La activista Miriam Rodríguez, asesinada el pasado 10 de mayo, aparece en un video en el que acusa que las autoridades del estado de Tamaulipas no haberle otorgado medidas de seguridad tras la fuga de reos del penal de Ciudad Victoria el pasado 22 de marzo, día desde el que permanece prófugo uno de los secuestradores y asesinos de su hija Karen.
El asesinato de la señora Miriam Rodríguez ha generado un gran indignación dentro y fuera de México, evidenciando la vulnerabilidad de los activistas en un país azotado por la violencia y con altos niveles de impunidad.
Ciudad de México, 12 de mayo (SinEmbargo/AP/EFE).- Este viernes salió a la luz nuevo video en el que la activista Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, asesinada la noche del 10 de mayo en Tamaulipas, reclama a las autoridades del estado que no se le habían otorgado medidas cautelares tras la fuga del penal de Ciudad Victoria de uno de los responsables del secuestro y asesinato de su hija.
En el video compartido por el coordinador del “Colectivo de Familiares y Amigos de Desaparecidos en Ciudad Victoria”, Guillermo Gutiérrez Riestra, aparece Miriam Rodríguez explicando que a partir del 22 de marzo, cuando se fugaron los reos del penal, dos estaban involucrados en el crimen contra su hija y uno más sigue prófugo.
“A raíz de eso yo también pedí seguridad en lo que este reo fuera recapturado, que hasta la fecha no ha sucedido y hoy día, la fuga fue desde el día 22 de marzo, no he visto esa seguridad solicitada”, dice Miriam Rodríguez en la grabación.
La madre, convertida en activista, acusa en el video que un policía de San Fernando le dijo que él estaría encargado de darle la seguridad solicitada. “Le hablé como 30 veces y no me contestó. Pues, ¿qué seguridad?”, expresó Miriam.
Desde entonces, la integrante del colectivo de desaparecidos tuvo miedo de ir a abrir su negocio, ubicado en San Fernando, por lo que su economía familiar se estaba viendo seriamente afectada. “No estoy contando siquiera con una patrulla afuera [de mi casa] que me de la seguridad de ir a trabajar”, acusó.
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Tras el asesinato de la señora Miriam Rodríguez, Guillermo Gutiérrez señaló que ya había sido amenazada por delincuentes que ella misma entregó y que escaparon de la cárcel.
“Si la señora hubiera estado protegida por el Estado, como tenía derecho, pues no hubiera ocurrido este hecho lamentable”, acusó.
En entrevista con SinEmbargo, Gutiérrez refirió que Miriam Rodríguez anteriormente trabajaba como empleada del sector salud y luego puso su negocio “para no estar, digamos, a la vista para que no pudiera ser estar expuesta correr algún peligro”.
“Cuando hubo esa fuga ella sintió un peligro y fue cuando solicitó las medidas preventivas para proteger su integridad”, explicó Gutiérrez Riestra.
Él fue testigo cuando Miriam alertó al Procurador General de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, y a la subsecretaria de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos de Tamaulipas, Gloria Elena Garza Jiménez, el pasado 18 de abril. “Denme de perdida un número para pedir auxilio. Solamente les pido eso”, dijo entonces Miriam.
El único mensaje emitido (en su cuenta de Twitter) por el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, fue “expreso mi más enérgica condena por el cobarde asesinato de la activista Miriam Rodríguez Martínez. Mis condolencias para su familia”.
Mientras que la Procuraduría local se deslindó de la responsabilidad del crimen al asegurar que sí se le otorgaron las medidas de seguridad a Rodríguez Martínez a través de rondines, tres veces al día en su domicilio, incluso aún cuando se tenía certeza plena de que Enrique Yoel Rubio, uno de los reos fugados e involucrado en el homicidio de la hija de Miriam, ya había sido recapturado.
