Ciudad de México, 12 de junio (SinEmbargo).– Christof Heyns, Relator especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, presentó este día su informe sobre su visita a México, y en él alerta que la escalada de violencia que inició en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa se ha mantenido en el país con el nuevo Presidente Enrique Peña Nieto, por lo que planteó 30 recomendaciones para asegurar el mejoramiento de la protección del derecho a la vida en el país.
En México continúan “experimentando niveles alarmantes de violencia. Incidentes extremadamente violentos, en particular violaciones contra el derecho a la vida, siguen ocurriendo a un nivel intolerable”, dice el informe.
En el documento, el Relator indica que la decisión del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto el hablar menos de la violencia no cambia esta realidad.
“El hecho de que las autoridades públicas hagan menor hincapié en la cuestión de la violencia y la delincuencia podría no significar necesariamente que en realidad haya disminuido el número de delitos violentos cometidos”.
El relator visitó México entre el 22 de abril y el 2 de mayo del año pasado, estuvo en los estados de Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y el Distrito Federal y también se reunió con personas de Tamaulipas y Coahuila.
“Según la información recibida, cerca del 70% de los homicidios registrados en los últimos años se han atribuido a la delincuencia organizada. Es importante recalcar que sigue siendo responsabilidad del Gobierno de México prevenir esos asesinatos y actuar con diligencia para investigar y enjuiciar los que se lleguen a cometer”, dice el informe.
“Se señaló a la atención del Relator Especial el preocupante hecho de que las fuerzas de seguridad pudieran considerar que en el contexto de la lucha del Estado contra la delincuencia organizada no tenía importancia que murieran personas involucradas en el narcotráfico y que ‘el problema se resolvía solo’ cuando un miembro de un cártel mataba a alguien de otro cártel. Esa forma de pensar menoscaba el valor mismo de la vida. Además, al parecer, a menudo se supone que las personas asesinadas o desaparecidas estaban implicadas en actividades delictivas y que, por lo tanto, eran menos dignas de ser protegidas”, agrega.
El reporte hace tres recomendaciones generales:
1. La protección del derecho a la vida, en particular la cuestión de la rendición de cuentas, debería ocupar un lugar central en el plan nacional de derechos humanos que está actualmente en proceso de elaboración.
2. Los funcionarios gubernamentales no deberían hacer declaraciones públicas sobre la licitud de una muerte sin haber examinado los hechos debidamente; de igual manera, jamás debería estigmatizarse a las víctimas de la violencia.
3. Se debería procurar la aplicación pronta y efectiva de la Ley General de Víctimas y garantizar la participación plena y representativa de la sociedad civil y de las víctimas en la aplicación y el funcionamiento de la Ley. México debería asegurarse de que ello ocurra también a nivel local.
También plantea cuatro conclusiones:
1. Parece haber un amplio consenso entre los diversos niveles de gobierno y la sociedad civil en que la solución a largo plazo del problema de la violencia en México pasa por el establecimiento de un sistema sólido de aplicación de las leyes que se ajuste a las normas internacionales relativas al derecho a la vida y otros derechos humanos fundamentales. La necesidad de alcanzar este objetivo lo antes posible debería ser el eje rector de todas las reformas de política y de otra índole.
2. Será de primordial importancia para México y sus vecinos —de hecho para la causa de la protección del derecho a la vida en todo el mundo— que México realice un esfuerzo concertado para apartarse de los sistemas de justicia militar y recurrir en su lugar a la justicia civil. En gran parte, estos propósitos están declarados en las políticas del Gobierno, pero todavía no se han traducido en una aplicación concreta. El aspecto principal de cualquier esfuerzo para seguir por este camino que pueda gozar de credibilidad local e internacional tendrá que ser el establecimiento de un sistema de justicia civil sólido: un sistema en que las instituciones sean fuertes e independientes y estén interconectadas y en que las leyes sean claras, se ajusten a las normas internacionales y formen parte integrante de la cultura institucional y pública.
