“Si quieres enterrar un asunto, crea una Procuraduría”, dice el refrán popular. Y no está equivocado. Tal vez con ese objetivo, en el epílogo de su sexenio, Felipe Calderón creó la Procuraduría Social para la Atención a Víctimas de la Violencia, una dependencia cuyo fin será cerrar “las heridas” de su guerra.
La historia nos demuestra que las fiscalías creadas en México para atender asuntos específicos se han convertido en auténticas cortinas de humo, en entes burocráticos sin resultados y “elefantes blancos” ineficientes con multimillonarios presupuestos. Los ejemplos del fracaso estrepitoso de estas dependencias glotonas y cínicas están a la orden:
1.- Fiscalía Especial Para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado: dirigida por Ignacio Carrillo Prieto, se convirtió en una cortina de humo cuyo objetivo era “cerrar heridas” directamente vinculadas con los movimientos estudiantiles de las décadas de los sesenta y setenta. Pues bien, el resultado de dicha fiscalía fue un fracaso absoluto: más del 95 por ciento de las investigaciones que inició, quedaron sin resolver. Eso si, mientras existió contuvo los ímpetus de las víctimas y sus familiares, los mantuvo ocupados y desvió las exigencias de justicia y reparación. Hizo como que trabajaba. Abrió 556 averiguaciones previas que culminaron con sólo cuatro acciones penales. Y todo hay que decirlo: de esas 556 averiguaciones, 500 habían sido abiertas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Peor aún: ninguno de los casos que dieron origen a esta ilustre fiscalía se resolvió. Ni la matanza de Tlatelolco con Luis Echeverría libre e impune; ni los crímenes de Estado en Guerrero, Michoacán, Estado de México o Distrito Federal. El chasco es tan enorme, que hace dos meses la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó 10 años a Carrillo Prieto y lo sancionó con un pago de más de 11 millones de pesos por “negligencia administrativa”.
2.- Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión: Creada en 2006 ante el incremento alarmante de agresiones contra periodistas y medios de comunicación, este “elefante blanco” se ha convertido en una auténtica cortina de humo que intenta distraer la percepción de la realidad en torno a tan graves acontecimientos. El martirologio de periodistas asesinados va en aumento: 74 desde el 2010 y 14 desaparecidos. México se ha convertido en el país más peligroso para ejercer el periodismo, pero al inquilino de Los Pinos le gusta decir que tal honor es culpa del crimen organizado. Mentira. Según “Articulo XIX” el 65 por ciento de las agresiones y crímenes contra periodistas son cometidos por agentes del Estado. Primero, esta fiscalía fue llamada Fiscalía Para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas y el año pasado decidieron cambiar su nombre, como si eso mejorara las cosas. Este ente burocrático multimillonario con pobres resultados es dirigido por Gustavo Salas Chávez, quien trabaja con la regulación general de la anterior Fiscalía. El cambio de nombre fue puro maquillaje. La fiscalía carece de suficientes atribuciones para hacer justicia y depende de la acción del gobierno federal. Sigue teniendo una facultad discrecional para atraer los casos que considere. No tiene criterios transparentes, ni objetivos sobre los casos. Los periodistas no tenemos ni voz ni voto en su Consejo Consultivo. Carece de una estructura de coordinación con las otras dependencias federales para la investigación de los casos. El problema es que esta “nueva” fiscalía sigue teniendo una facultad discrecional para aceptar o rechazar casos. En este sentido, tiene el poder de decidir cuáles crímenes o agresiones fueron cometidos a consecuencia de la actividad profesional. El pretexto siempre es el mismo: “ese asesinato no tiene nada que ver con la actividad periodística”, dicen. Por tanto, está claro que esta fiscalía sigue sin facultad para atender la mayoría de los casos de agresiones y crímenes; además, sólo conocerá los delitos federales que sean sancionados con prisión. El fiasco de esta fiscalía reside en que aún tiene la atribución de decidir quien es periodista y quien no. La interpretación queda abierta a criterio del jefe en turno. Sus atribuciones son tan pobres que si antes no tenía facultad para investigar los asesinatos relacionados con el crimen organizado, ahora sí la tiene, pero podrá “declinar” su competencia a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Las cifras del trabajo de esta fiscalía hablan por sí solas: ha atendido 2 mil 759 datos relacionados con 76 homicidios y 13 desapariciones de periodistas; y ha ordenado 64 medidas cautelares que en algunos casos los gobiernos se han “negado” a acatarlas. Y hay más: de 147 casos de agresiones a periodistas presentados hasta julio del año pasado, el 51 por ciento se turnaron por “incompetencia” a las autoridades del fuero común, y sólo se han determinado siete averiguaciones previas, de las cuales cuatro se consignaron a un juez, obteniendo una sentencia condenatoria. Más claro ni el agua. Los delitos contra periodistas en lugar de disminuir aumentan cada día.
3.- Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra): En la simulación de la justicia del gobierno de Felipe Calderón, esta fiscalía dirigida por Sara Irene Herrerías Guerra se lleva el premio mayor. Además de ser un “elefante blanco” multimillonario es un insulto para las víctimas. Más aún, su falta de acción alienta al delito y estimula la violencia contra las mujeres. La Fevimtra es un fracaso rotundo, lleno de candados para la acción y sus dirigentes son tan cínicos que siguen cobrando del erario público haciendo como que hacen, pero sin hacer y sin resolver nada. Los números son implacables: desde su creación en febrero de 2008 hasta octubre del 2010, recibió 386 denuncias, de las cuales en sólo dos casos ejerció su facultad de atracción. En total, ha canalizado 139 averiguaciones previas a otras instancias, y sólo ha consignado 45, de las cuales ejecutó solamente 17 órdenes de aprehensión contra probables responsables. ¿Cuántas condenas? Una. Las mujeres mexicanas pueden sentirse seguras. Ahora hay un agresor o tratante menos; frente a miles en libertad. Eso si, la licenciada Herrerías Guerra, orgullosa de su función, cubre puntualmente el cobro de su salario cada fin de mes. Le pagan nada menos que 193 mil 755 pesos, más chófer, bonos y otros beneficios…
Con estos pequeños botones de muestra, ¿qué más necesitamos para saber que la recién anunciada Procuraduría Social para la Atención de Víctimas de la Violencia nace con el sello de fracaso?
¿Para qué adelantarnos, dirán algunos? Tal vez, sea mejor darle el beneficio de la duda. El problema, es que aquí no hay duda, sino certeza. La nueva procuraduría nace bajo el mismo esquema inoperante, bajo una serie de candados que no le permitirán accionar los arcaicos mecanismos de la procuración de justicia. Tendrá múltiples lagunas legales que bloquearan sus resultados. Su labor se duplicará con dependencias de la PGR o de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Las anteriores, también son las excusas de los que dirigen las actuales fiscalías de humo. Su justificación es que tienen “las manos atadas”, pero siguen allí viviendo espléndidamente del presupuesto.
Con la Procuraduría Social para la Atención a Víctimas de la Violencia, Felipe Calderón pretende cerrar en falso el capitulo más oscuro de su gobierno: 50 mil muertos, 250 mil desplazados, 20 mil desaparecidos y miles de afectados por su guerra fracasada y delirante.
