La renuncia de Carlos Urzúa –con su clara carta sin subterfugios, donde exhibe desde dentro lo que ya era claro desde fuera: que este Gobierno toma decisiones de políticas con base en las intuiciones del Presidente y no en la evidencia– ha provocado que pase casi inadvertida la extensión de la duración del periodo para el que fue elegido el Gobernador de Baja California. Se trata de un hecho extremadamente grave, que pone en riesgo el orden constitucional nacional, pues si un Gobernador puede echar mano de una mayoría legislativa construida con negociaciones turbias, sin ningún tipo de escrúpulo, para modificar la Constitución de su estado y  ampliar el término de su mandato, entonces el principio básico de la democracia, según el cual los gobiernos son siempre pro tempore y los electores saben de antemano hasta cuando durará el encargo de las personas por las que votaron, pierde totalmente efecto.

Que un gobernante pueda modificar desde el poder el tiempo para el que fue elegido es el recurso usual de quienes usan las reglas democráticas para acabar con la democracia. No ha sido infrecuente, a lo largo de la historia latinoamericana, que presidentes que son electos con reglas antirreeleccionistas las eliminen gracias a su fuerza legislativa o a su control sobre el Poder Judicial para perpetuarse en el poder, como ahora se está viendo en Bolivia con Evo Morales. En México, tanto Porfirio Díaz como Obregón fueron más pudorosos y propiciaron que fueran sus sucesores los que cambiaran las reglas para su retorno sin límites, aunque en el segundo caso el asesinato del caudillo frustró la intentona.

El caso de lo ocurrido en Baja California es de una proporción diferente, sin duda, pero no deja de ser ominoso, pues un Gobernador electo por dos años ha logrado que la legislatura saliente, dominada por el partido que resultó derrotado en su elección, le prolongue el mandato, lo que representa un fraude a la ciudadanía, pues si el poder judicial no frena la maniobra, ahora lo será por cinco, como si fuera reelecto al final de su mandato original por otros tres. Como en México hasta ahora la no reelección está fuertemente institucionalizada, formal e informalmente, entonces el recurso del que se ha echado mano es la extensión del periodo.

El cómo logró Jaime Bonilla que la disparatada iniciativa de un legislador de su partido fuera aprobada por la mayoría del partido rival, el PAN, hasta ahora mayoritario en la entidad, pero arrasado en la elección pasada, es un caso estupendo para el periodismo de investigación que, por desgracia, escasea en México. Lo visto ahora en Baja California sorprende, pues se trata de la legislatura saliente, con diputados que aparentemente no tienen incentivos para quedar bien con el próximo ejecutivo, a menos que los pagos se hayan hecho por adelantado o sean parte de un acuerdo político que incluya la impunidad del Gobernador saliente, con el que se les supondría alineados; también es probable que, ante la perspectiva del desempleo, los diputados busquen quedar bien con el nuevo poderoso.

El caso da para todo tipo de especulaciones, pero de cualquier modo muestra la carcoma que corroe al sistema político mexicano, sin que Morena represente ningún cambio positivo al respecto. El fenómeno de congresos con mayorías de partidos diferentes al del Gobernador que, sin embargo, se comportan como fieles soldados del ejecutivo, requiere ser estudiado con cuidado, pues es reflejo del endeble sistema de partidos y producto del sistema de botín que impera en el Estado mexicano, donde el empleo público se reparte discrecionalmente desde los ejecutivos locales o del federal, por lo que la única lealtad que vale es al poder en turno, sin miramientos ideológicos o programáticos. La no reelección inmediata de legisladores, ya reformada parcialmente, ha reforzado tradicionalmente el mecanismo de disciplina basado en la perspectiva del empleo público.

Más allá de sus causas, la reforma a las disposiciones transitorias de la Constitución bajacaliforniana –que establecían un Gobierno de transición de dos años para adecuar el calendario electoral local al federal, como ha ocurrido ya en casi todos los estados– es inadmisible y debe ser echado atrás por la vía judicial. Ya hay un precedente ominoso en el ámbito legislativo federal, cuando el Congreso modificó el plazo para el que habían sido designados los magistrados del tribunal electoral, pero si aquel fue un fraude a la ley, este caso es mucho más grave, pues involucra el voto de la ciudadanía bajacaliforniana.

Que sea un Gobernador electo de Morena el beneficiario de la fraudulenta reforma agrava el asunto, pues en las filas de ese partido impera la idea de que están construyendo una hegemonía a través de los votos, cosa que en el tono de alguno de sus jóvenes voceros conspicuos suena a una toma del poder por medios democráticos para ejercerlo de manera revolucionaria. Puede sonar exagerado, pero cuando uno lee los comentarios de los radicales del morenismo en momentos como los de la renuncia de Urzúa, no tiene más remedio que ponerse alerta ante la posibilidad de regresión democrática, pues la bondad y la infalibilidad histórica del proyecto se ponen por encima de cualquier limitación, ya sea por las restricciones de la realidad económica o por las minucias del respeto a la pluralidad y la temporalidad democráticas.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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