Esta semana he preparado una ponencia para el Senado de la República abordando la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil (LFFAROSC), lo que me lleva a la reflexión y su inminente vinculación con la materia electoral, algo que verdaderamente no tenía contemplado por la delicadeza del tema y por mi estrecha relación con una Organización de la Sociedad Civil de apoyo a Personas con Discapacidad.
Por lo tanto, siguiendo a (Beck, 1986) en la perspectiva de la sociedad del riesgo en la que sin duda alguna estamos inmersos, nos permite una manera particular de observar y analizar el papel de las instituciones con otros enfoques sobre la modernidad y sus distintas manifestaciones. El enfoque también difiere de aquellos sobre la marginación y la pobreza que sólo proporcionan análisis asistencialistas e instrumentalistas para atenuar los problemas que se padecen (Bardin, et al., 1995).
Así que dentro del enfoque de la sociedad del riesgo, el Estado traslada los riesgos que no puede controlar hacia las instituciones civiles (como en el caso de la asistencia social de los niños con alguna discapacidad). Con la crisis de seguridad de la sociedad del riesgo “la incertidumbre pasa a ser el modo básico de experimentar la vida y la acción” (Beck, 1998:24). Lo anterior tiene que ver con el fracaso de la política y de las instituciones que la sustentan, en el sentido de que la política queda liberada del monopolio del Estado y es cuestionada, mientras que las instituciones políticas establecidas, fruto de la modernidad simple, se convierten en instituciones que no responden a las necesidades de los usuarios (Beck, 2002).
Autores como Michael Foucault consideran que la única forma en la que los grupos vulnerables puedan reintegrarse plenamente a la sociedad es a través de las instituciones (Foucault, 1979). Por instituciones entendemos aquí tanto a las asociaciones públicas como a las asociaciones de la sociedad civil.
Hoy, según datos oficiales de la Cruzada contra el Hambre, hay más de 7.4 millones de mexicanos en condiciones de pobreza y estadísticamente más de 20 millones de mexicanos en condiciones de pobreza extrema y más de 45 millones en situación de pobreza patrimonial. Los partidos políticos que nacieron como mediaciones entre los individuos singulares y el Estado, con miras a la representación de intereses de grupos sociales y para institucionalizar programas de mejoramiento colectivo, se han ido burocratizando en un perverso sistema de partidos que los envuelve en un proceso permanente de elecciones de todo tipo y los va aislando de sus representados, ante los que pierden hasta la comunicación más elemental, pues los aísla de los grandes grupos sociales que les habían encargado sus causas y demandas más sentidas. Como ejemplo podemos citar lo que establece el Latinobarómetro para constatar que tan alejado se siente el ciudadano de la representación efectiva de la clase política. [1]
Pero por increíble que resulte, la clase política ahora se fija en las Organizaciones no Gubernamentales, pero no con una visión asistencial, solidaría, sino con intereses perversos y obscuros que en muchos casos como se mencionó hace unos días en la ponencia en comento. Es necesario que se ejerciten medios de control a las organizaciones de la sociedad civil, no basta una CLUNI, es necesario que se auditen y se investiguen a muchas Asociaciones Civiles que se han creado sólo como requisito sine qua non para poder acceder a las mieles del poder y del dinero público, lo cual resulta a todas luces contrario al espíritu de éstas.
No sólo tenemos el caso sonado del cuñado del Rey de España, Iñaki Urdangarin, y su socio Diego Torres, quien empleó presuntamente una fundación de ayuda a niños con discapacidad creada por ellos para evadir dinero al paraíso fiscal de Belice. [2]
La fundación tenía el 99% de las acciones de una consultora que sacó dinero público hacia Belice. Se trata de la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS), destinada a la ayuda de niños marginados, discapacitados y enfermos de cáncer, que es propietaria del 99% de la empresa De Goes for Stakeholder, de la que se sirvieron Urdangarin y Torres para llevarse fondos públicos a Belice. El 1% restante pertenece a Mario Sorribas, amigo de los dos.
El marido de la Infanta Cristina y su mano derecha montaron la entidad ‘De Goes Center for Stakeholder Management’, en marzo de 2006. Al parecer, inscribieron el 99% de las participaciones en favor FDIS cuando Urdangarin dejó el Instituto Nóos acosado por las denuncias de haber recibido contratos a dedo por la administración balear.
Además de organizar cursos de vela y otras actividades para niños con problemas, la fundación se dedicó a tapadera internacional para vaciar las arcas del Instituto Nóos y evadir impuestos.
Nuestro políticos mexicanos, con un alto nivel de compromiso social y con una inteligencia y estilo envidiable, han aprendido el caso NOS y en estos días lo aplican al pie de la letra en estados que se encuentran bajo proceso electoral con la finalidad de triangular los recursos públicos, enviarlos como apoyos a las ONGs, quienes maquilan publicidad, o algún elemento a utilizar en campaña. Las organizaciones lo hacen deducible de impuestos y así todos contentos y felices, ejemplos tenemos de sobra en Baja California, Michoacán, Puebla y Veracruz.
El problema surge cuando nos planteamos que en el proceso electoral si no hay presencia de narcotraficantes y unas posibles narcoelecciones, entonces estamos ante la presencia de una especie de prostitución de la sociedad civil por parte de los políticos que los han visto como un medio para lograr un fin y no inversamente como debería de ser. Lejos de ayudarles, condicionan su apoyo a costa de utilizarles, cierto es, que como diría mi amada abuela “hasta entre los perros hay razas” y sin duda existen de asociaciones a asociaciones, lo que debemos de plantearnos es la necesidad de desvincular a las organizaciones de la sociedad civil de los procesos electorales, y sin duda de la “cosa pública” sin que esto signifique que no deban ser la tercera vía y pieza fundamental en la instrumentación de políticas públicas.
Nos vemos la próxima semana.
[1] http://www.latinobarometro.org/latino/LATContenidos.jsp. El Informe del Latinobarómetro 2006 señala a los partidos políticos en América Latina como la última de las instituciones en quien tiene confianza la ciudadanía, con un porcentaje promedio de 29%. En el caso de México, los partidos políticos también ocupan el último lugar en confianza de la ciudadanía, con 32%, por debajo de los empresarios (47%), del gobierno (46%), del congreso (37%) y del poder judicial (37%), aunque también destaca fuertemente la afirmación de que si en México se gobierna para el bien de todos o para el bien de grupos poderosos y para beneficio del propio gobierno, la respuesta es muy contundente, pues 31% de las y los encuestados opina que se gobierna para todos y 69% que se gobierna para los grupos poderosos y para el beneficio del propio gobierno. www.latinobarometro.org El Informe del Latinobarómetro 2006, pp. 67-69, 80-83.
[2] , Informa en su edición diaria El Mundo.
