Juanita es una joven indígena de 19 años, quien sólo habla tzeltal, no sabe leer ni escribir y tenía unos meses viviendo en San Cristóbal de las Casas, en donde trabajaba como niñera con su hermana. Fue atacada por un hombre 35 años mayor que ella, quien con engaños la llevó hasta una vivienda del mismo municipio en donde la agredió sexualmente. Juanita sufrió un hecho similar cuando tenía 15 años lo que le provocó un trastorno mental transitorio completo (TMT).
Ciudad de México, 11 de mayo (SinEmbargo).- El 14 de marzo de 2022, el cuerpo sin vida de un hombre identificado como Juan “N”, fue localizado en una habitación de un domicilio ubicado en el barrio conocido como Guadalupe, en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Ahí también se encontraba Juanita, una joven indígena originaria del municipio de San Juan Cancuc, quien fue localizada en estado de intoxicación etílica y con huellas de agresión sexual.
Por estos hechos, la joven fue detenida y acusada de homicidio calificado, y pasó alrededor de un año y dos meses en prisión, sin que existieran pruebas de que ella había cometido el delito. Sin embargo, tuvo la suerte de contar con la Colectiva Cereza Chiapas, que ayudó aportando diversas pruebas para comprobar la inocencia de la joven.
Fue el pasado martes 9 de mayo, cuando la Colectiva Cereza dio a conocer que la joven indígena de la región de los Altos de Chiapas fue absuelta de estas acusaciones. A través de una publicación de Facebook, la organización detalló que el Juez del caso emitió una sentencia absolutoria ante la falta de pruebas para señalarla como responsable de dicho homicidio.
El 6 de mayo, Colectiva Cereza Chiapas llevó a cabo una rueda de prensa frente a Palacio de justicia de los Altos en la que exigieron la liberación inmediata de Juanita, y en donde también expresaron su temor ante la posibilidad de que existiera un “pacto” entre la Fiscalía de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia con la finalidad de condenar a la joven indígena sin que hubiera alguna prueba en su contra.
La organización argumentó que sus temores se basaron en que, a pesar de que durante los alegatos finales el Ministerio Público aceptó que no existía ninguna prueba directa para señalar a Juanita como autora del crimen y de que la Fiscalía General del estado (FGE) tampoco aportó pruebas contra la acusada, esta dependencia omitió de manera dolosa la violación sexual de la que Juanita fue víctima con el propósito de “imputarla de homicidio calificado”.
“La Fiscalía no aportó ninguna prueba contra Juanita, además de haber ocultado dolosamente la violación sexual feminicida para imputarla de homicidio calificado, lo que muestra la criminalización de las mujeres indígenas, así como la discriminación, por la invisibilización y ocultamiento por parte del sistema de justicia de las agresiones sexuales feminicidas de las que son víctimas las mujeres indígenas”, enfatizó la Colectiva Cereza Chiapas mediante un comunicado en la misma red social.
La joven indígena, quien sólo habla tzeltal, no sabe leer ni escribir y tenían unos meses viviendo en San Cristóbal de las Casas, en donde trabajaba como niñera con su hermana, explicó que fue llevada con engaños a ese lugar en donde su agresor la obligó a ingerir alcohol, la amenazó con matarla y abusó de ella.
La agresión provocó en la víctima un trastorno mental transitorio completo (TMT), que se sumó al trastorno por estrés postraumático (TEPT) que Juanita arastraba debido a una violación sexual que sufrió cuando tenía 15 años, como comprobaron los estudios periciales y psicológicos.
Juan “N” era un hombre corpulento, 35 años mayor que Juanita, con estudios de secundaria y ya con dos mujeres, pese a lo cual pretendía a la joven desde hace tiempo, pero ella lo había rechazado, por lo que él habría ideado un plan para abusar de ella.
Luego de que se recabaron las suficientes evidencias, el peritaje arrojó que no había huellas de Juanita en el arma con la que perdió la vida su agresor y que el lugar de los hechos había sido alterado, ya que probablemente el cuerpo de Juan habría sido manipulado. Además, la casera del lugar escuchó a la víctima pedir auxilio, sin embargo , declaró que no se metía en asuntos de sus inquilinos, según relató el colectivo.
Pero todas estas evidencias fueron insuficientes y Juanita fue acusada de homicidio calificado, comentó Marcela Fernández, abogada de la Colectiva Cereza Chiapas en entrevista a medios a las afueras del penal número 5, según consignó el diario La Jornada.
Mientras esperaba la salida de la joven, tras quedar absuelta este 9 de mayo, la defensora explicó que el Juez encargado de la causa resolvió “insuficiencia probatoria y duda razonable” en favor de Juanita, con lo que esta pudo obtener su libertad tras poco más de un años de haber permanecido en prisión.
Fernández celebró la resolución del Juez, aunque destacó hubo mucha colaboración por parte del colectivo, el cual aportó pruebas en favor de Juanita, y que hubiera sido mucho más significativo que la sentencia se hubiese dictado con perspectiva de género y considerar violencia que las mujeres indígenas enfrentan en lugares como San Cristóbal de las Casas, así como la agresión sexual de la que Juanita fue objeto a los 15 años.
Por su parte, la organización también festejó la sentencia absolutoria pero insistió en el actuar de la Fiscalía del estado, al subrayar que en todo momento omitió que la joven fue víctima de violación, lo que, afirmó, es una practica normalizada que violenta a las mujeres indígenas, por lo que solicitó la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).
“Hay responsabilidad en los servidores públicos de la FGE. La CEDH y la CONAVIM deben intervenir por la violación a derechos humanos de Juanita, porque es una práctica y normalización de la violencia sexual feminicida hacia las mujeres de los pueblos originarios y hacia todas en Chiapas”, manifestó la Colectiva Cereza Chiapas en una publicación en su página de Facebook.
