Ciudad de México, 11 de mayo (SinEmbargo).- A pesar de que el presidente de la Comisión de Comunicaciones del Senado, Javier Lozano Alarcón, se comprometió a eliminar del texto final de la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones todo lo relacionado con la censura en Internet, todavía es necesario implementar reglas claras para garantizar la accesibilidad y neutralidad de la red, afirmaron especialistas en la materia.

En este contexto, el Senador Armando Ríos Piter, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó una iniciativa para crear la Ley Federal para la Protección de los Derechos de los Usuarios de Internet, para promover la neutralidad de la red.

“Estamos planteando como un principio indispensable la libertad para el usuario de accesar a cualquier contenido que esté disponible en el Internet, sea cual fuera la naturaleza de éste -Y lo quiero subrayar porque es uno de los principios de una sociedad moderna- tener capacidad de decidir y libertad plena de qué es lo que se puede conocer a través del Internet”.

La misma visión fue compartida por expertos en los derechos de los usuarios de Internet, ante dos realidades que se presentan en el mundo globalizado.

“Hay un escenario de convergencia en que las plataformas tecnológicas que permiten la comunicación están cada vez más integradas: Internet, banda ancha móvil, telefonía fija, televisión privada, satelital o por cable, todas están cruzándose y necesitamos un marco normativo que dé certeza, tanto para operadores como para usuarios en cada uno de esos niveles”, afirmó en entrevista Carlos Brito, miembro de la Red en Defensa de los Derechos Digitales.

El experto consideró que la iniciativa presidencial para crear la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se aleja de este paradigma, por lo que es necesario que la sociedad civil presione a sus legisladores para que integren en las leyes secundaria diversas demandas ciudadanas para garantizar el acceso universal a la red, precios accesibles, y que eviten la concentración del servicio en pocas manos.

“Lo que busca es convertir Internet en un negocio para pocos. Cada vez con más frecuencia son menos los proveedores de servicios en distintos países […]. Están haciendo una cosa que se llama la integración vertical, es decir un solo grupo de interés económico está dictando desde la producción de contenido, [por ejemplo] desde grabar la telenovela o tener el equipo de futbol hasta llevártelo a televisión abierta, luego a televisión de paga (cable o satelital), llevártelo por internet (banda ancha o móvil), toda esa cadena de producción es la integración vertical”, detalló Carlos Brito.

Para Paola Migoya, presidenta de México 180°, planteó que  lo más importante es conformar una legislación que no intente sobre regular Internet, por el temor gubernamental del mal uso que se puede hacer de las tecnologías digitales. “El tema más importante que debemos salvaguardar, blindar, es la neutralidad de la red […]. Es muy importante proteger al Internet, hay una tentación a querer regular esto a nivel internacional, no es sólo México. Y desde mi punto de vista si nos metemos con lo que ha sido la web, desvirtuaría la libertad y la creatividad”, afirmó.

Asimismo, expresó que la iniciativa del Senador Ríos Piter va en el sentido correcto de proteger el derecho de los usuarios de internet a estar informados, a transmitir información y a expresarse con libertad.

“Por eso mismo la necesidad de contar con una ley que garantice, sobre todo el derecho de expresión, el derecho de expresarse libremente. Tu medio, no vayamos más lejos, un medio tan importante como SinEmbargo, no podría concebirse sin la libertad que hoy existe en Internet”, detalló la integrante de Evolución Mexicana.

No obstante, ambos defensores los derechos de los usuarios de Internet informaron que mantendrán bajo la lupa el trabajo legislativo en comisiones del Senado, para lograr que la legislación que salga adelante no sea sólo enunciativa, sino que contenga verdaderas acciones que representen beneficios para los mexicanos.

“Cualquiera que sean los derechos que se plasmen allí, que se generen responsabilidades por no usar, por ejemplo, en el caso de la neutralidad de la red, serían responsabilidades claras y mecanismos para que el agente regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), pueda verificar que efectivamente se están cumpliendo esos derechos, y si no se están cumpliendo que haya una sanción proporcional al daño que se está haciendo a los usuarios”, advirtió Carlos Brito, miembro de la Red en Defensa de los Derechos Digitales.

