El Gobierno nos espía. No es un arranque de paranoia, es un hecho irrefutable. El Gobierno incansablemente busca violar nuestra privacidad en aras de la seguridad pública y la seguridad nacional. Tampoco es paranoia. El Gobierno argumenta que necesita espiarnos y vigilarnos para mantenernos a salvo. Nos pide que cedamos nuestros derechos fundamentales para que nuestras calles estén seguras. Esto es mentira. Conservar la seguridad nacional y pública es interés de todos. Sin lugar a dudas. Yuxtaponer la seguridad sobre nuestra privacidad es un axioma que el gobierno nos quiere hacer creer para avanzar de manera más libre en recabar información de sus ciudadanos sin ninguna prueba o necesidad aparente.

Soslayar que hay trabajo de inteligencia necesario para combatir el crimen organizado y salvaguardar la seguridad sería ridículo. Pero el tema no son los absolutos, sino los grises que yacen entremedio. Es decir, no he escuchado una sola voz que sugiera prohibirle al Gobierno hacer trabajo de inteligencia (incluyendo el espionaje), el punto neurálgico del debate es: los motivos, razones, fundamentos y controles de esas acciones necesarias. La naturaleza del Estado es recabar información para tener más poder. Si caemos en la falacia de que nos deben de espiar y vigilar a todos porque así estamos más seguros, entonces nosotros -como sociedad- estamos claudicando ante nuestros derechos.

Edward Snowden cambió la historia contemporánea del mundo. Snowden nos confirmó lo que se presumía: que nos espían y nosotros ni nos enteramos cuando lo hacen. Y no, tampoco es un arrebato de paranoia. Es información confirmada. Entonces, el Gobierno nos vigila y viola nuestra privacidad y poco estamos haciendo al respecto. Parecería que el grueso de la población no repara ante la situación de vulnerabilidad debido a las constantes violaciones a nuestras conversaciones privadas que sostenemos a través de nuestras computadoras, tabletas, teléfonos celulares, micrófonos o cámaras digitales. Parecería que como no lo vemos y sentimos, entonces sus consecuencias son inocuas. Pero no es así.

Muchas voces sugieren que si no escondes nada en tus conversaciones, entonces porqué debería preocuparnos que las lean, vean o escuchen. El punto no es si escondemos algo en nuestras conversaciones privadas (reléase: privadas), sino que es nuestra privacidad – derecho constitucional- está siendo violado por la misma autoridad. Un ejemplo:

Después de que se filtraron documentos de la empresa italiana, Hacking Team, se pudo conocer que esta empresa que se dedica a vender a más de 35 gobiernos software malicioso para intervenciones ilegales a aparatos electrónicos tiene a México como uno de sus mejores clientes. Por lo menos 15 gobiernos estatales y dependencias del ejecutivo federal pagaron más de 100 millones de pesos a Hacking Team. Algunos de los clientes, que sin razón aparente compraron el software, son CISEN, la Procuraduría General de Justicia y los Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México; la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas; la Secretaría de Planeación y Finanzas de Baja California; la Policía Federal; la Secretaría de Marina; Petróleos Mexicanos (PEMEX) y los estados de Jalisco, Querétaro, Puebla, Campeche y Yucatán. Sobra decir que la compra de este tipo de herramientas para espiar tienen una pobre y vaga regulación en México. Por ello, policías como la del Estado de México o Puebla pueden adquirir dicho software para hacer espionaje político a opositores, periodistas o defensores de derechos humanos. Vele la pena leer el reciente informe de la organización Derechos Digitales sobre la vigilancia en América Latina.

Hace no mucho tiempo nuestra manera de comunicarnos era por carta física o llamadas por teléfono. Ahora, imaginemos que alguien escucha y guarda todas nuestras conversaciones telefónicas (sin importar el motivo de ésta) y fotocopia toda nuestra correspondencia y la archiva. Ahora dejemos de imaginar y leamos los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), en dichos artículos la LFRT obliga a las empresas de telecomunicaciones a conservar -por dos años la información de origen, destino, fecha, hora y duración de todas las comunicaciones, así como la geolocalización de todos los aparatos electrónicos durante ese mismo periodo. – de manera masiva a indiscriminada los datos de nuestras comunicaciones. Esto para que las fuerzas de seguridad puedan acceder a nuestros datos en caso de ser necesario. Lo absurdo de la Ley es que no debes de ser un presunto delincuente, sino que -como se anotó anteriormente- la retención es masiva, es decir, de todas y todos… por si acaso.

En una reciente y lamentable sentencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación decidió validar los artículos citados de la LFTR. Es cierto que la Segunda Sala atajó el tema del control judicial, es decir, sentó precedentes que indican que se necesita una orden judicial para realizar el espionaje. Seré un tanto desconfiado, y disculpen, pero no veo a muchas autoridades solicitando dicha autorización. Sin embargo, la Corte accedió a la vulneración de nuestros derechos de privacidad al obligar a las empresas a conservar nuestras comunicaciones por dos años…. por si acaso lo necesitan las fuerzas del orden. Así de inverosímil.

No es paranoia. No es sobre protección. No es: ah no pasa nada. El tema de la vigilancia masiva y la conservación de nuestros derechos humanos en el ámbito digital es hoy por hoy una de las defensas más férreas que tenemos que dar. Hoy todos y todas estamos conectados al internet de alguna u otra manera. Casi todos tenemos un teléfono celular que puede ser intervenido (y seguro lo es si eres una voz que disiente, que investiga, que cuestiona), o una computadora en donde trabajas. El tema es una regulación clara, una vigilancia clara hacia cómos usa el Gobierno dichas facultades, y una transparencia absoluta para hacer un monitoreo ciudadano. Pensar que salvaguardar nuestros derechos va en detrimento de nuestros derechos humanos en el ámbito digital es lo que el Gobierno quiere que pienses. No son opuestos. Simplemente no estamos dispuestos a dar un cheque en blanco para que conozcan nuestra intimidad y privacidad.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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