es digno de una autoridad que tiene un mandato de protección. ¿Por qué el doctor Mancera se negará a modernizar su Policía? ¿Será que su omisión de revisar profundamente su actuar es por intereses propios?

En el caso de Gustavo Ruiz, el camino del Gobierno del DF para rectificar su error pasa por desistir de acusar a Gustavo de delitos que claramente no cometió. De esta manera, el GDF podrá argumentar con hechos claros que no está criminalizando la protesta. El actuar del Juez Fausto Agustín Favela Ayala es una vergüenza, sin embargo, el mismo TSJDF puede rectificar el camino, también, y hacer una valoración imparcial de las pruebas lo cual aseguraría la libertad de Gustavo.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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