3. Tal sistema debería utilizarse entonces en forma coordinada y coherente para hacer frente a los delitos del pasado y los delitos nuevos y para sentar los cimientos de un futuro en el que haya una cultura de la rendición de cuentas. La impunidad constituye el talón de Aquiles del sistema actual. Si realmente es verdad —como parecen indicar las cifras citadas— que solo 1 o 2 millares de los más de 100.000 homicidios de la administración federal anterior dieron lugar a una sentencia condenatoria, no es necesario seguir buscando las causas de la violencia desenfrenada que impera en ciertas regiones del país. La rendición de cuentas conforme a lo previsto en la ley es la clave para reducir el altísimo y alarmante nivel de pérdidas de vidas que se asocia actualmente con México, rebajándolo al menos al nivel que tenía en un pasado no tan lejano, y seguir avanzando a partir de ahí.
4. México debería seguir ajustando sus sistemas nacional y estatal al marco internacional de derechos humanos.
BAJAR INFORME: INFORME RELATOR DE LA ONU
VER: 17 DESAPARICIONES AL DÍA. Activistas denunciaron ayer que además del nulo esclarecimiento de los que casos de desaparecidos registrados durante los años sesenta y ochenta, se suman los que se han producido por la guerra declarada por Felipe Calderón Hinojosa al crimen organizado, y los que se han sumado en la actual administración de Enrique Peña Nieto. Las cifras sobre personas desaparecidas en México son inconsistentes, hay opacidad para acceder a ellas, y por la tendencia actual de casos, el gobierno de Peña Nieto podría tener el doble de casos que el de Felipe Calderón Hinojosa, dijo a SinEmbargo la investigadora del Área de Derechos Humanos de Fundar, Ximena Antillón Najlis. IR A LA INFORMACIÓN
Entre el periodo de 2006 y abril de 2013, tres de cada cuatro recomendaciones por violaciones al derecho a la vida emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), iban dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional o la Secretaría de Marina.
Debido a esto, el Relator concluye que la militarización de las seguridad pública no es una respuesta eficaz ante la ola de violencia que vive el país; al contrario, “lo que urge es fortalecer el Estado de Derecho, especialmente en lo tocante a la investigación y sanción de violaciones a derechos humanos”.
También recomienda que el Estado mexicano forme un instituto forense nacional independiente, cuyos expertos y expertas realicen peritajes y trabajo forense a solicitud de todas las partes en los procesos penales, de los organismos públicos de derechos humanos y del público en general.
Además, indica que el gobierno actual proporcionó información donde se determina que durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa se cometieron 102 mil 696 homicidios intencionales.
“Durante la anterior administración federal de 2006 a noviembre de 2012 se cometieron 102 mil 696 homicidios intencionales. El gobierno mexicano reconoce que no menos de 70 mil de esas muertes, casi el 70% estaban relacionadas con el tráfico de drogas. Esto se suma y a la vez se debe a una impunidad sistémica y endémica”.
Al respecto, la CNDH proporcionó información de que hoy en día, sólo el 1 o 2 por ciento de los delitos, incluidos los homicidios, dan lugar a sentencias condenatorias.
RECOMENDACIONES DE 1999
En las observaciones finales, el relator recuerda una recomendación que hizo una relatora en 1999, donde advirtió que no era conveniente militarizar la seguridad interna, sin embargo, no se hizo caso al respecto.
“La última visita del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias a México había tenido lugar en 1999. En su informe, la entonces Relatora Especial destacó una serie de acontecimientos positivos y desafíos relacionados con el derecho a la vida en México, pero advirtió que no era conveniente militarizar la seguridad interna (E/CN.4/2000/3/Add.3). Después de su visita, la situación se deterioró considerablemente desde el punto de vista del derecho a la vida, y la impunidad sigue siendo uno de los principales problemas del país”.
Heyns anunció que dará seguimiento a la implementación de sus recomendaciones y ofreció su asistencia técnica y cooperación para mejorar la protección del derecho a la vida en el país.