LA INICIATIVA DE RÍOS PITER

La iniciativa pretende hacer una realidad los principios de acceso universal a internet y la libertad de expresión, plasmados en los artículos sexto y séptimo constitucionales. Como eje rector, garantiza la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de las tecnologías de la información y comunicación.

“El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios”, dice a la letra el artículo sexto, tras la reforma constitucional del año pasado.

La propuesta legislativa busca garantizar también la protección de los datos personales, conforme a lo dispuesto por la ley en materia de transparencia y acceso a la información. Esto quiere decir que los datos personales no podrán ser divulgados ni revelados a terceras personas.

Asimismo, se establece la obligación de los prestadores de servicios de Internet a garantizar la confidencialidad de los datos que les sean proporcionados por el usuario para que no sean divulgadas a terceras personas.

“Las comunicaciones o archivos serán totalmente confidenciales para la protección del usuario, en su defecto las autoridades serán las únicas con la facultad de solicitar la información necesitada, antes debidamente fundamentada”, indicó.

Regula los bloqueos en Internet, los cuales podrán realizarse únicamente mediante orden o resolución judicial debidamente fundada y motivada. Lo mismo estipula en cuanto a las acciones que impidan el acceso a cualquier sitio o portal en Internet.

Respecto a la accesibilidad, la iniciativa de Ríos Piter pretende garantizar la libertad de todos los usuarios de ingresar a cualquier contenido que esté disponible en de Internet “sea cual fuere la naturaleza de este”.

Además establece la obligación de los prestadores de servicios para privilegiar la cobertura a comunidades rurales o marginadas, para proyectos de salud, trabajo y participación ciudadana.

“Hay cientos, hay miles, hay millones de usuarios de Internet que hoy lo que reclaman de nosotros, es verdadero acceso a la banda ancha, es acceso a la información, y es capacidad de encontrar en este elemento de tecnología un instrumento de democracia, como el que requiere el país moderno que estamos destinados a ser”, afirmó Ríos Piter en la tribuna del Senado.

CRÍTICA A PROPUESTA PEÑISTA

El Senador Armando Ríos Piter criticó que para el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto no sea prioritario el desarrollo de una legislación de vanguardia que fomente el papel del internet en la vida de los ciudadanos.

El Legislador señaló de manera precisa los puntos de la iniciativa de peña que es contraria a las agendas digitales de la mayoría de los países a la vanguardia, como es el caso de Brasil.

Además, la agenda de derechos de los cibernautas es considerado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como dentro de la agenda de derechos humanos, el ciberespacio o Internet debe ser reconocido como un espacio público global que debe cumplir con los requisitos de apertura, asequible y accesible para todos los seres humanos.

“Si México quiere ser un país donde la democracia, donde la justicia social, donde la distribución del ingreso, sean plenos y sean reales para todas y todos sus ciudadanos, entonces tenemos que encontrar, que lo que aprobamos en la discusión constitucional se vuelva una realidad en las leyes reglamentarias”, explicó.

Algunos de los puntos más polémicos de deberían ser modificados por los senadores de las comisiones unidas del Senado que dictaminarán la iniciativa de legislación secundaria en materia de telecomunicaciones, son:

• El bloqueo de señal en zonas determinadas.
• La censura previa de contenidos.
• El almacenamiento de datos de los usuarios sin orden judicial.
• La obligación a los concesionarios de proporcionar la localización geográfica en tiempo real, de cualquier tipo de dispositivo de comunicación a solicitud de los titulares de las instancias de seguridad.
• La obligación de permitir la intervención, por parte del gobierno, de las comunicaciones privadas.
• La obligación a los concesionarios a conservar un registro y control de los usuarios y las comunicaciones efectuadas durante dos años. Se ordena a los concesionarios de servicios de telecomunicaciones a bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes.
• La iniciativa no protege la privacidad de los usuarios ante una colusión entre autoridades y el crimen organizado, y lacera la libertad de expresión y la protección a periodistas y activistas.