Fueron instancias federales, señaló la Procuraduría del estado, las que no le ofrecieron protección a Miriam Rodríguez a pesar de que ella acudió a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
“Ver y escuchar las declaraciones del gobierno del cambio donde culpabiliza al gobierno federal y a la propia compañera mirian cobardemente asesinada solo muestra sus propia responsabilidad TENÍA VIGILANCIA CON RONDINES que ocurrencia cuando ellos con camionetas blindadas y con un montón de escoltas, mienten le negaron la seguridad a que tenía derecho asuman señores de los vientos del terror su responsabilidad hay delitos de omisión, si queremos justicia pero que también pague este gobierno su responsabilidad la soberbia como forma de gobierno es lo único que muestran, exigimos inicien procedimientos administrativo y penales al secretario general de gobierno, procurador y secretario de seguridad pública. JUSTICIA (sic)”, sentenció en su cuenta de Facebook Guillermo Gutiérrez.
UN CRIMEN QUE EVIDENCIA LA FRAGILIDAD DE LOS DDHH
Rodríguez Martínez buscaba a su hija Karen Alejandra Salinas Rodríguez, plagiada en 2012 en San Fernando, Tamaulipas; tres años después, encontró sus restos en una fosa clandestina y dio con los responsables.
El 26 de abril en Alamo, Texas, en el último acto público en el que participó —una manifestación en el marco de la Caravana contra el Miedo que recorrió el sur de Estados Unidos—, la activista denunció que el mayor “cáncer social” de México es la delincuencia, un mal que ha fracturado familias y ha hecho desaparecer a muchos aunque gente como ella ha superado el miedo para ir a buscarlos.
Tamaulipas, en la frontera noreste de México, es uno de los lugares con mayor violencia vinculada al crimen organizado y muchas autoridades han sido cómplices de la delincuencia. Además es uno de los estados con mayor número de desaparecidos de México, donde el miedo ha silenciado a la prensa y ha minimizado las acciones de la sociedad civil.
El homicidio de Miriam Rodríguez ha generado un gran indignación dentro y fuera de México, evidenciando la vulnerabilidad de los activistas en un país azotado por la violencia y con altos niveles de impunidad.
El estado de Tamaulipas “debe investigar si hubo negligencia o no por parte del propio Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública o la Fiscalía estatal, toda vez que ella había solicitad medidas de protección”, dijo hoy a la agencia Efe el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos.
El portavoz de Seguridad de Tamaulipas, Luis Alberto Rodríguez, explicó a Efe que tanto Rubio Flores como Acevedo Reyna fueron recapturados poco después de su fuga y que se brindó protección a la activista incluso con la “certeza plena” de que ambos estaban en prisión.
Destacó que Rodríguez era una interlocutora “fundamental” del Gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, que inició en octubre pasado, para avanzar en política pública en materia de desapariciones, y aseguró que la investigación del crimen progresa, pero se negó a “ventilar” detalles para no entorpecerla.
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La muerte de Miriam Rodríguez -a cuyo esposo Los Zetas intentaron secuestrar tiempo después del crimen de su hija- exhibe una vez más la desprotección de los activistas en una nación donde la inmensa mayoría de crímenes se cierran sin culpables.
“El Gobierno de Tamaulipas no permitirá que este hecho condenable quede impune”, aseguraron las autoridades del estado.
Pero la realidad y la desconfianza se cierne una vez más sobre las instituciones.
Ramos consideró tres posibilidades en torno al crimen de la activista; que los asesinos de su hija estén involucrados, que el homicidio lo ejecutara otro grupo del crimen organizado o incluso que los culpables sean las propias autoridades, en un intento por silenciar las incómodas voces de los familiares de desaparecidos.
El suceso ha causado enorme indignación y consternación dentro y fuera de México.
Este viernes, la oficina de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad destacó que este asesinato se suma a una “preocupante tendencia” de atacar a activistas, como los indigenistas Juan Ontiveros e Isidro Baldenegro.
La ONU-DH, Amnistía Internacional y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también condenaron el asesinato de la defensora, exhortando a que el suceso “no quede en la impunidad” y que las indagatorias se hagan “con perspectiva de género”.
Más de 2 mil personas han sido asesinadas desde el 2010 en San Fernando, 392 de ellas localizadas en fosas de la zona conocida como El Arenal.
En la localidad hay un padrón de unos mil niños que quedaron huérfanos, debido a que sus padres desaparecieron o fueron asesinados.
