En lo que va de la actual administración federal, que preside Andrés Manuel López Obrador, suman al menos siete periodistas asesinados, dos de ellos que incluso contaban con el mecanismo de protección, de acuerdo con cifras de organizaciones defensoras de la libre expresión.
Pero la cifra de los activistas ejecutados es más grave: de diciembre de 2018 a junio de 2019 van al menos 14 asesinatos, de los cuales ocho eran indígenas.
Ciudad de México, 12 de junio (SinEmbargo).– En menos de tres días un activista ambientalista y una periodista fueron asesinados a balazos en Tabasco, mientras que otro periodista más fue privado de su libertad en Veracruz. Esta situación de violencia provocó que organizaciones como el CPJ, Artículo 19, Reporteros sin Fronteras y el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) denunciaran la omisión de las autoridades de todos los niveles de Gobierno y exigieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador establecer mecanismos eficaces de protección.
En lo que va de la actual administración suman al menos 7 periodistas asesinados, dos de ellos contaban con el mecanismo de protección, según cifras de las propias organizaciones. En el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se cometieron 47 asesinatos de un total de 2 mil 347 agresiones contra los medios de comunicación.
Pero la cifra de los activistas es más grave: de diciembre de 2018 a junio de 2019 van al menos 14 asesinatos de activistas y personas defensoras de derechos humanos, de los cuales, ocho eran indígenas. Esta cifra representa un aumento significativo de la violencia contra este sector, ya que en todo el 2018 se documentaron 13 casos.
“Nosotros tenemos registrados al menos 14 asesinatos de defensores de derechos humanos en lo que va del sexenio de López Obrador, pero puede haber una cifra negra que aumente los casos”, mencionó en entrevista José Antonio Lara Duque, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero. “Estos asesinatos están ligados a empresas y gobiernos”.
El Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos tiene en su registro un total de 498 activistas y 292 comunicadores resguardados por este protocolo.
El lunes pasado, el reconocido ambientalista José Luis Álvarez Flores, defensor del santuario del mono saraguato en el estado de Tabasco, fue asesinado a balazos. El hecho se produjo dos semanas después de que denunció que las autoridades federales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) “solaparon” a los bancos de extracción ilegal de arena en la región del río Usumacinta, refugio para los monos saraguatos en peligro de extinción.
El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero exigió “un compromiso total del Estado para que haya una política real de protección a personas defensoras de derechos humanos”. Lara Duque destacó que no se trata de tener más presupuesto público para atender este tema, sino que el Gobierno ponga un alto a los intereses privados que en afán de un lucro están privando de la vida a personas que defiende el medio ambiente, la tierra, los bosques y el agua.
Para la organización, en estos seis meses de la administración de López Obrador se han detectado actos de omisión y falta de compromiso para la protección a las personas defensoras de derechos humanos, además de que el Gobierno no ha soslayado las protestas ciudadanas en contra de sus megaproyectos como el Aeropuerto de Santa Lucía, la refinería Dos Bocas o el Tren Maya.
“En el Gobierno federal no han entendido que hay personas que se oponen a sus proyectos, pero no en un afán de oponerse a ellos, sino hay una preocupación real de los ciudadanos por esos proyectos de Santa Lucía, Dos Bocas o el Tren Maya, y consideran que pueden haber violaciones a los derechos humanos”, aseguró Lara Duque.
CRECEN ASESINATOS DE PERIODISTAS
El número de periodistas asesinados en los últimos seis meses (7) ya rebasó a los registrados en el segundo año del sexenio de Enrique Peña Nieto (5), de acuerdo con cifras de las organizaciones Artículo 19, Reporteros sin Fronteras y CPJ.
El último caso que se registró fue el de Norma Sarabia, asesinada el martes a balazos a la entrada de su domicilio en el municipio de Huimanguillo, Tabasco. Los reportes señalaron que la corresponsal del diario Tabasco Hoy en Huimanguillo, fue agredida por dos sujetos en una motocicleta cuando llegaba a su casa y tras llamarla por su nombre le dispararon en varias ocasiones.
