Ciudad de México, 12 de julio (SinEmbargo).–Ante la crisis humanitaria desatada desde junio pasado tras la “ola” de niños migrantes que viajan por México para llegar a Estados Unidos, el gobierno federal presentó el programa Frontera Sur, con el objetivo de ordenar los cruces internacionales para contrarrestar los daños. Sin embargo, la nueva estrategia del Presidente Enrique Peña Nieto carece de mecanismos y fue elaborada de manera “express”, explicaron integrantes de organizaciones no gubernamentales.

Los grupos civiles advirtieron que si el gobierno no atiende las denuncias que se dan en los centros migratorios, y las de los defensores que han señalado las violaciones a los derechos y hasta extorsiones, resulta dudosa la eficacia del programa.

En junio pasado, organismos defensores de derechos humanos dieron a conocer una serie de atropellos contra los migrantes en México, quienes son detenidos por el Instituto Nacional de Migración (INM) y llevados a centros en condiciones deplorables, además de no contar con la capacitación para atender a los niños cruzan la frontera.

En un encuentro que sostuvieron el Presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y Enrique Peña Nieto, en Chiapas, el mandatario mexicano detalló que con el programa Frontera Sur se impulsarían una serie de acciones para garantizar la seguridad y el apoyo a personas en situación irregular. Pero “no contempla un plan de desarrollo integral, sólo se encarga de las gestiones administrativas”, dijo Karina Arias Muñoz, secretaria Técnica del Grupo de Trabajo de Política Migratoria, realizado por varias organizaciones de la sociedad civil como Sin Fronteras y el Instituto para las Mujeres en la Migración, entre otras.

Arias Muñoz detalló que Frontera Sur sólo tiene “un enfoque de seguridad y no de derechos humanos, porque no explica quiénes estarán detrás de esta gestión”.

Explicó que esta medida se centra en la administración y control de flujos migratorios desde una óptica de seguridad nacional, y no toma en cuenta los problemas estructurales por los cuales la población sale de sus países de origen o las situaciones a las que se enfrentan en su tránsito por México.

El gobierno federal delineó cinco ejes principales en los que se basa el programa, y dijo que se entregaría una tarjeta de trabajador fronterizo para que los centroamericanos puedan emplearse en Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo; los puntos de revisión aduanales se convertirán en Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo, y se creará la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la frontera con la que se reforzará la protección social y de salud para las personas en situación migratoria irregular.

Con estos puntos, Peña Nieto aseguró que habría un control del flujo de migrantes, sin embargo “no dijo cómo”, acusó Javier Urbano Reyes, director del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana.

Urbano Reyes comentó que el programa “es de buena intención, pero con pocos recursos y con capital humano que no sabemos de dónde va a salir […] no sabemos quiénes van a participar”.

En ese sentido, los grupos civiles criticaron que “se continúa poniendo en el centro del debate el tema de la seguridad nacional y no a las personas migrantes (seguridad humana) y se difunde información parcializada”, ya que en el programa no se detalla, por ejemplo, el tiempo en que se otorgarán estos permisos, las formas en que se manejarán las tarjetas de trabajo, o qué funciones cumplirá el  Instituto Nacional de Migración.

Urbano Reyes dijo que como “instrumento es un buen proyecto” pero, aseguró, requiere de más estructura en términos de políticas públicas, así como de las estrategias que garanticen la permanencia del programa y la forma en que se va a reforzar.

“No hay una perspectiva integral. Es un programa aislado, no está conectado a una evolución posterior. Yo no veo ni a las organizaciones de la sociedad civil, a los albergues, a los defensores de migrantes, ni a los que participan en la gestoría de movilidad de los migrantes” reiteró.

Sin embargo, el académico de la Universidad Iberoamericana reconoció que los rasgos importantes del programa son participación del DIF y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “pero que hace falta la participación de quienes están en campo”, aseguró.

“ELEFANTES BLANCOS”

El gran debate que plantearon los defensores de los derechos humanos giró entorno a las facultades de la nueva Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur y de los Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo.

Por un lado, las organizaciones civiles argumentaron que “como parte del programa se ‘ensalza’ el otorgamiento de una condición de estancia de visitante regional, hoy garantizada en la Ley de Migración, la cual existe desde 1997 con una modificación en 2008”.

