Un día antes de que venza el plazo para objetar la propuesta del Presidente para que Gerardo Laveaga ocupe la vacante de comisionado del IFAI, la Junta de Coordinación Política del Senado acordó no objetar dicho nombramiento al verificar que cumplía con los requisitos que marca la ley. En la Gaceta oficial donde ya se encuentra el documento aprobado en la Junta están las firmas de los responsables: Manilio Fabio Beltrones (PRI), José González Morfín (PAN), Arturo Escobar (PVEM), Ricardo Monreal (PT). Vale destacar que las firmas de otros coordinadores están ausentes, tales como la de Carlos Navarrete (PRD) y Dante Delgado.

Gerardo Laveaga no cuenta con los requisitos que marca la ley para ser comisionado. Las organizaciones expertas en la materia lo han subrayado desde el primer del día. El artículo 35 de la Ley de Transparencia, aunque escueto, señala claramente los mínimos con los que debe de contar el candidato. El Senado de la República, en un acto antidemocrático, optó por la prebenda y arreglo político entre el PRI y PAN para darle cauce al nombramiento de Felipe Calderón. Los treinta días que tenía el Senado para discutir la propuesta presidencial transcurrieron en completo silencio, a pesar de demandas claras de la sociedad civil para que se hiciera de manera transparente y de cara a una sociedad preocupada por la independencia y fortaleza del IFAI. La cultura política de la opacidad y de arreglos cupulares volvieron a triunfar. Por el otro lado, el PRD decidió ver este capítulo desde las gradas, como si no fuese su responsabilidad alzar la voz y demandar apego a la ley. La honrosa excepción es la del senador por ese partido, Alfonso Sánchez Anaya, quién argumentó la objeción del señor. Laveaga.

Paralelo al proceso del IFAI, se dio la renovación del pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (INFODF). El Colectivo por la Transparencia (agrupación de organizaciones de la sociedad civil expertas en la materia) realizó un valioso seguimiento al proceso de selección de los nuevos comisionados al Instituto del DF. Al comienzo del proceso el Colectivo señaló graves fallas en la convocatoria lanzada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tales como: “… especificar los criterios que definirían el perfil idóneo de los nuevos candidatos, el cual tenía que considerar necesariamente dos características principales: capacidad, entendida como preparación académica y experiencia profesional relacionada con la materia; y autonomía, entendida como independencia de intereses político-partidistas y cercanía con la sociedad civil”. La Asamblea fue omisa ante la petición y continuo con un proceso opaco.

Las inconsistencias señaladas por El Colectivo fueron las siguientes: no se publicó oportunamente la lista de candidatos que cumplieron los requisitos y criterios de la convocatoria; no se publicaron los expedientes en versión pública de los candidatos para conocer su perfil; por falta de quórum, se canceló en cuatro ocasiones la reunión de trabajo de las Comisiones Unidas en la que había que dar a conocer la lista de candidatos que habían cumplido con los requisitos y criterios de la convocatoria; se entrevistó a candidatos que no cumplían con los requisitos de la convocatoria; las entrevistas consistieron en mero trámite y no en un examen sobre la capacidad técnica de los candidatos; no se publicó ni se quiso entregar el dictamen motivado y fundado de las Comisiones Unidas respecto a la decisión para seleccionar a los cinco candidatos que integrarían la propuesta que se presentaría en el Pleno de la Asamblea; no se consideró la equidad de género en la integración de los comisionados del INFODF. Todos los candidatos son hombres; contrario a la ley se reeligió la presidencia.

Los nuevos comisionados son: Óscar Guerra Ford (ratificado); Mucio Israel Hernández Guerrero, cercano a la diputada Aleida Alvez, no cumple con el requisito de no haber pertenecido a un partido político y tampoco con el año de experiencia en la materia; David Mondragón Centeno, de la corriente de Marcelo Ebrard; Luis Fernando Sánchez Nava, del Partido Acción Nacional, propuesto por Mariana Gómez del Campo, no cumple con los requisitos de un año de experiencia en la materia y el de no pertenecer a un partido político. Además, Sánchez Nava cuenta con tres sanciones de la Secretaría de la Función Pública de 2005 cuando trabajaba en Liconsa; y Alejandro Torres Rogelio, impulsado por Alejandra Barrales.

De esta manera, el nuevo pleno llega con un déficit severo de legitimidad. La Asamblea desaprovechó una importante oportunidad para mostrar el camino sobre cómo realizar procesos de designación abiertos al escrutinio público y a la rendición de cuentas. Los nuevos comisionados no son los mejores de los 38 candidatos. Son el resultado de prebendas y repartición del botín con carácter partidista. El PRD y el PAN prefirieron colocar a su gente en vez de garantizar la fortaleza, independencia y autonomía en el INFODF.

Dos procesos, una misma opacidad conducida por los intereses de partido. En el proceso del IFAI y del INFODF los partidos políticos optaron por no garantizar el correcto funcionamiento de nuestras instituciones de estado sino por colocar peones partidistas que salvaguarden sus intereses. Lo que deberían haber sido dos proceso transparentes (sobre todo por los puestos que se seleccionaban), fueron dos ejemplos más de lo lejano que estamos en México para garantizar instituciones fuertes con funcionarios expertos e imparciales. La rebatinga política triunfó uno vez más sobre la democracia y sus instituciones garantes de la transparencia. Queda claro que los partidos políticos no ven a la transparencia como un elemento fundamental en nuestra democracia, sino un obstáculo y para sus intereses, en claro detrimento de nuestro derecho a la información.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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