Hoy en Quintana Roo, no hay condiciones para ejercer la libertad de expresión. Parecería que es una frase fuerte y tal vez desproporcionada, pero la información objetiva así lo señala. El miedo de la prensa independiente y crítica al gobierno estatal es real.

La violencia contra la prensa en México debe de ser analizada con cuidado y respetando las características de cada estado. No es lo mismo Veracruz que Michoacán o el Distrito Federal. En Quintana Roo gobierna un antidemócrata llamado Roberto Borge. Tampoco es desproporcionado el señalamiento. Cualquier gobernante que destina millones de pesos para comprar la prensa, corromperla, hostigarla o amenazarla, o bien,  para generar un ejército de bots en las redes sociales que acallen las voces de disenso es un gobernante antidemócrata al cual le incomoda el periodismo crítico.

Acostumbrado a controlar lo que se dice en la prensa local, el Gobernador busca, a través del cáncer que sufre nuestra prensa, llámese, la compra del espacio publicitario con dinero público, tener pleno control en un ámbito en el cual su injerencia debería ser mal vista. Pero estamos acostumbrados a decir: “el gobernador controla a la prensa”. En un país mínimamente democrático, tal aseveración debería ser un escándalo, pero no, en nuestro país  es el lugar común y la praxis que es aceptada.

Quintana Roo es un estado no apto para ejercer la libertad de expresión. Un estado donde periodistas y medios críticos sufren acoso, hostigamiento, amenazas y violencia física es un lugar no apto. No importa, realmente, si son muchos o pocos casos, lo que debe de llamarnos la atención es que un sector de la prensa, la que ejerce la crítica, está con miedo y bajo ataques por ejercer su profesión.

ARTICLE 19 presentó el informe “El ejército borgista contra la libertad de prensa”, el pasado 9 de septiembre, en el cual se expone la amplia evidencia sobre la política de Roberto Borge contra la prensa crítica.

La animadversión contra la crítica del gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, llega a tal grado de invadir con su ejército de bots y trolls las redes sociales con tal de acallar voces críticas a su gestión gubernamental. Para ello, sin conocer el cómo, Borge ha generado un ejército de bots que buscan imponer una voz preponderante en Twitter. Cualquiera que conozca un poco de esta red social sabe que no se escucha al que tuitee más fuerte, sino que los mensajes preponderantes se generan a través de un algoritmo matemático basado en repeticiones de un mensaje. Conociendo esto, Borge gasta una enorme cantidad de dinero para alimentar las redes sociales con un mensaje de auto halago. Pondría la cantidad, pero obvio el gasto está escondido en la cuenta pública y entonces nadie sabe en precisión cuánto gasta en su política de uso de las redes sociales. Algunas voces, sin confirmar, afirman que a cada funcionario que trabaja en la generación de los robots en Twitter le paga hasta 150 mil pesos. Lo importante es que es un gasto del cual no se rinden cuentas

El fenómeno que busca señalar el informe de ARTICLE 19 es cómo Borge usa las redes sociales para generar violencia e intimidación contra voces periodísticas críticas de su gobierno. Las redes sociales se vierten comentarios, ofensas y opiniones; lejos de abogar por una regulación del contenido, lo interesante es cómo, con dinero público, existen políticas de comunicación gubernamental que difaman, hostigan y promueven información falsa de periodistas y medios de comunicación. Basta revisar el informe para conocer fotografías difamatorias del corresponsal de Proceso, o bien, campañas de desprestigio contra Lydia Cacho, o material clonado del semanario Luces del Siglo.

Periodistas me han dicho que viven en estado en que las voces disidentes han cambiado sus estilos de vida, por el miedo que tienen al acoso y acecho que el mandatario y funcionarios estatales han emprendido contra ellos. Para ello, dos funcionarios públicos de menor nivel como Lino Magos y César Mortera, de manera cínica, promueven información falsa, como números clonados con información inventada de Luces del Siglo. Ya el Poder Judicial otorgó un amparo al Semanario contra Lino Magos para que se abstenga de promover números falsos del semanario, pero este irresponsable servidor opta por no hacer caso del mandato judicial.

Dentro de los seis casos documentados, llama la atención el uso de recursos para crear imágenes de desprestigio contra periodistas y medios de comunicación; ejemplo de ello es que en 36 ocasiones, Luces del Siglo, ha sido clonado a favor de la imagen del mandatario estatal. El descaro de Roberto Borge y de sus funcionarios llegó al extremo de difundir de manera física este Semanario apócrifo a las afueras del Centro Internacional de Negocios y Convenciones donde se llevó su Segundo informe de Gobierno.

Durante la administración del priista Borge va aumentando la violencia contra la prensa. Pero los medios locales, no son los únicos que están en riesgo. Sergio Caballero corresponsal de Proceso en el estado, también ha sido víctima de estos ataques. Crítico de la administración estatal, Caballero ha sido objeto de ataques y amenazas. La Razón QR, medio afín al gobernador,  publicó una nota donde lo responsabilizó de un accidente y lo calificó de “alcohólico”, aun cuando se trató de un choque donde él no fue responsable. El periódico dolosamente fue repartido en la zona residencial donde vive el periodista y en las inmediaciones de la escuela de su hija, con el objetivo de dañar su imagen. El funcionario Cesar Mortera, Coordinador estatal del Movimiento PRI Mx, también ha usado sus cuentas para tachar al comunicador de narcotraficante.

Lydia Cacho es otra voz perseguida. Tras la publicación -el 2 de septiembre de 2013- de una columna periodística donde acusó a Roberto Borge de desfalcar recursos públicos para la compra de votos, los ataques de bots y trolls ha sido constante contra la periodista. Ese mismo día, el gobernador publicó en su cuenta de Twitter: “El ejercicio periodístico, el tener una pluma no te da derecho a la crítica: asquerosa, destructiva, de hígado, tendenciosa y soez”. ¿Sabrá mucho, el Gobernador, de cómo debe de ser la prensa? Seriamente lo dudo.

El último caso documentado por ARTICLE 19 e incluido en el informe citado se trata de Pedro Canché, activista y periodista independiente, quien ha sido  sentenciado por cargos de sabotaje, a raíz de la publicación de información sobre una protesta realizada en Carrillo Puerto, por la comunidad local maya.  Él ahora está en la cárcel, y mientras colegas y amigos protestan por la falta de debido proceso, otra vez Lino Magos y Cesar Mortera han acaparado las redes publicando información falsa del comunicador.

Gobernador antidemócrata, el uso de la red para atajar voces críticas contra la función pública, medios independientes con miedo por represalias, parecería la descripción de Somalia, pero no, es Quintana Roo y la política emprendida por Roberto Borge contra las voces que disiente con su manera de hacer gobierno. No sobra una anécdota para cerrar esta reflexión. Cuando le hago llegar a la Relatora de Libertad de Expresión de la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos el Informe, me comenta que esa guerra de baja intensidad que se vive en Quintana Roo no la conoce en ningún país de América Latina.

“El ejército borgista contra la libertad de prensa” pueden revisarlo a través de este link.

Darío Ramírez

https://www.sinembargo.mx/author/ramirez

Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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