Por Marcia Itzel Checa Gutiérrez*

Este miércoles 12 de abril, las y los senadores regresarán –por fin– a sesionar después de unas largas y “merecidas vacaciones”. Recordemos que su última plenaria fue el 30 de marzo y poco les importó dejar sin resolver las tres designaciones para comisionadas y comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), dos de ellas con 376 días de retraso.

¿Por qué es alarmante? Porque de acuerdo con el artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las sesiones del pleno del INAI son válidas con la asistencia de al menos cinco personas comisionadas. Esta situación quedó imposibilitada a partir del primero de abril, cuando uno de los entonces comisionados concluyó su periodo de responsabilidad (31 de marzo) y el Senado de la República fue incapaz de resolver al menos una de las tres designaciones pendientes antes de esta fecha fatal. Esto pone en estado de alta vulnerabilidad los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, pues no podrá tomar decisiones como:

a) la resolución de 24,740 recursos de revisión (1), 48 por ciento más en comparación con los interpuestos en 2021, “resultado de solicitudes de información que –a criterio del/la recurrente–no se resolvieron de forma correcta;
b) la atracción de los recursos de revisión pendientes de resolución en los organismos garantes;
c) la emisión de recomendaciones a los sujetos obligados respecto a la información que están obligados a publicar, o
d) la posibilidad de interponer controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad ante decisiones que buscan limitar el acceso a la información” (2), como la presentada en diciembre de 2021 contra la suspensión del Acuerdo que declaraba obras y proyectos de Gobierno como temas de seguridad nacional.

La omisión negligente –y ya deliberada– del Senado de la República de cumplir con su obligación de designar está violentando en completa impunidad los derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos personales que tenemos todas, todos y todes. Esto es sumamente grave, pues un órgano encargado de dotarnos de marcos legales incumple con su propio mandato de ley, desacata una orden judicial expresa para designar (3) e ignora los múltiples llamados de sociedad civil para dotarnos de perfiles idóneos y con ello fortalecer la apertura democrática. Lo cual, además de resultar indignante, obliga urgentemente a cambiar las reglas de los procesos de designación de altas responsabilidades públicas.

Lamentablemente no se trata de un caso aislado, el Senado –y el Ejecutivo Federal– acumulan 13 designaciones más pendientes y 44 en órganos de justicia electoral estatales y salas regionales (4). Esta falta de decisiones perjudica nuestros derechos y debilita las instituciones y controles democráticos. Es inaplazable que el Senado tome acciones inmediatas, el tiempo apremia. ¡No podemos permitirnos ni un día más de inacción, nuestro derecho a saber está en juego!

#SinCuotasNiCuates

* Itzel es coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas (@designaciones), proyecto impulsado por Article 19 México y Centroamérica y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que tiene el objetivo de promover estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en los procesos de designación de altas responsabilidades públicas; y, generar una deliberación pública sobre la idoneidad de los perfiles para contribuir al fortalecimiento de las instituciones de México.

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1. Del primero de enero a diciembre de 2022, de acuerdo con el Comunicado INAI/001/23, disponible en línea: https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-001-23.pdf
2. https://twitter.com/designaciones/status/1638577672388476928?s=20
3. Ver: https://twitter.com/ConsejoConINAI/status/1641568848305614850?s=20
4. Ver: https://twitter.com/designaciones/status/1645481957814419456?s=20

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