Sobre las agresiones en contra de periodistas, la organización Artículo 19 documentó un incremento en los seis primeros meses de esta administración, en comparación con el primer año de Enrique Peña Nieto, la mayoría fue a mujeres que trabajan en medios digitales.
El pasado 3 de mayo, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Presidente prometió que “siempre va a haber protocolos para proteger a los periodistas” y pidió que no los asesinen: “Tenemos que proteger a los periodistas, defenderlos, y que no los asesinen”.
Sin embargo, las organizaciones consideran que el Gobierno ha minimizado la situación de violencia y no ha reforzado el Mecanismo de Protección a Periodistas con recursos humanos y económicos. También solicitan acabar con la impunidad.
“Un elemento que nosotros observamos es el tema de la impunidad en los ataques a periodistas, no conocemos un plan o acciones contundentes por parte del Gobierno federal sobre qué lineamientos van a seguir para combatirla”, explicó Balbina Flores Martínez, representante de Reporteros sin Fronteras en México (RSF).
Flores Martínez destacó que las condiciones de inseguridad para los periodistas continúan: “hay periodistas que han tenido que salir de sus regiones por amenazas, nosotros tenemos conocimiento que hay más de 30 periodistas que han solicitado acogerse al Mecanismo de Protección, algunos de ellos han sido desplazados”.
La organización hizo un llamado a las autoridades federales y locales a que hagan un reforzamiento del Mecanismo de Protección a Periodistas con recursos económicos y humanos para atender esta situación de emergencia. “No se puede seguir soslayando ni minimizando una situación tan grave, hoy México es el país más peligroso en el mundo para ejercer el periodismo”, dijo Balbina Fores.
Reporteros sin Fronteras tiene registrados ocho periodistas asesinados en lo que va de la administración de López Obrador, un número muy alto, dijo Flores, si se compara con el segundo año de la administración de Enrique Peña Nieto. “Es alarmante porque no hemos visto un retroceso en esta situación”.
De las agresiones a periodistas, RSF tiene registrados a 20 periodistas que han establecido contacto para pedir medidas de protección, pero otras organizaciones suman 40 casos en los últimos seis meses.
Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas inglés), destacó que hay dos patrones en los asesinatos de comunicadores: “los periodistas trabajan para medios locales y no para grandes medios, tienen una precariedad laboral y casi siempre viven en los estados”.
De acuerdo con Jan-Albert Hootsen, la violencia en contra de los periodistas comenzó en los gobiernos de Enrique Peña y Felipe Calderón, donde se generaron problemas muy graves en términos de impunidad y desaparición forzada, sin embargo, advirtió que la actual administración tiene la responsabilidad de elaborar políticas públicas que combatan esa impunidad y se mejoren los sistemas de protección en los diferentes niveles de gobierno.
“No hemos detectado políticas públicas integrales que estén enfocados en defender a los periodistas, en realidad lo que vemos es una continuación de la violencia y la impunidad en los crímenes contra l prensa. Estamos viendo una omisión muy grave por parte de este gobierno”, dijo.
El Comité para la Protección de Periodistas también recomendó al Presidente mantenga un diálogo equitativo con la prensa en sus conferencias mañaneras para evitar este círculo vicioso de violencia e impunidad.
Para la organización Artículo 19, no basta con tener buenas intenciones por parte del Gobierno, se deben establecer protocolos que protejan a los periodistas y se acabe con la impunidad, la cual es de más del 90 por ciento en los casos.
“Que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE) indague los casos de agresiones en contra de periodistas y tomen como línea principal su labor periodística en todos los casos, también pedimos que se aplique el protocolo homologado para investigar los delitos contra la libertad de expresión”, dijo en entrevista Paula Saucedo, coordinadora de Prevención en Artículo 19.