Lo establecido en la Ley de Migración determina los mismos parámetros de gratuidad, permiso para estar tres días en el país, además de que en las modificaciones hechas en 2011, explican que no se consideraría como un delito el hecho de que las personas en situación irregular atraviesen por el país.

“Es decir, esta visa ni es nueva ni permite el tránsito regular por todo el territorio mexicano; tampoco otorga un permiso para trabajar, por lo que no tendrá un impacto positivo en la población migrante en su tránsito ni de destino, sino por el contrario, genera falsas expectativas inclusive desde los lugares de origen”, destacaron los activistas.

Por otro lado, Karina Arias Muñoz detalló que con la creación de Coordinación para la Atención Integral de la Migración, se corre el riesgo de que “se creen más ‘elefantes blancos’ que consumen presupuesto, además de que también ya hay una Unidad Política Migratoria”.

Muñoz dijo que con esta decisión del gobierno federal “sólo se crean más instancias para detener a los migrantes y explicó que en este sentido existe una contradicción, ya que “una falta administrativa, en la Constitución se establece que será únicamente por 72 horas, mientras que en los centros de detención los migrantes pueden pasar hasta 15 días”.

Sin embargo, la especialista en Derecho aclaró que en el programa Frontera Sur se creó la figura del trabajador fronterizo, cuestión que atribuyó como destacable, ya que antes sólo se otorgaba permiso a los trabajadores agrícolas “ esto es bueno, porque habrá más opciones para que los migrantes puedan emplearse durante su estancia aquí”.

Las organizaciones agregaron que durante la presentación del programa “nada se dijo sobre las acciones que se implementarán para garantizar el derecho al debido proceso y el acceso a la justicia a la población migrante”.

Explicaron que se debe tratar de generar alternativas a la detención, en especial de niñas, niños y adolescentes migrantes; promover y facilitar la regulación y regularización migratoria; fortalecer a los Sistemas para Desarrollo Integral de la Familia DIF para atender a niñas, niños y adolescentes no acompañados y hacer frente a la crisis humanitaria de la niñez migrante en México; así como fomentar la participación ciudadana.

“Se ignora completamente la responsabilidad del gobierno mexicano de generar las condiciones para el goce de derechos como el de la educación, la salud, el trabajo en condiciones justas y equitativas”, destacaron.

UN PROGRAMA EXCLUYENTE

Además el programa Frontera Sur deja en claro que la las tarjetas serán otorgadas a beliceños y guatemaltecos que crucen la frontera de México, mientras que el gran flujo de migrantes que hay en el país proviene de Honduras y El Salvador.

En febrero de este año, el Instituto Nacional de Migración (INM) dio a conocer que alojó en sus centros de detención a 86 mil 836 extranjeros en situación irregular en 2013. De esa cifra, el 93 por ciento fue de origen de algún país de Centroamérica.

Entre 2012 y 2013, el INM detectó que los nacionales de Honduras incrementaron en un 18 por ciento su estancia en estaciones migratorias. A finales del año pasado se registraron 34 mil 219 hondureños.

En cuanto a los migrantes procedentes de El Salvador, también la cifra aumentó en el mismo porcentaje y se registraron un total de 14 mil 636 salvadoreños el año pasado en los centros migratorios.

Así, Honduras pasó a ser el país de origen del mayor número de migrantes indocumentados detenidos por el INM, con 39 por ciento del total de los detenidos, seguido por Guatemala, con el 36 por ciento.

Con respecto a los migrantes que provienen de Belice, Urbano Reyes comentó “los beliceños no transitan por México, el nivel movilidad de Belice es de poco a nulo, y en el caso de los guatemaltecos, hay un mecanismo de movilidad migratoria que hay entre México y Guatemala para trabajadores; es decir, ya hay un mecanismo”.

“Me preocupa que se diga que hay un programa integral, cuando no toca a los programas más vulnerables” y explicó que lo recomendable sería tener un programa que cuente con, atención, gestoría, repatriación humanitaria y sobre todo los recursos para mantenerlo.

Por su parte, las organizaciones concluyeron que “una vez más queda claro que se responde a una presión de Estados Unidos de cerrar la frontera sur y se perpetúa e institucionaliza la visión de seguridad nacional que ‘justifica’ el despliegue de efectivos militares a la frontera sur. Son también claras las consecuencias ante las políticas migratorias ejercidas hasta este momento que sólo han buscado controlar de manera policiaca los flujos sin atender las causas que los originan y sus altos costos humanos”.