Las elecciones ordinarias en 14 estados del país, más la extraordinaria en un distrito de Sonora, dejan una lección fundamental: de entre las muchas cosas que han cambiado y que pueden seguir cambiando en el país, no se encuentra nuestro sistema de partidos ni el marco electoral en el que se realiza la disputa por la representación ciudadana.

Las constantes: un marcado abstencionismo, sobre todo en las entidades donde se disputaron renovaciones de alcaldías y congresos locales; una creciente violencia verbal y, en no pocos casos, física, entre los militantes de las fuerzas políticas; la abierta intervención de los gobernadores en el activismo y la operación electoral; y, por si algo faltara, el uso de la fiscalización de los recursos públicos como un arma más del debate electoral.

Y, por si algo faltara, la absoluta falta de respeto al electorado al declararse todos ganadores con las cifras propias sin esperar los resultados oficiales, con lo que se incrementa la tensión entre los partidarios de los candidatos, que no entre los ciudadanos, cada vez más ajenos a los juegos políticos de un sistema de representación en grave quiebra de credibilidad.

La debacle del sistema electoral mexicano alcanza incluso a las empresas encuestadoras, tan afectadas por sus equivocaciones en la contienda nacional del 2012, que prácticamente decidieron ausentarse de estas elecciones, presas aún del desconcierto o, quizá, de la vergüenza.

Falta también que surja el mismo tema que marcó la elección federal del 2012: el empleo de dinero como arma electoral más allá de los límites, tan ridículos como inútiles, que marcan las legislaciones electorales.

Todo ello deja en claro, por si hiciera falta, que la gran reforma por la que tendría que haberse empezado, es la reforma política, donde se incluyen nuevas reglas electorales; reelección de alcaldes y legisladores; y más poder sancionador a los órganos fiscalizadores y de rendición de cuentas.

Sin un cambio de fondo en la estructura política del país, los gobiernos actuales y futuros, nacionales y locales, no contarán con la fuerza y la legitimidad para enfrentar problemas reales como la pérdida de soberanía territorial, que deriva en la inexistencia del gobierno en muchas regiones del país; pero también la imposibilidad de regular a los grandes grupos de presión justo en los temas en los que debemos modernizarnos por la presión internacional.

De no ocurrir esto, tarde o temprano, la quiebra del sistema de partidos podrá ser irreversible y la reparación del daño será imposible. ¿Eso quieren los partidos: ordeñar una vaca cada vez más escuálida, cuyos resultados ya no le sirven de nada al país y pronto ya ni siquiera le servirán a la propia clase política?

De la actual elección surgen algunas pistas de lo que puede venir: las coaliciones triunfantes pronto tendrán más desacuerdos que coincidencias; la disputa por los resultados dividirá más a los partidos; en el caso del PRI, a Enrique Peña Nieto le quedará claro que su partido es más una debilidad que una fortaleza de su proyecto.

Por otra parte, la utilización de las acusaciones de enriquecimiento y peculado no funcionaron como arma electoral, como muestra el caso Aguascalientes y el activismo aparentemente exitoso del guanajuatense Juan Manuel Oliva, pero en cambio si se vulnera el expediente de la rendición de cuentas.

De esta elección, que abarcó prácticamente la mitad del país, no emerge una imagen de país puesto al día, sino que incluso se viven retrocesos importantes, como ocurre con el intento de madruguete del PRI en Baja California para anunciar un triunfo que las cifras oficiales ya desmentían a la media noche de ayer.

Eso es lo que debe preocuparnos: como va a modernizar el país una clase política incapaz de gobernarse a sí misma. Cómo van a hacer prevalecer los fines de un estado que quiere ganar en autonomía en independencia, en un mundo globalizado que amenaza con nuevos esquemas de subordinación, políticos con miras tan bajas. Se ve difícil.

Así ocurrió en el primer siglo del país como nación independiente: fue la falta de estabilidad política, las ambiciones sin control y la debilidad institucional propiciada por esos factores, los que provocaron las graves pérdidas de territorio y de soberanía.

La política no puede ser sólo el lastre de un país que quiere evolucionar. Sin soluciones de gobierno eficientes no hay modernización posible. Por allí tendríamos que empezar.

Arnoldo Cuellar

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Periodista, analista político. Reportero y columnista en medios escritos y electrónicos en Guanajuato y León desde 1981. Autor del blog Guanajuato Escenarios Políticos (arnoldocuellar.com).

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